Los recursos contra la amnistía acumulan 54 recusaciones, nueve contra Conde-Pumpido
El Tribunal Constitucional abordará la próxima semana los incidentes contra su presidente
Conde-Pumpido el pasado 27 de septiembre tras la reunión de la jurisdicciones constitucionales de varios países. | Alberto Ortega (Europa Press)
Guerra de recusaciones en el Tribunal Constitucional. La ley de amnistía se ha convertido en la norma que más recusaciones de magistrados ha provocado, 54 hasta el momento. La mitad de ellas se dirigen contra la última incorporación del órgano, el conservador José María Macías, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La otra mitad afectan a tres magistrados progresistas, entre ellas las nueve que se han registrado contra el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Las recusaciones paralizan el procedimiento sobre la ley de amnistía, que no se abordará hasta que se resuelvan todos los incidentes presentados.
La corte de garantías se pronunciará el próximo martes sobre la primera de las recusaciones, la que interpusieron más de 50 senadores y diputados del PP contra Conde-Pumpido.
En esta ocasión, la deliberación se realizará con una composición distinta a la que decidió apartar al exministro de Justicia. Entonces, la mayoría del tribunal defendió que los magistrados recusados participasen en la votación sobre el exministro socialista Juan Carlos Campo. En esta ocasión será diferente, después de que el presidente del Constitucional haya solicitado a sus compañeros recusados que se aparten de la decisión.
Debate sobre Conde-Pumpido
Para resolver este primer incidente habrá un tribunal presidido por Inmaculada Montalbán que compondrán los magistrados Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Quedan fuera de la deliberación Conde-Pumpido, Macías, Laura Díez y Campo, cuya abstención fue aprobada en el último pleno. Estos dos últimos estaban incluidos en las 27 recusaciones que afectan a los magistrados progresistas del Constitucional. Cada voto cuenta, por lo que en los próximos días la corte de garantías protagonizará un pulso en el que se medirán sus dos bloques.
Las fuentes jurídicas explican a THE OBJECTIVE que, al haberse aprobado la abstención de Campo la semana pasada, han perdido objeto sus nueve recusaciones. Tras deliberar el próximo martes sobre las recusaciones a Conde-Pumpido, en las próximas semanas será el turno de Díez, que trabajó como letrada para Moncloa, y Macías, que hasta su renovación de los vocales del CGPJ a finales de junio formaba parte del bloque conservador del Consejo.
Una de las instituciones que se opone a que Macías participe en el debate de la amnistía es la Abogacía del Estado, que a finales de septiembre presentó una batería de recusaciones contra el magistrado. Se sumaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que una semana ante le había recusado en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo. El Ministerio Público, que no interviene en los recursos de inconstitucionalidad, alegó que cuando era vocal del CGPJ impulsó y votó dos textos con «valor institucional» en contra de la norma.
Protocolo de inmigrantes
La corte de garantías también estudiará la próxima semana si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de menores inmigrantes aprobado por Canarias, que en estos momentos se encuentra suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCa).
El recurso de Moncloa se dirige contra el Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre. El texto aborda la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo también pone en entredicho la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
En una primera versión se afirmaba por error que la mitad de las recusaciones se dirigían contra Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, al presidente del Tribunal Constitucional solo le afectan nueve incidentes.
