Estados Unidos se abre a embargar activos españoles por los impagos a las renovables
Un tribunal de Columbia obliga a España a indemnizar a JGC Corporation con 34,1 millones de euros
Aerogeneradores en el parque eólico de Sil y Meda, en Esgos (Orense). | Agostime (Europa Press)
Los activos españoles en Estados Unidos corren peligro. El Tribunal del Distrito de Columbia ha reconocido que España debe indemnizar con 34,1 millones de euros a la japonesa JGC Corporation por la retirada retroactiva de las ayudas a las renovables hace una década. Si el Gobierno no paga, los demandantes podrían articular otros mecanismos legales para cobrar la deuda a través de bienes localizados en el país norteamericano, como han hecho ya en Reino Unido, Australia y Bélgica. Durante el proceso de identificación, los inversores han aflorado activos embargables que superan los 5.000 millones de euros.
El juez Rudolph Contreras ordena en la sentencia emitida el pasado 15 de noviembre que se cumpla la resolución del laudo arbitral que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 9 de noviembre de 2021. El órgano vinculado al Banco Mundial reconoció entonces una indemnización de 23,5 millones de euros para JGC Corporation, a los que la corte estadounidense suma ahora los intereses de demora y el reembolso de los costes del proceso.
El arbitraje, que giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía, arrancó en 2015. El Gobierno se ha negado hasta ahora a abonar la compensación, lo que ha supuesto que la deuda supere los 34 millones, un 54% más de lo que habría pagado España si hubiese satisfecho en su momento la cantidad que reconoció el CIADI a favor de la firma japonesa por el impago a las renovables. Los inversores aseguran que los intereses de demora se triplicarán a partir de ahora.
Primas a las renovables
El pasado 26 de septiembre la justicia estadounidense ya falló contra nuestro país al considerar que era competente para enjuiciar estos casos. El último fallo emitido por Contreras, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, pide que las sentencias del CIADI se cumplan en los tribunales estadounidenses «del mismo modo que si estuviésemos hablando de una sentencia final emitida por cualquier magistratura de nuestro país».
Con esta sentencia, el Tribunal del Distrito de Columbia emite una decisión trascendental que confirma la validez de los laudos arbitrales emitidos tras la retirada de ayudas a las renovables. El fallo autoriza a los demandantes a buscar su cumplimiento en suelo estadounidense, reforzando su posición legal frente a la resistencia española. Si el Gobierno sigue sin pagar, este fallo permite a los inversores abrir un nuevo procedimiento para conseguir el dinero que se les adeuda a través de embargos.
Los demandantes califican la resolución como «relevante» no solo por su impacto económico, sino también por su significado en el ámbito del derecho internacional. «La sentencia refuerza la posibilidad de ejecutar laudos ligados a la retirada retroactiva de las primas renovables en Estados Unidos, otorgando así a las empresas afectadas una herramienta adicional para buscar justicia ante los incumplimientos reiterados del Gobierno español», subrayan los inversores, que han articulado la acción a través de Blaskett Renewable Investments.
Los laudos condenatorios para España alcanzan ya los 1.800 millones de euros. Se han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el órgano vinculado al Banco Mundial, de los que 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos han optado por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han permitido el embargo de activos españoles para contrarrestar los impagos.
La indemnización del Prestige
El primer país que autorizó la confiscación de activos españoles en el extranjero fue Reino Unido. Entre los bienes embargados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros. Unas semanas más tarde, Australia también acordó esa medida. Este verano fue Bélgica la que abrió la puerta.
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
JGC Corporation es una corporación japonesa con cientos de filiales que cotiza en bolsa. La firma con sede en Yokohama está considerada una compañía de referencia en la ingeniería. Su última cuenta de resultados superó los 832 millones de euros. El grupo cuenta con más de 7.500 trabajadores y opera a nivel global en distintos mercados. Su reclamación contra España arrancó en 2015, cuando pidió ser indemnizada con 93,5 millones. Seis años después, el CIADI redujo la cantidad a 23,5 millones.
El origen de estas disputas se remonta a 2007, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones. Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas.
