Los fiscales progresistas salen en defensa de García Ortiz y piden archivar la causa
La UPF considera que se han llevado diligencias «desproporcionadas» como la incautación de sus dispositivos
Álvaro García Ortiz durante la toma de posesión de José Luis Escrivá como consejero del Consejo de Estado. | Eduardo Parra (Europa Press)
Los fiscales progresistas salen en defensa de Álvaro García Ortiz. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que archive la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La organización ha mostrado a través de un comunicado su «profunda inquietud y preocupación» por el desarrollo procesal, ya que considera que se han desarrollado acciones «injustificadas, innecesarias y gravemente desproporcionadas» como el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos.
El Supremo acordó abrir una causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre. Una decisión insólita a la que hasta ahora no se había enfrentado ningún fiscal general. El alto tribunal también se arrogó la competencia para investigar a la jefa provincial que, supuestamente, le envió datos para la elaboración de una nota de prensa con la intención de desmentir que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso, después de declararse autor confeso de dos delitos fiscales.
La UPF considera que las actuaciones que llevaron a cabo se hicieron fueron «legítimas» porque se realizaron «bajo amparo legal y estatutario». La asociación a que pertenecía García Ortiz (y de la que llegó a ser portavoz entre 2013 y 2017) también señala que la intervención de los fiscales fue «exclusivamente técnico-jurídica y no política». E insiste: «Estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad» de la Fiscalía.
Imputación de García Ortiz
Dos de las tres asociaciones profesionales solicitaron la dimisión de García Ortiz, aunque este optó por mantenerse en el cargo. En un comunicado al que tuvo acceso THE OBJECTIVE anunció que se trataba de la decisión «más prudente para la institución a medio y largo plazo», porque «refuerza» su independencia. El fiscal general informó de sus pretensiones a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal, que le pidió la dimisión. El Gobierno, que considera que la causa se archivará pronto, también le ha mostrado su apoyo.
«Hemos mostrado públicamente nuestra discrepancia con la decisión del Tribunal Supremo de abrir la investigación penal (…) al mismo tiempo que urgimos al Alto tribunal a que impulsara y resolviera con la máxima celeridad el procedimiento», subraya la nota de la UPF. En su opinión, la instrucción ha acordado y llevado a cabo diligencias «injustificadas, innecesarias y gravemente desproporcionadas» como la entrada y registro al despacho de García Ortiz y la incautación de sus ordenadores y dispositivos telefónicos.
Los fiscales progresistas también reprenden al Supremo porque «no se están tomando todas las precauciones necesarias para evitar filtraciones sumariales». Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a partir del volcado de los correos electrónicos de la fiscal jefe de Madrid aprecia la «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los datos del novio de Ayuso, Alberto González Amador.
El pasado 14 de marzo la Fiscalía General del Estado emitió una nota que desvelaba los detalles sobre el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad. La instrucción estuvo precedida por horas de gran tensión. Las fuentes consultadas aseguran que el equipo de García Ortiz presionó para que se publicara el comunicado que ha conllevado su imputación, ya que consideraba necesario desmentir «un bulo».
Pacto con la Fiscalía
El Mundo publicó la noche anterior que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso. Fue entonces cuando la cúpula fiscal recabó los correos que intercambiaron el fiscal del caso y el abogado del empresario para redactar un comunicado desmintiéndolo. Para conseguirlo, incluso obligaron al fiscal que tenía en su poder los emails a abandonar un partido de fútbol. La Cadena Ser informó poco después de que González Amador fue quien ofreció a la Fiscalía un pacto para evitar el juicio.
El fiscal del caso comunicó al abogado del novio de la presidenta madrileña que no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo «si usted y su cliente lo estiman posible». Además, revelaba que para alcanzar dicho pacto era necesario que González Amador admitiera dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documentad a cambio de una multa y una pena de cárcel que no implicase su ingreso efectivo.
A primera hora del 14 de marzo, el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado envió un borrador de la nota al responsable de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, que se negó a enviarla al contener datos reservados del novio de Ayuso. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (…) Es imperativo sacarla. La actuación de los compañeros es impecable y hay que defenderla», escribió García Ortiz por WhatsApp a la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra.
La Fiscalía Superior de Madrid acabó distribuyendo la nota entre los medios de comunicación. El texto detallaba la cronología de las diligencias practicadas que, por su carácter, son confidenciales, y evidenció que fue el letrado de González Amador quien propuso el pacto al Ministerio Público. La UPF sostiene que se están dilatando los pronunciamientos de las diligencias y que este tipo de actuaciones, además de un grave perjuicio a ambos investigados, supone «un daño irreparable al Ministerio Fiscal».
