Los fiscales redoblan la presión para que García Ortiz deje el cargo: «Es un disparate que siga»
La Guardia Civil registra el despacho del fiscal general y sus subordinados califican la situación de insostenible
El fiscal general charla con el magistrado del Tribunal Supremo Jacobo Barja el pasado lunes. | Sergio Pérez (EFE)
El fiscal general del Estado vive sus horas más bajas. Los fiscales críticos con Álvaro García Ortiz han redoblado la presión para que deje el cargo después de que la Guardia Civil haya registrado su despacho este miércoles. Aseguran que la situación es ya insostenible. «Es un disparate que siga. Tiene que irse de inmediato por dignidad», declaran a THE OBJECTIVE. Los agentes se han incautado de sus dispositivos electrónicos para «evitar la eliminación intencionada de información».
El Tribunal Supremo abrió el pasado 16 de octubre una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general anunció ese mismo día que seguía en el puesto a pesar de que dos de las tres asociaciones profesionales solicitaron su dimisión. Argumentó esa decisión como «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» porque «refuerza» su independencia.
El Gobierno respaldó a García Ortiz al considerar que la investigación carece de recorrido, pero los fiscales críticos calificaron la decisión como «una anomalía institucional». Sus compañeros le reprochan que use la Fiscalía en su propio beneficio, algo que está originando «un daño reputacional» a la institución. El registro de su oficina este miércoles, tras el auto del juez que instruye el caso en el Supremo, ha redoblado la presión para que realice «una profunda reflexión» y dé un paso atrás.
Los dispositivos de García Ortiz
«Es un tema de dignidad, tiene que irse de inmediato. Ha sido bochornoso conocer que la Guardia Civil ha registrado su despacho», lamenta un veterano fiscal. A otro compañero le cuesta pensar que siga porque «la situación es ya irreversible». Cree que la actuación policial ha puesto a García Ortiz entre la espada y la pared: «La sensación es que no puede mantenerse así. Esta vez ha sido un registro y la incautación de sus dispositivos electrónicos, pero está por ver que otras diligencias vendrán».
La mayoritaria Asociación de Fiscales envió el miércoles a primera hora una carta a García Ortiz para exigirle su dimisión inmediata. Lo hizo tras conocer que el Supremo le instaba a designar un abogado en la causa que se sigue contra él para no generarle indefensión. En opinión de esta organización, aferrarse al cargo «denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad. Es una situación sin precedentes. Su permanencia resulta inadmisible en democracia».
La misiva se quedó antigua a mediodía, cuando los agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la madrileña calle de Fortuny. En declaraciones a este diario, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, considera que el registro y las incautaciones suponen «una imagen aberrante» para la institución y que se podría haber evitado si García Ortiz hubiese dimitido en cuanto supo que iba a ser investigado.
«Su enrocamiento daña la institución y la coloca en una situación de tensión innecesaria. Ni actúa pensando en los fiscales ni fortalece a la Fiscalía General del Estado», se queja Dexeus. La presidenta de la Asociación de Fiscales señala que su continuidad entraña «innumerables problemas jurídicos para la carrera», como han planteado a García Ortiz en la carta. En su opinión, la designación del fiscal encargado del asunto plantea incógnitas, ya que «todos los fiscales estamos incursos en causa subjetiva de abstención porque concurre un interés cuanto menos indirecto».
El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha subrayado a este diario que García Ortiz debe reflexionar. «Su marcha es inexcusable. No se puede normalizar lo que no es normal: que la Guardia Civil registre la sede de la Fiscalía». En su opinión, que el jefe del Ministerio Público siga es «un disparate». Y concluye: «Existe una indignación clamorosa en la carrera. Es nuestra casa, la de todos los miembros de la carrera fiscal, y estamos abochornados».
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que García Ortiz llegó a ser portavoz, se ha desmarcado de las críticas. En un comunicado ha reiterado, «con más fuerza si cabe», su apoyo tanto al fiscal general como a la fiscal jefa de Madrid porque sus actuaciones «se hicieron bajo amparo legal y estatutario, fueron legítimas y necesarias». Además, ha mostrado su «profunda preocupación» por «las consecuencias altamente nocivas» que supone que el Supremo no haya archivado la querella del novio de Ayuso de plano por «carencia de fundamento».
La posición del Gobierno
«El fiscal general se ha planteado dejar el cargo, pero es el Gobierno quien no le deja irse», aseguran varios fiscales. Sostienen que el Ejecutivo está inmerso en varios procesos sensibles en los que necesita su apoyo, como la aplicación de la ley de amnistía o la investigación en curso sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez. Una tesis que rechazan sus más cercanos. García Ortiz fue renovado en el cargo el pasado 27 de diciembre, aunque APIF denunció ante el Supremo su falta de idoneidad, extremo que ya defendió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En su carta a García Ortiz, la Asociación de Fiscales también le ha reprochado que la inspección técnica fiscal no haya investigado las filtraciones para determinar si tuvo origen en la Fiscalía General del Estado: «Es incomprensible». La misiva también destaca que el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal califica de falta muy grave la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de sus funciones profesionales.
