El juez pide a WhatsApp y Google datos de las cuentas de usuario del fiscal general
El Supremo reclama los mensajes y correos enviados y recibidos por García Ortiz a petición de la UCO
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Mateo Lanzuela (Europa Press)
Nuevo paso para recuperar los mensajes y los correos electrónicos del fiscal general. El juez del Tribunal Supremo que le investiga por un delito de revelación de secretos ha dictado una comisión rogatoria en la que solicita a WhatsApp y Google que aporte datos de las cuentas de usuario de Álvaro García Ortiz entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Hurtado ha acordado esta diligencia a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado explica que adopta la decisión al considerar que la solicitud de la UCO es «razonable» y «coherente» para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. Esta medida tiene lugar después de que la Guardia Civil informara al magistrado de que había hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados a García Ortiz durante el registro en su despacho.
Para intentar recuperar la información, el instructor solicita a WhatsApp LLC los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.). También pide las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a los usuarios y el log o registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
El teléfono del fiscal
Hurtado también reclama a Google Inc los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, así como las copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados al usuario y log o registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
El magistrado acuerda realizar una copia de trabajo del volcado de información completo correspondiente a un teléfono móvil del fiscal general. Además, autoriza que se haga un análisis con el fin de acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y conseguir la información que permita el acceso a ellas. En caso de que se pudiera tener acceso, pide que se elabore un análisis circunscrito a los días 8 a 14 de marzo, los días investigados por la presunta filtración de datos reservados del novio de Ayuso.
El instructor también autoriza a la UCO a conectarse a las bases de datos donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis. Sobre este extremo, incide en que se tenga en cuenta que, de lo actuado hasta ahora, la información que se ha obtenido de interés para la causa ha sido extraída de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.
El fiscal general envió hace días mensaje a través de esta aplicación a sus contactos para informarles que cambiaba de número de teléfono. García Ortiz remitió el mismo whatsapp a varios contactos, sin personalizar, por lo que todo indica que formaba parte de una lista de difusión.
«Cero mensajes»
El cambio se produce después de que el volcado de su teléfono móvil revelara que existían «cero mensajes» en su terminal durante los días clave de la filtración. Un informe de la Guardia Civil demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados durante los registros del pasado 30 de octubre constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada.
En un informe posterior, la UCO determinó que García Ortiz habría cambiado de teléfono el pasado 23 de octubre. Esa fecha coincide con la semana en la que el Supremo imputó al fiscal general por una presunta revelación de secretos. Los investigadores precisaron que ese día tuvo lugar «el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs» por lo que «se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas».
La Fiscalía le excusó afirmando que los datos se eliminan de forma periódica. Se hace un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad, tal y como aconsejarían las normas internas. Sin embargo, los fiscales que declararon la semana pasada como testigos en el Supremo, Almudena Lastra y Julián Salto, negaron al juez que existiera un protocolo para eliminar mensajes.
El pasado 7 de enero, Hurtado ya solicitó a la UCO que intentara recuperar el contenido de los mensajes eliminados. El magistrado también solicitó a las operadoras Movistar y Vodafone «los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas» en dos teléfonos diferentes (uno personal y otro de trabajo). Días más tarde, y como avanzó este diario, García Ortiz contactó con Telefónica para lograr antes que el instructor el listado de sus llamadas.
