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Tribunales

La AN juzga a los dos miembros de Resistencia Galega por la bomba en Baralla (Lugo) en 2014

La Fiscalía pide quince años de prisión para cada uno por ser los cerebros del atentado en el ayuntamiento lucense

La AN juzga a los dos miembros de Resistencia Galega por la bomba en Baralla (Lugo) en 2014

Audiencia Nacional. | Archivo

La Audiencia Nacional ha comenzado este martes el juicio contra dos antiguos líderes de la banda terrorista Resistencia Galega, identificados como Antonio G.M. y Asunción L.C. Ambos están acusados de ser los cerebros detrás del atentado del 1 de octubre de 2014 en el Ayuntamiento de Baralla, en Lugo. La Fiscalía ha solicitado para cada uno de ellos una pena de quince años de prisión por su implicación en los hechos, que se califican como un delito de estragos terroristas.

Según el escrito de acusación del fiscal, ambos dirigieron a Raúl A.C., quien ya ha sido condenado por este caso, para que detonara un artefacto explosivo en el acceso al consistorio. Le proporcionaron el material necesario, que fue almacenado en una edificación en ruinas localizada en la zona boscosa de Pedrouzos, en El Pino, La Coruña.

El artefacto fue colocado en la madrugada del día señalado en un escalón que conduce a la entrada del Ayuntamiento, programado para explotar a las 4:45 horas. La detonación ocurrió a la hora prevista y provocó severos daños materiales, incluyendo la destrucción total de la puerta principal y daños significativos en el suelo y la pared del edificio.

La fuerza de la explosión generó también grietas y desplazamientos en la fachada y en las columnas del soportal, con escombros proyectados en todas direcciones. En el interior del ayuntamiento, la situación fue igualmente grave, con derribos, desplazamientos de estructuras, grietas, puertas arrancadas, ventanas rotas, caída de falsos techos y daños en el mobiliario.

Además, la explosión afectó a otros edificios cercanos, rompiendo cristales y techos, y causando daños a enseres en un radio de 50 metros. Los daños materiales han sido evaluados en más de 200.000 euros, por lo que la Fiscalía también ha solicitado el pago de indemnizaciones a los afectados por el ataque.

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