Turull recurre al Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle por malversación
El secretario general de Junts pide que se le levante la pena de inhabilitación mientras se resuelve el asunto
El secretario general de Junts, Jordi Turull | Marc Asensio Clupes (Europa Press)
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle y pide que le levante la pena de inhabilitación mientras resuelve el asunto, porque está causando un «injustificable daño» a sus derechos políticos.
El que fuera conseller del Govern de Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la pena de doce años de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés, al entender que su conducta afectó a intereses financieros de la Unión Europea y supuso un beneficio personal patrimonial.
Mientras el Constitucional resuelve sobre este recurso de amparo, la defensa de Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, solicita que se le suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación, de la que le quedan seis años por cumplir, dado que vulnera su derecho fundamental a la participación política.
El escrito argumenta que la inhabilitación impide a Turull «participar con plenitud en posibles procesos electorales y acceder a cargos públicos, pese a tratarse de uno de los principales dirigentes de uno de los partidos políticos (Junts per Catalunya) con mayor apoyo electoral entre la ciudadanía».
Para la defensa de Turull, está «fuera de discusión» que la malversación por lo que fue condenado el secretario general de Junts «encaja» en la ley de amnistía, por lo que la lectura del Supremo es «extravagante y contraria a los cánones más básicos de la interpretación jurídica».
«Una interpretación que deje fuera a los máximos responsables políticos de la organización del referéndum de 2017 contradice el objetivo declarado de la norma, que es alcanzar la pacificación política y social en Cataluña», defiende el recurso.
Para la defensa, resulta «más que obvio» que con la organización del 1-O Turull «no aspiraba a incrementar su patrimonio», sino que la única contrapartida que esperaba era «de naturaleza política, a saber, permitir que los ciudadanos catalanes pudieran expresar su opinión sobre el futuro político de su tierra».
La defensa del líder de Junts también arremete contra las «interpretaciones absolutamente expansivas» del Supremo, cuando considera que el gasto del 1-O afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
Según Turull, durante el proceso nadie invocó nunca los intereses financieros comunitarios hasta que, «inesperadamente, han aparecido en escena, en fase de ejecución de sentencia, como último recurso para tratar de bloquear la legítima decisión del legislador democráticamente elegido».
