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Tribunales

Arrieta sustituirá en diciembre a Marchena en la presidencia de la sala clave del Supremo

El magistrado ocupará el cargo en funciones, pero ganaría enteros frente a Ferrer, favorita de los progresistas del CGPJ

Arrieta sustituirá en diciembre a Marchena en la presidencia de la sala clave del Supremo

Los magistrados Manuel Marchena y Andrés Martínez Arrieta. | Ilustración de Alejandra Svriz

La carrera por suceder a Manuel Marchena comenzará en diciembre. El magistrado tiene decidido dejar la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo justo cuando se cumplen cinco años de su segunda toma de posesión, aunque la ley le permite continuar en funciones hasta la elección de un nuevo presidente para esta sala clave, la única que puede enjuiciar a los aforados. Los pretendientes son Ana Ferrer, favorita del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Andrés Martínez Arrieta, que sustituirá temporalmente a Marchena en cuanto este deje el puesto por ser el magistrado más veterano de la Sala.

Marchena tiene decidido dar un paso al lado, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. No obstante, continuará siendo uno de los 15 integrantes de la Sala de lo Penal. Aunque el Real Decreto de su nombramiento como presidente está fechado el 8 de noviembre de 2019, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se produjo el 5 de diciembre. Ese día habrá completado su segundo mandato, lo que supone que llevará un decenio en el cargo, el máximo permitido por la ley.

El Pleno del CGPJ acordó hace dos semanas convocar a través del BOE cuatro plazas de presidente de Sala del Supremo: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. El anuncio aún no se ha publicado, por lo que la elección se prolongará durante meses. Un portavoz del alto tribunal explica que no existen plazos concretos para los nombramientos, pero que los presidentes pueden seguir en el cargo hasta que se complete el proceso, salvo que se jubilen.

El paso de Marchena

Marchena podría mantener la presidencia en funciones, como hace desde abril en la Sala de lo Civil Francisco Marín Castán, que se jubila el 10 de noviembre. Pablo Lucas lidera la Sala de lo Contencioso-Administrativo de forma temporal desde el 31 de diciembre de 2022, cuando César Tolosa fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre en la Sala de lo Social desde que María Luisa Segoviano dio el salto a la corte de garantías. En este caso, la presidencia ha recaído en funciones en Rosa María Virolés primero y, desde julio del año pasado, en Antonio Sempere.

La decisión de Marchena implica que Arrieta se convertirá de forma automática en presidente de la Sala de lo Penal, al ser el magistrado más veterano de los 15 que la conforman. Las fuentes consultadas consideran que ese movimiento le haría ganar enteros frente a otros competidores cuando se abra el proceso de elección. La última palabra corresponde al CGPJ, donde el sector progresista apuesta por Ferrer, que estuvo en las quinielas para presidir el órgano de gobierno de los jueces.

Los magistrados que deseen presidir una sala del Supremo deben encontrarse en activo y contar con al menos tres años de servicios en la categoría. Los candidatos deben aportar una relación detallada de méritos sobre sus conocimientos jurídicos, un programa de actuación con sus iniciativas para mejorar el funcionamiento del órgano y una memoria con las resoluciones de especial interés que hayan dictado. El aspirante necesita el apoyo de tres quintos del CGPJ, por lo que debe poner de acuerdo a 13 de sus 21 miembros.

La negociación para presidir la Sala de lo Penal nunca ha sido fácil, así que cualquier posibilidad está abierta. Especialmente, porque el CGPJ ha aclarado que la ponderación de los méritos atenderá a las previsiones de la ley de representación paritaria. La norma establece que todo nombramiento o propuesta debe garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60% ni obtenga representación por debajo del 40%.

Ferrer, favorita de los progresistas

Las fuentes consultadas revelan que si Arrieta da el paso para sustituir a Marchena será difícil que prospere otra candidatura. Quienes mejor le conocen le definen como un jurista riguroso, independiente, moderado y de trato afable. Además, a sus 69 años, tiene un currículo «inmejorable», ya que ocupa el primer puesto en el escalafón judicial. Otro de los magistrados de la Sala de lo Penal que podría aspirar a la presidencia, Julián Sánchez Melgar, es el tercero. Sin embargo, su gran rival es Ferrer.

La magistrada sigue siendo la favorita del sector progresista del CGPJ. Su designación supondría romper con un nuevo techo de cristal, ya que hace una década consiguió convertirse en la primera mujer en integrar la Sala Segunda del Supremo. Sin embargo, su sobreexposición en la carrera por presidir el órgano de gobierno de los jueces y algunas de sus decisiones judiciales dificulta que los vocales conservadores le otorguen algunos de sus necesarios votos para sustituir a Marchena.

Ferrer, de 65 años, se mostró a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación cometidos durante el procés. La magistrada emitió el pasado julio un duro voto particular contra sus colegas en el que advertía «del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en 2014 y 2017». Antes, cuando el Supremo ratificó en 2022 la condena por el caso ERE, Ferrer pidió la absolución para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el resto de condenados.

Arrieta se convirtió en 1998, con apenas 43 años, en el juez más joven en ingresar en el Supremo. También batió un récord de precocidad al ingresar como vocal del CGPJ con solo 25 años. Fue miembro fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), aunque su compromiso asociativo ha descendido con los años. El magistrado ya estuvo a un paso de presidir la Sala de lo Penal y el tribunal del procés en 2018. Lo hubiese conseguido de no haberse malogrado el pacto para remozar el órgano de gobierno de los jueces en el que Marchena aparecía como presidente de consenso.

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