La Policía niega al juez que espiara a los líderes de Podemos durante la etapa de Rajoy
Los documentos aportados sostienen que las búsquedas en las bases de datos se debían a labores de protección
Victoria Rosell, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. | Ilustración de Alejandra Svriz
No hubo guerra sucia contra Podemos. La Policía Nacional ha remitido una serie de documentos al juez que investiga el supuesto espionaje contra los líderes de la formación morada en los que descarta la existencia de una policía patriótica durante el gobierno de Mariano Rajoy. Entre 2015 y 2016, los agentes rastrearon sin aval judicial en las bases de datos policiales a 55 de sus diputados, entre ellos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Esas búsquedas tendrían una explicación lógica, pues obedecieron a labores de protección, accesos al Congreso y alertas automáticas por hospedaje, según los informes a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La Policía Nacional ha enviado nuevos documentos al juez Santiago Pedraz, que instruye el caso sobre el espionaje a los líderes de Podemos en la Audiencia Nacional. El magistrado pidió que se especificara por qué un agente consultó en las bases de datos información sobre la exdiputada Victoria Rosell el 27 de abril de 2016. El oficio enviado el pasado 28 de octubre desgrana las razones, aunque hace constar que «por error involuntario» no se aportó la respuesta en el paquete anterior.
«El motivo de dicha consulta a la mencionada diputada corresponde a que dicho policía, en la fecha de la consulta, estaba destinado en esta Comisaría Especial, adscrito al Servicio de Control de Entradas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. Se tiene conocimiento de que María Victoria Rosell fue querellada en 2016 ante el Tribunal Supremo, la cual fue admitida a trámite, teniendo que presentarse a comparecer ante esa sede en varias ocasiones», dice el escrito.
Podemos en el foco
El inspector que firma el oficio concluye que la consulta sobre la dirigente de Podemos hecha en las bases de datos «estaría dentro de las actuaciones correspondientes al cometido y las funciones asignadas a ese agente». El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), presentó a principios de 2016 una querella contra Rosell por haberle acusado de «instrumentalizar» a la Fiscalía de Las Palmas para que abriera una investigación contra ella en plena campaña electoral.
Rosell se convirtió en diputada tras las elecciones celebradas en diciembre de 2015. Renunció al acta en abril del año siguiente, cuando formaba parte de la Diputación Permanente, después de que el Supremo admitiera a trámite la querella. Al dejar de estar aforada, el alto tribunal se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acabó archivando la causa en diciembre de 2016. Podemos la recuperó para los comicios de abril de 2019, donde volvió a obtener un escaño.
La última remesa de documentos remitidos por la Policía al juez también menciona el rastreo que sufrieron los exdiputados de Podemos Joan Mena y Félix Alonso Cantorné. El oficio sostiene que los agentes que realizaron las consultas llevan a cabo «numerosos cometidos asignados (…) para garantizar la seguridad» en el Congreso. El documento explica que entre sus tareas se encuentra el control de los accesos, «realizándose a tal efecto la comprobación de los señalamientos de todas aquellas personas que acceden».
Para esa empresa, insiste el oficio, los grupos parlamentarios, como Podemos, remiten y facilitan «numerosos listados con los datos de filiación de todas aquellas personas que tienen previsto acceder». El inspector que rubrica el documento remitido al juez de la Audiencia Nacional confirma que la comprobación de las bases de datos se realiza «en cumplimiento estricto de lo establecido legalmente» y que «se realiza de forma habitual y permanente» para garantizar la seguridad en el Congreso de los Diputados.
Acceso al Congreso
El inspector precisa que, debido al tiempo transcurrido, ocho años, no recuerda el motivo exacto de las consultas realizadas ni en qué marco se produjeron. A pesar de que ha solicitado a los servicios de la Cámara que realice las comprobaciones oportunas, la petición ha resultado «infructuosa» porque «no existe constancia, registro ni archivo alguno de las solicitudes de acceso al complejo parlamentario tramitadas en aquellas fechas».
Otro oficio remitido al juez Pedraz el pasado 24 de octubre señala que las consultas de las bases policiales relacionadas con el exdiputado de Podemos Félix Alonso Cantorné efectuadas por el usuario Atlashot están relacionadas con «los procesos automáticos de comprobación de órdenes de búsqueda vigentes de los partes de hostelería». Este sistema, de forma automática, toma los datos de identidad que las empresas envían a la Policía para comprobar que no existen órdenes de búsqueda vigentes contra esas personas.
Los documentos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 5 descartan que los líderes de Podemos sufrieran espionaje por parte de la denominada policía patriótica. La Policía explica que los seguimientos comenzaron a hacerse en la precampaña de las elecciones europeas de 2014, cuando el responsable de seguridad de la formación morada, Sergio Illanes, solicitó colaboración porque dirigentes como Iglesias y Errejón habían recibido amenazas, según avanzó la Cadena Ser.
Los informes aseguran que las consultas tenían el objetivo de proteger a los miembros de Podemos. De hecho, era el propio partido el que enviaba por correo electrónico la previsión de sus actos. Los agentes habrían participado en 18 eventos entre 2014 y 2015 para garantizar la seguridad. Muchos de los rastros están relacionados con alojamientos en hoteles o viajes y, por tanto, búsquedas automáticas. En otros casos, como los de Carolina Bescansa, Pedro Arrojo o Gloria Elizo, aparecen en el sistema porque perdieron el DNI, denunciaron un hurto o renovaron el pasaporte.
Otras identidades
En las bases de datos aparecen tres consultas sobre la actual líder de Podemos, Ione Belarra. Todas ellas se realizaron en 2016 y fueron practicadas por motivos de seguridad, por su participación en la Marcha por la Dignidad de Melilla. Los informes remitidos al juez Pedraz reconocen que algunas de las búsquedas están relacionadas con personas ajenas a la formación morada, aunque comparten apellidos con sus dirigentes. Sería el caso de la eurodiputada Irene Montero o de David Bravo. No constan consultas sobre la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aunque la información remitida aún es incompleta.
La policía patriótica habría usado presuntamente efectivos y recursos públicos con fines políticos. La operación se enmarcaría dentro del interés del número dos de Interior durante el mandato de Rajoy por buscar datos que dañaran la reputación de los diputados de Podemos. Así se deduce de los mensajes que intercambió Francisco Martínez en enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, uno de los colaboradores del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La formación morada presentó una querella en febrero y el juez Pedraz acabó abriendo una investigación.
