Ábalos denuncia a la UCO por «interceptar una correspondencia privada» siendo aforado
El exministro de Transportes ha calificado los hechos «de suma gravedad»
José Luis Ábalos. | EFE/ Javier Lizón
José Luis Ábalos ha anunciado este jueves que ha denunciado a la Unidad Central Opeariva (UCO) de la Guardia Civil ante la Fiscalía por haber «interceptado una comunicación» personal cuando era aforado, en concreto se ha referido a un documento que portaba el hermano de Koldo García, pero que era suyo. El exministro de Transportes lo ha anunciado en una comparecencia realizada en el Congreso de los Diputados.
La denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido presentada por parte de su defensa este jueves pocos minutos antes de la propia comparecencia de Ábalos, que ha comenzado a las 13 horas. En la misma, el ex secretario de organización del PSOE subraya que con la intercepción de ese documento privado, un hecho «de suma gravedad», se vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Hechos en lo que se basa su denuncia
La Unidad Central Operativa (UCO) intervino el teléfono del exasesor Koldo García, lo que permitió captar una conversación clave con el exministro implicado. En esta charla, se reveló que García se comprometía a enviarle cierta documentación que previamente había recibido del exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. La información se trasladaría mediante el hermano de Koldo, Joseba García, estableciendo una cadena de entrega que sería luego significativo para la intervención de las autoridades.
El 4 de noviembre de 2023, Joseba García viajó de Madrid a Valencia con la documentación en cuestión, la cual había recogido de manos de su hermano Koldo García. La entrega final estaba prevista en el domicilio del exministro en Valencia. Sin embargo, durante el trayecto, la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera el nombre de «José Luis Ábalos Meco» y que, según la denuncia, se encontraba cerrado y con el sello oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
El exministro denuncia que los agentes del GAR abrieron el sobre y fotografiaron todo su contenido. Entre la documentación, se encontraba una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno relativa a las ofertas de mascarillas para la COVID-19, acompañada de informes técnicos y la identificación de los responsables de las compras realizadas a la empresa Soluciones de Gestión. También se incluyó un informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de mascarillas, emitido en octubre de 2022, así como la respuesta del Ministerio de Transportes de agosto de 2023 a la resolución emitida por el Consejo de Transparencia.
El exministro subraya la gravedad de los hechos, ya que, tras el registro, la UCO continuó con la vigilancia de Joseba García hasta su domicilio. Los agentes observaron cómo ingresaba con el sobre y posteriormente salía del edificio sin él. Además, señala que los efectivos le tomaron fotografías al salir y a su coche, cuya titularidad fue verificada en bases de datos policiales. Esta acción, según su relato, no habría contado con la debida autorización judicial que exige la apertura de correspondencia privada, especialmente si se trata de la de un aforado.
Para el exministro, los hechos constituyen una violación de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, protegido por el artículo 18.3 de la Constitución Española. Este artículo garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial que lo autorice. En este caso, sostiene que no existía autorización del Tribunal Supremo —competente por su condición de aforado— para abrir la correspondencia dirigida a su persona, ni tampoco había consentimiento de su parte para que esta fuese revisada por terceros.
Finalmente, el exministro recalca que la correspondencia privada solo puede ser abierta con el consentimiento del destinatario o mediante autorización judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina del Tribunal Supremo, que en su sentencia de 2 de junio de 1997 estableció este criterio de protección reforzada. En este sentido, acusa al GAR de haber vulnerado la protección constitucional y procesal que se otorga a la correspondencia privada de un aforado, calificando de «suma gravedad» la actuación de los agentes.
Antes, Ábalos ha pedido que se respete la presunción de inocencia porque es un «principio básico» y ha vuelto a negar haberse enriquecido con las mordidas que se achacan a la trama que lleva el nombre de su exasesor. «Afortunadamente estamos en un Estado de derecho y la presunción de inocencia es un principio básico que deberíais respetar, ya sé que el circo os va, pero tendríais que respetar algo que nos ha costado mucho conseguir en esta democracia», ha dicho Ábalos en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo.
Este miércoles, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El exdirigente socialista cree que suplicatorio no es una sorpresa porque se sabía «desde el principio» que el Supremo acabaría solicitándolo y ha insistido en que «no» se ha enriquecido. Aun así, el diputado actualmente del Grupo Mixto tiene previsto ofrecer este jueves una rueda de prensa desde el Congreso para expresar su posición.
