El juez pide a la UCO que identifique los móviles intervenidos en el despacho del fiscal general
La providencia llega después de que la Guardia Civil haya encontrado «cero mensajes» en el teléfono de García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
Identificar los teléfonos incautados durante el registro del despacho de Álvaro García Ortiz. El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le facilite los «números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas» incautadas el pasado 30 de octubre y la titularidad asociada a dichos números. Una asociación de fiscales personada en la causa también ha pedido este lunes nuevas diligencias.
El juez Ángel Hurtado dicta esta providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tras recibir el informe en el que los agentes aseguran haber encontrado «cero mensajes» en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, días clave para la presunta filtración que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El volcado del teléfono de García Ortiz ha revelado que existían «cero mensajes» en su terminal entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de Ayuso. El informe de la Guardia Civil demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
Sin mensajes del fiscal
García Ortiz y Rodríguez están siendo investigados por el Tribunal Supremo por la filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña. Un fiscal del Alto tribunal denunció que vio al fiscal general «revisando» su teléfono el pasado 30 de octubre, mientras los agentes de la Guardia Civil registraban la sede del Ministerio Público. En la Fiscalía sostienen que los datos se eliminan de forma periódica: se hace un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad.
Los expertos consultados reconocen la dificultad de recuperar los mensajes eliminados por el fiscal general. La complejidad aumenta con el tiempo transcurrido desde su borrado, dado que las áreas de memoria habría sido sobrescritas. Por eso los juristas consideran «clave» conocer cuándo eliminó García Ortiz esos mensajes. WhatsApp, por ejemplo, afirma en sus condiciones de servicio que conserva los datos de las cuentas relacionadas con una investigación penal durante 90 días.
La UCO dispone de herramientas de software para analizar y recuperar datos. Una de ellas es Cellebrite Ufed, que permite pinchar smartphones y extraer datos. Tanto la Guardia Civil como los peritos forenses utilizan este programa israelí u otros similares para recuperar contenidos a través de la puerta de atrás del sistema de operativo.
La información se puede obtener a través de dos vías: gracias a la copia de seguridad que el terminal realiza en la nube o bien a través de una técnica denominada file carving. Esta fórmula permite recuperar extractos de los datos que han sido enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Es más factible recuperar texto que imágenes.
Nuevas diligencias
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa que sigue el Supremo contra García Ortiz, le ha atribuido este lunes dos nuevos delitos: «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación». En un escrito al Alto tribunal al que ha tenido acceso este diario, la organización solicita que declare al fiscal general. También reclama nuevas diligencias, como que se pida al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».
En la batería de diligencias que reclama al juez, APIF incluye el «listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Además solicita acreditar si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».
