Aldama asegura que trabajaba para la Guardia Civil y que colaboraba con la CIA y el MI6
Ha explicado que su relación con los servicios secretos se debía a la información que tenía de Venezuela, Colombia y México
El cabecilla del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.
El cabecilla del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha explicado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y el fiscal Luis Pastor, que realizaba determinadas labores para la Unidad Central Especial número 2 (UCE-2) de la Guardia Civil, y que tenía contacto también con servicios secretos internacionales como el MI6 británico y la CIA.
Según ha señalado en su declaración, su papel en esa faceta tenía relación con su acceso a información de países como Venezuela, Colombia y México. Cabe recordar que UCE-2 es una unidad especializada en terrorismo internacional a la que pertenecía también otro de los investigados, el comandante Rubén Villalba, antes de ser destinado a la Embajada en Venezuela como agregado del Ministerio del Interior.
De Aldama ha señalado que determinados pagos a Villaba que aparecen en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la causa estarían destinados al pago de teléfonos encriptados. Se da la circunstancia de que tanto a De Aldama como a Villalba les representa el mismo despacho de abogados.
El mes pasado, este periódico desveló que agentes de la unidad a la que pertenecía el guardia civil Rubén Villalba colaboraron con la trama para proporcionarles canales de comunicación seguros para sus negocios ilícitos. Dispositivos que, según desgranaba el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado a la causa, llegó a utilizar hasta el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A cambio de proporcionarles estos terminales, el mando investigado recibía pagos en efectivo de hasta 2.000 euros al mes. No obstante, los investigadores han acreditado que entre 2021 y 2023, cuando Aldama comenzó a pagarle, Villalba recibió abonos por valor de 88.000 euros de origen desconocido en sus cuentas.
¿Confidente de la Policía Nacional?
THE OBJECTIVE tuvo acceso el pasado mes de octubre a un informe de la Policía Nacional en el que un comisario solicitaba a la Guardia Civil que entregase una licencia de armas al cabecilla de la trama Koldo y del caso de los hidrocarburos, Víctor Gonzalo de Aldama, porque es «un colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
En el documento, con fecha de 12 de abril de 2017, el entonces comisario principal de Valencia, José Piris Perpén, pidió una licencia de armas para Aldama con el argumento de que «sus colaboraciones suponían un riesgo para su integridad física». El agente le describió como una persona que «goza de un gran prestigio en el ámbito policial, donde se conoce por su actitud altruista».
El documento revelaba que el «nexo corruptor» del caso Koldo – como le denomina la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– fue colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y actuó, según la Policía, «anteponiendo el bienestar de las organizaciones policiales al suyo propio». Por ello se solicitó a la Benemérita la licencia tipo B de armas para Aldama. Una licencia que, según las fuentes consultadas, le fue concedida.
La Policía destacaba en el informe que Aldama, además de colaborar con el cuerpo, tiene «un hermano que, como oficial de Policía Nacional, presta sus servicios operativos en la Brigada de Escoltas Especiales de la Comisaría General de la Seguridad Ciudadana».
Y, añadía que el comisionista del caso Koldo está «ligado a la dirección ejecutiva de empresas de interés nacionales e internacionales como Pilot Real Estate SL, Business City SL, Deluxe Forzine SL de gran relevancia económica que le obligan a estar viajando de forma frecuente y constante por todo el territorio nacional; temiendo que organizaciones delictivas organizadas puedan intentar alguna acción violenta, sorpresiva o secuestro contra su persona o entorno familiar; fundamentalmente por su vinculación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tras el trabajo personal que desarrolla».
Pese a ello, fuentes consultadas por este periódico señalaban que «posiblemente Aldama no fuese un confidente y podría haber solicitado, a través de contactos en la Policía, que elaboraran este informe para que la Benemérita le concediese la licencia tipo B de armas». Posiblemente, añadían, «a cambio de alguna contraprestación económica».
Se da la circunstancia de que, en 2020, el Régimen Disciplinario propuso suspender durante 20 días de empleo y sueldo al comisario que firmaba el citado escrito por redactar otra carta similar en la que solicitaba a la Guardia Civil que otorgara la licencia de arma a un individuo inmerso en investigaciones por narcotráfico y contra el que pesaba una orden de busca y captura dictada por un juzgado de Lanzarote.
Todo se puede comprobar
Asimismo, De Aldama se ha referido en su declaración voluntaria ante el juez a diversos presuntos pagos en efectivo realizados a las puertas de lugares como la sede del PSOE en la calle Ferraz y en el propio Ministerio de Transportes, y aunque ni el fiscal ni el juez le han pedido pruebas que corroboren esas afirmaciones, él ha referido que siempre se pueden revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmar que lo que decía ocurrió.
Así se ha pronunciado ante el magistrado Ismael Moreno y el fiscal Luis Pastor, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su declaración voluntaria en calidad de investigado en esta causa que indaga en posibles mordidas para la obtención de contratos públicos para la adquisición de mascarillas.
Cabe recordar que De Aldama ha asegurado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 650.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 300.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García. El propio Koldo habría pedido para el presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, 50.000 euros.
En lo relativo a Santos Cerdán, De Aldama ha asegurado que Koldo García se reunió con el dirigente socialista (Santos Cerdán) en un bar frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para entregarle en un sobre un pago por una cuestión relativa a una licitación.
