El Constitucional ofrece un balón de oxígeno a Sánchez con la amnistía de Puigdemont
Los independentistas esperan que la ley llegue a la corte de garantías en marzo, y el Gobierno, que salve la legislatura
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Carles Puigdemont amenaza con remover el tablero político. El expresident lanzó hace semanas un órdago a Pedro Sánchez instándole a someterse a una moción de confianza. Un síntoma de que el pacto empieza a resquebrajarse. El Gobierno espera que Junts acabe apoyando los Presupuestos de 2025. Confía en estar a tiempo de salvar la legislatura, aunque no esté en sus manos que el líder de los neoconvergentes se beneficie de la ley de amnistía, cuya puerta le cierra el Tribunal Supremo. La pelota acabará en el tejado del Tribunal Constitucional, donde la cuestión llegará en marzo, aunque no se resolverá hasta el verano.
«La amnistía no la querían de ninguna manera» ni Salvador Illa (presidente de la Generalitat) ni Sánchez, ha declarado Puigdemont a la Agencia EFE. Según su versión, «tuvimos que arrancársela de las manos, unas manos aún sucias de la represión de la cual son corresponsables y a favor de la cual se manifestaron al lado de la ultraderecha». La ley de amnistía, en vigor desde el pasado junio, fue pactada con Junts y ERC, que, como contrapartida votaron a favor de los socialistas en la investidura. Su apoyo resultó clave para mantener el Gobierno.
El texto otorgaba a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la norma y establecía que su cumplimiento debería ser «preferente y urgente». Según cálculos de la Fiscalía, ha beneficiado a medio millar de involucrados en el procés, los sucesos que siguieron al referéndum del 1 de octubre de 2017. No obstante, muchos de sus referentes políticos se han quedado sin el paraguas de la amnistía porque el Tribunal Supremo rechaza aplicarla al considerar que incurrieron en un delito de malversación.
El gesto de Sánchez
El artículo 2.e de la ley de amnistía incluye entre los supuestos excluidos de la norma «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». El Supremo ya determinó el pasado julio que la malversación en la causa del procés quedaba al margen de la norma. Los magistrados sostienen que los líderes independentistas emplearon recursos públicos para fines personales, como califican la organización del referéndum del 1-O.
Los afectados, entre ellos Puigdemont, presentaron en septiembre un recurso de súplica que fue rechazado por el Supremo. El Alto Tribunal aún debe pronunciarse sobre el recurso de apelación que registraron el expresidente catalán y otros afectados, como el eurodiputado Antoni Comín. Los magistrados dictarán sentencia en las próximas semanas. Es el escollo que impide que la amnistía llegue al Constitucional, ya que para que eso suceda se requiere haber agotado todas las vías judiciales.
Los independentistas esperan que el Supremo se pronuncie en las próximas semanas. Eso les proporcionaría la herramienta para presentar a finales de febrero o a principios de marzo un recurso de amparo ante el Constitucional, con mayoría progresista (siete magistrados de tendencia progresista y cinco conservadores). La corte de garantías puede ofrecer un balón de oxígeno a las aspiraciones de Sánchez, al que Puigdemont ha amenazado de forma velada con dejar caer.
El Gobierno evita inmiscuirse en las cuestiones del Constitucional, pero la holgada mayoría progresista presupone una baza a favor de Sánchez. Los juristas consultados dan por hecho que la institución que preside Cándido Conde-Pumpido acelerará los plazos para resolver la cuestión que atañe a Puigdemont y al resto de independentistas que hasta el momento no han podido beneficiarse de la amnistía. Creen que la moneda caerá de su lado, como ya sucedió con los condenados por malversación en el caso ERE de Andalucía.
Recursos ante el Constitucional
El Constitucional tendrá que responder también a las 23 impugnaciones contra la ley de amnistía, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Entre estas últimas, las interpuestas por el PP y por el Supremo. La Fiscalía ya reprendió a los jueces del Alto tribunal al considerar que no concretaron qué artículos de la Constitución vulnera la ley que entró en vigor hace seis meses y que se limitaban a ofrecer argumentos «ideológicos y políticos».
La corte de garantías dudó al principio de la legitimidad de las comunidades autónomas para recurrir la amnistía, pero acabó aceptando 15 recursos, los de las regiones gobernadas por los populares y Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page. Los argumentos en contra son variados. Entre ellos destaca que la Constitución no admite la amnistía, que esta contradice principios fundamentales y la posible discriminación de ciudadanos.
El expresident lanzó hace semanas un órdago a Sánchez, al que instó a someterse a una moción de confianza por los reiterados incumplimientos del acuerdo de investidura. Un síntoma de que el pacto empieza a resquebrajarse. Las diferencias se evidenciaron unos días más tarde en un tenso encuentro en Suiza, donde socialistas y neoconvergentes se citan habitualmente para realizar un seguimiento de la alianza que fraguaron en noviembre del año pasado.
Santos Cerdán acudió al país helvético a principios de diciembre para reconducir la maltrecha relación con Junts. Sin embargo, el encuentro, más breve que en otras ocasiones, fue peor de lo que esperaba. Puigdemont sigue empeñado en conseguir beneficiarse de la amnistía, una ley que parecía hecha para él. Sin ese paraguas no puede volver a España porque sería arrestado debido a la orden nacional de detención que emitió el juez Pablo Llarena.
Acuerdo para los Presupuestos
El Gobierno confía en reconducir la situación, aunque la aplicación de la amnistía a Puigdemont escapa de su competencia. Sánchez está dispuesto a reunirse incluso antes de que sea amnistiado, aunque el expresident no parece conforme con ese gesto. Los socialistas se han comprometido con el líder de Junts a acelerar algunas de sus reclamaciones, como la oficialidad del catalán en la UE, mejorar el déficit inversor de Cataluña y el traspaso de las competencias en materia de inmigración.
De esa forma, esperan obtener el favor de los neoconvergentes para aprobar las cuentas públicas. Como contrapartida, Junts reclama al Gobierno la transferencia de 4.100 millones de euros en concepto de inversiones presupuestarias previstas sin ejecutar en los últimos cuatro años. Puigdemont llegó a afirmar que Sánchez «no es de fiar», aunque aclaró que no estaba dispuesto a respaldar una moción de censura con PP y Vox como compañeros de viaje.
