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El fiscal 'azote de la derecha' se opone a investigar el fraude en Loterías del Estado

Carlos García-Berro ha emitido un duro escrito contra los querellantes de las numerosas irregularidades del organismo

El fiscal ‘azote de la derecha’ se opone a investigar el fraude en Loterías del Estado

Alejandra Svriz

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro, que arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la formación de Santiago Abascal mientras ensalza la figura de Lenin en su red social X (antes Twitter), ha emitido un duro escrito contra los querellantes del presunto amaño en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y se ha opuesto a que el juez Santiago Pedraz investigue la causa.

García-Berro, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y muy próximo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al juez Pedraz que inadmita la querella interpuesta por Manos Limpias por un presunto fraude en los concursos públicos diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de Loterías del Estado, una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda que encabeza  la ministra María Jesús Montero. Por ello, este caso involucraba a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda. Además, el responsable directo del Selae es Jesús Huerta, presidente del organismo y cuya nómina alcanzó los 223.146,65 euros brutos anuales en 2020. Fue colocado al frente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado por la ministra en el año 2018 y ocupa el cargo desde entonces. Formó parte del círculo de confianza de Montero cuando esta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía.

Los querellantes entregaron al juez un informe pericial en el que se demostraban todas las irregularidades en las adjudicaciones de estas delegaciones provinciales que, casualmente, tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados con la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación. Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.

De hecho, en el caso de la delegación de Cuenca, por ejemplo, en la memoria justificativa del expediente, firmada el 6 de septiembre de 2022 por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y publicada el 27 de febrero de 2023, se justificó expresamente el concurso debido a que el delegado comercial saliente había superado los 70 años de edad. Sin embargo, este hecho es incorrecto, ya que el delegado M.L.C., nacido en Cuenca en 1968, tenía entre 55 y 56 años en el momento en que se rompió el acuerdo, sin un motivo aparente, y por ende en contra de los requisitos exigidos por el organismo público.

Memoria justificativa de inicio del procedimiento de contratación para la delegación comercial del Selae en Cuenca.

La ganadora del concurso fue su mujer. Esta se convirtió en la nueva delegada comercial del Selae en Cuenca y su marido –el anterior delegado– no se jubiló, sino que fue contratado por su mujer para continuar trabajando en la delegación, según ha podido saber este periódico.

Duro escrito del fiscal

El fiscal arremete con inusitada dureza contra los querellantes y asegura en un escrito: «Resulta notorio que cinco contratos, por más que los querellantes se empeñen en ver conductas delictivas de todo tipo y por mucho que se afirme sin base alguna que son muchos millones, no son base bastante para afirmar la competencia de la Audiencia Nacional, ni para, como se solicita, ordenar una entrada y registro en la sede de Loterías y Apuestas del Estado».

Fue un juez de instrucción de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el que determinó que dicha causa era competencia de la Audiencia Nacional y derivó a los querellantes a este organismo. Estos acataron dicha orden y, por ese motivo interpusieron una nueva querella en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz abrió las diligencias previas 219/2024, en las que ya estaba personada la Abogacía del Estado.

El representante del Ministerio Público continúa en su escrito: «Además de por falta de competencia objetiva, procede la inadmisión de la querella por ausencia de la mínima consistencia en el relato de los hechos punibles, construido de forma artificiosa, con recortes de actas, especulaciones y conclusiones propias. Con carácter general, un relato constituido ad hoc no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato propio en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más».

García-Berro aprovecha para atacar el informe por haber introducido en ChatGPT las pruebas obtenidas, para que la inteligencia artificial que utilizan de manera exitosa los investigadores pueda llegar a unas conclusiones lo más objetivas posible. Un extremo que se indica en la propia pericial. «El único relato que se ofrece al propio relato construido por el querellante es un denominado informe pericial que, en realidad, es un informe de un detective privado entre cuyas fuentes de conocimiento figura la consulta a ChatGPT, recortes de prensa y recortes de boletines oficiales».

Este fiscal que también se negó a investigar la causa de Miguel Ángel Blanco o los homenajes a etarras –conocidos como ongi etorri– pide ahora al juez Pedraz que inadmita esta causa contra Loterías del Estado que involucra a la vicepresidenta primera del Gobierno. Por ello, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 que había abierto las diligencias previas finalmente ha resuelto que la misma debe ser inadmitida.

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