Un grupo de fiscales sospecha que García Ortiz cambió de teléfono móvil tras la filtración
Denuncian que la fiscal jefe de Inspección modificó su número el 1 de noviembre, un día después de los registros
García Ortiz en la toma posesión del fiscal superior de Cantabria el pasado octubre. | Juanma Serrano (Europa Press)
Álvaro García Ortiz cambió de teléfono móvil tras la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es una de las hipótesis que barajan los fiscales consultados. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa que sigue el Tribunal Supremo, solicitó este lunes al juez nuevas diligencias para saber si el fiscal general del Estado renovó su terminal a partir del 13 de marzo. Lo hace tras comprobar que otros miembros del Ministerio Público cambiaron de dispositivo tras los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en la calle de Fortuny el pasado 30 de octubre.
Entre las diligencias que ha solicitado APIF destaca la de comprobar si García Ortiz ha cambiado de móvil desde que tuvo lugar la filtración, el 13 de marzo. La asociación también quiere conocer los IMEI afectados, esto es, la identidad de los terminales con valores numéricos, por si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha peritado un teléfono que no fuera el que usó el fiscal general los días en los que se propagaron datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, ha dictado este mismo lunes una providencia en la que requiere identificar los teléfonos incautados en el registro del despacho de García Ortiz y la titularidad de esos terminales. La Guardia Civil no halló ningún mensaje en el teléfono del fiscal general en el periodo analizado. Los subordinados más críticos ponen en duda que durante esos días no se comunicara con nadie, máxime cuando interactuó con una de sus subordinadas, como acredita un informe anterior de la UCO.
El borrado de García Ortiz
En opinión de estos fiscales solo hay dos posibilidades. La primera pasa porque el máximo exponente del Ministerio Fiscal borrara todas las conversaciones. La segunda opción es que García Ortiz cambiara de móvil, como afirma APIF que habrían hecho otros miembros de la carrera. Por eso reclama al juez que investigue si otros fiscales han cambiado de número de terminal tras los registros del 30 de octubre.
La asociación incluye en su escrito una captura del WhatsApp de María Antonia Sanz Gaite, actual fiscal jefa de la Inspección fiscal. El texto de APIF al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE incorpora una imagen con el mensaje que le envió un fiscal en excedencia el 23 de septiembre de 2021, aunque ella nunca contestó. El chat no vuelve a tener actividad hasta el pasado 1 de noviembre, un día después del registro, cuando aparece un mensaje en el chat de que la fiscal jefa de la Inspección fiscal ha cambiado de número de teléfono, aunque una semana más tarde «pasa a manejar» el número original.
«No tenemos manera de acreditarlo por nuestros propios medios, pero esta no sería la única fiscal del entorno de García Ortiz que cambió de número en fechas inmediatamente siguiente al doble registro domiciliario. No es ocioso recordar que la investigada Pilar Rodríguez se refiere al Equipo Fortuny siendo extraño referirse como Equipo cuando supuestamente solo está hablando con Álvaro García Ortiz y Diego Villafañe (miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía al que alude varias veces el informe de la UCO)», insiste APIF.
Los fiscales sostienen que cuando una persona cambia de número de teléfono y vuelve a instalar la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, esta pide una nueva instalación. Una acción que también se requiere al cambiar de terminal. Una vez que eso sucede, envía un mensaje automático al chat de sus contactos para informarles de la operación, insisten los expertos consultados. En sus términos y condiciones, la app informa que conserva los datos de las cuentas relacionadas con una investigación penal durante 90 días. Por eso, los juristas consideran «clave» conocer cuándo eliminó García Ortiz esos mensajes.
«Revisando» el móvil
El volcado del teléfono de García Ortiz reveló que existían «cero mensajes» en su terminal entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de los datos del novio de Ayuso. El informe de la UCO demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
García Ortiz y Rodríguez están siendo investigados por el Supremo por un delito de revelación de secretos. Un fiscal del Alto tribunal denunció que vio al fiscal general «revisando» su teléfono mientras los agentes de la Guardia Civil registraban la sede del Ministerio Público. En la Fiscalía sostienen que los datos se eliminan de forma periódica: se hace un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad. Una explicación que ha soliviantado a buena parte de la carrera fiscal, que considera que su jefe eliminó mensajes a propósito.
APIF atribuye dos nuevos delitos a García Ortiz en el escrito que presentó este lunes. El texto sostiene que existe un delito de apoderamiento ilícito de información porque ni el fiscal general ni la jefa provincial de Madrid disponían de la información que acabó filtrándose. «De ahí el cruce frenético de correos y llamadas en la noche del 13 de marzo» para que le hicieran llegar el material (en poder del fiscal de delitos económicos Julián Salto). Unas llamadas que la asociación ha pedido al juez recuperar.
La organización que preside Miguel Pallarés considera que García Ortiz también habría cometido un delito de prevaricación administrativa por haber faltado a su deber como funcionario público. Pide al Supremo que declare como investigado. Lo mismo que reclama para Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, al que también requiere que acredite los protocolos de borrado y si se ha informado a alguna autoridad competente sobre la brecha de seguridad de los datos.
