Interior dio la residencia a un narco de Miñanco investigado por tráfico de drogas y blanqueo
Puentes Saavedra salió de la cárcel días después de incriminar con su declaración al abogado Gonzalo Boye
Sito Miñanco vuelve a sentarse en el banquillo. La Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión y 950 millones de multa para el histórico narcotraficante gallego por tratar de introducir cuatro toneladas de cocaína en España y por un delito de blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional juzga a otras 45 personas, entre ellas el colombiano Manuel Andrés Puentes Saavedra, al que el Ministerio del Interior otorgó la residencia en 2017 a pesar de estar investigado por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo. Años antes ya había estado en la cárcel por tráfico de drogas.
Puentes Saavedra es uno de los colaboradores más cercanos de Miñanco. De hecho, jugó un papel relevante en la red de narcotráfico desarticulada en febrero de 2018 por la Policía Nacional. Los investigadores le consideran uno de los operadores logísticos de la organización y le otorgan un papel clave en el envío frustrado con la Operación Mito.
La Fiscalía solicita para Puentes Saavedra 10 años de prisión por, supuestamente, haber ocultado beneficios ilícitos de Miñanco a través de su empresa Complutun Seguridad Internacional, que compartía con Manuel Pedro González Rubio, también acusado. El Ministerio Público pide para él 24 de cárcel por varios delitos, entre ellos dos tentativas de homicidio.
Juicio a Miñanco
La investigación de la Operación Mito comenzó a finales de 2016. Una serie de escuchas telefónicas demostraron que Miñanco seguía en el negocio del narcotráfico a pesar de disfrutar de un tercer grado y haber conseguido trabajo en un parking de Algeciras para reinsertarse tras pasar varios años en la prisión de Botafuegos. La Policía acabó accediendo al chalé que tenía alquilado en la localidad gaditana y realizó casi medio centenar de detenciones en varias provincias.
En el inmueble encontraron planos de potentes embarcaciones que habría encargado a un astillero clandestino, tal y como confirmó un agente en el juicio que se sigue contra el capo gallego y sus colaboradores en la Audiencia Nacional desde el pasado 18 de noviembre. La idea era usarlas para recoger la droga. La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que Miñanco «contaba con una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico». Un jefe policial aseguró en la vista que estos recibían más de 10.000 euros al mes por su trabajo.
Entre esos colaboradores estaría Puentes Saavedra, al que Interior concedió «una residencia de familiar comunitario» en septiembre de 2017. En ese momento, el narco estaba siendo investigado en dos procedimientos distintos por delitos contra la salud pública en el seno de una organización criminal y blanqueo de capitales, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Poco después fue condenado a tres años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero.
El permiso de residencia de Puentes Saavedra era válido hasta septiembre de 2022. Este diario ha podido saber que no se le renovó porque presentó la solicitud fuera de plazo. Fue detenido en el marco de la Operación Mito en febrero de 2018, durante las redadas masivas realizadas por la Policía. Las investigaciones incluyeron escuchas telefónicas y seguimientos que revelaron que era una figura clave en la red, por lo que fue enviado a prisión preventiva.
Incrimina a Boye
Puentes Saavedra quedó en libertad el 5 de agosto de 2019 con el informe favorable de la Fiscalía, apenas unos días después de una declaración ante la Policía en la que incriminó al abogado Gonzalo Boye, también acusado en la Operación Mito por falsedad documental y blanqueo de capitales. El antiguo letrado de Miñanco (y actual de Carles Puigdemont) siempre ha negado que le ordenara recuperar 900.000 euros incautados en el aeropuerto de Barajas. No obstante, un jefe policial ha asegurado en el juicio que hizo trámites para facilitar el lavado del dinero.
Boye, al que la Fiscalía solicita nueve años y nueve meses de cárcel, ha aportado un audio a la Audiencia Nacional para desmontar la acusación. La prueba fue grabada por él mismo el 4 de enero de 2023 mientras hablaba en los pasillos de los juzgados con el abogado Jesús Miguel Prieto, quien le admitió que su cliente, Puentes Saavedra, recibió distintas visitas de la Policía mientras estaba en prisión y que «le habían ofrecido la libertad». Días más tarde de incriminarle, abandonó la cárcel.
En el documental El enemigo público, estrenado en octubre, Boye responsabiliza de lo sucedido al actual fiscal europeo Ignacio de Lucas. En su opinión, un pacto como el que benefició a Puentes Saavedra no depende de la Policía. Cuando se preguntó en sede judicial a este si los agentes fueron a verle a prisión con el objetivo de que cambiara su versión a cambio de la libertad, este se acogió a su derecho a no declarar.
Tras su testimonio inculpatorio, la Policía entró en el despacho de Boye en octubre de 2019 y copió los datos de su móvil y de su ordenador desde 2010, a pesar de que la investigación se inició en 2016. La defensa del letrado sostiene que se trata de «una causa general».
Largo historial delictivo
Puentes Saavedra cuenta con un largo historial delictivo. En los años noventa del pasado siglo estuvo vinculado a organizaciones gallegas como el clan de los Charlines, que controlaba el tráfico de drogas en la región. Fue detenido en varias ocasiones por temas relacionados con el contrabando y tráfico a pequeña escala. En esa época también fue investigado por la famosa Operación Nécora, una de las primeras redadas contra el narcotráfico en Galicia.
En 2006 fue condenado por su implicación en operaciones de tráfico de drogas y desde entonces ha sido señalado en diferentes investigaciones. En la conversación que mantuvo Boye con su abogado el año pasado se alude a un asesinato en la ciudad colombiana de Pereira. Existen intervenciones telefónicas entre González Rubio y Adriana Moreno, otra de las investigadas por la Operación Mito, que implican a Puentes Saavedra, aunque de momento el país sudamericano no ha abierto ningún procedimiento contra él.