El PSOE retuerce una directiva europea para encajar su ley contra causas «abusivas»
La normativa comunitaria se aplica únicamente a los asuntos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | Ricardo Rubio (Europa Press)
El PSOE afirma seguir la estela de la Unión Europea para blindar los derechos de los ciudadanos. El grupo parlamentario socialista presentó este viernes en el Congreso una proposición de ley para que se inadmitan querellas basadas en recortes de prensa y se prohíba a los partidos políticos y a sus asociaciones ejercer la acusación popular. Con esta reforma se pondrá freno «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Algo que, aseguran, ha hecho recientemente Europa con la Directiva 2024/1069. Sin embargo, la normativa comunitaria se aplica únicamente a los asuntos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas.
La exposición de motivos de la proposición de ley que ha registrado el PSOE asegura que la iniciativa es necesaria por «la aparición de sectores manifiestamente autoritarios que, en lugar de buscar un contraste de puntos de vista en base de debates informados, buscan la plena exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias». Los socialistas señalan que se tratan de «estrategias abiertamente lesivas» para los derechos fundamentales de las personas.
«Esta situación no es exclusiva de España, sino que se plantea también en el contexto europeo. Por este motivo, se ha aprobado recientemente la Directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales
abusivas», señala el escrito que ha presentado el PSOE. E insiste: «Esta ley se enmarca en ese mismo esfuerzo dirigido a proteger las posibilidades de participación en la vida democrática».
Los argumentos del PSOE
Los socialistas retuercen la normativa comunitaria, que enmarca su alcance en el apartado 17. Este epígrafe señala que «las personas que son el objetivo de acciones judiciales abusivas contra la participación pública pueden verse enfrentadas simultáneamente a múltiples demandas, interpuestas a veces en varios territorios. La presente Directiva se aplica únicamente a los asuntos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas».
La normativa europea insisten en que «las acciones judiciales abusivas contra la participación pública conllevan generalmente tácticas procesales utilizadas por el demandante con mala fe, como tácticas relacionadas con la elección del territorio, la formulación de una o varias pretensiones total o parcialmente infundadas, la formulación de pretensiones excesivas, el empleo de tácticas dilatorias o el desistimiento en una fase avanzada del proceso, o la interposición de múltiples acciones sobre cuestiones similares, e incurrir en costas desproporcionadas para el demandado en el marco del proceso».
La Directiva 2024/1069 sostiene que, en esos casos, debe considerarse la conducta del demandante en el pasado para determinar «si las acciones judiciales en cuestión son de naturaleza abusiva. El demandante utiliza dichas tácticas procesales, que suelen combinarse con diversas formas de intimidación, acoso o amenazas antes o a lo largo del procedimiento, para fines distintos del acceso a la justicia o el ejercicio genuino de un derecho y tienen como objetivo lograr un efecto disuasorio en la participación pública». Sin embargo, la reforma que pretende el PSOE transita por una vía distinta.
La iniciativa de los socialistas actúa sobre cuatro frentes. El más polémico es la intención de limitar la actuación de la acción popular. Otra pata de la reforma pasa por inadmitir las querellas basadas en recortes de prensa, lo que habría impedido investigar el caso Bárcenas o el caso Gürtel, que acabó con una sentencia condenatoria contra el PP. En tercer lugar, la proposición de ley pretende recusar a aquellos jueces que se pronuncien políticamente. Y por último, elimina los delitos de ofensas religiosas.
Críticas de los jueces
La reforma que pretenden los socialistas encalla principalmente en su intención de impedir que partidos políticos y asociaciones satélites se personen como acusaciones populares. Una fórmula que ha soliviantado a jueces, juristas y asociaciones. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), critica que todos los partidos han hecho «un uso abusivo de la acción popular, también el PSOE».
Del Barco explica que los partidos han utilizado la acción popular como «un instrumento contra el adversario político», aunque subraya que esto también ha tenido un aspecto positivo. «Ese uso ha permitido la condena por delitos relacionados con la corrupción política (…) ante la inacción del Ministerio Fiscal», insiste la presidenta de la APM, mayoritaria entre los jueces. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD) también está en contra de limitar el papel de las acusaciones populares.
«No estamos de acuerdo con que se prive a los partidos políticos de intervenir como acción popular ni que no puedan intervenir en la fase de instrucción», afirma Edmundo Rodríguez, portavoz de JyJD. En esa misma dirección se ha pronunciado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI). No esconde que los partidos han hecho un uso partidista, pero la restricción «es contraria al espíritu de asociación española que ha previsto la acción popular para que tenga virtualidad práctica, ejercicio real y efecto».
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera «un profundo error» que se limite la acción popular. «Esa limitación podría conculcar la garantía del artículo 127 de la Constitución Española», insiste. Si se aprueba la ley que propone el PSOE, una de las consecuencias sería el archivo inmediato de las causas que cercan al Gobierno, tanto las abiertas al entorno familiar del presidente del Gobierno como al fiscal general, según lo previsto en la disposición transitoria única.
Los juristas consultados por THE OBJECTIVE consideran que el PSOE busca acabar con la investigación contra Begoña Gómez y David Sánchez, además de expulsar a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) como acusación popular en el procedimiento que sigue el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. «Una ley de impunidad ad hoc», insisten los expertos.
