Denuncian el robo de una prueba clave del caso que mantiene imputado a un cargo de Bolaños
Manos Limpias pide al CGPJ que actúe contra la juez y la letrada de la administración por faltar a su deber de custodia
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo. | Ilustración de Alejandra Svriz
Manos Limpias ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el robo de un pendrive en sede judicial. El sindicato explica que el dispositivo desapareció del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que investiga a un alto cargo del Ministerio de Justicia, que lidera Félix Bolaños. El padre de un menor interpuso una denuncia contra el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, al que responsabiliza de manipular el audio de la declaración judicial de su hijo. La juez ha reclamado la grabación en varias ocasiones, la última vez en diciembre. Dos meses antes suspendió el juicio porque el acusado alegó que no había podido acceder al audio.
La organización que preside Miguel Bernard presentó la queja el pasado 15 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Unos días más tarde, eldiario.es publicó que el PP tiene a sueldo en el Senado al abogado de Manos Limpias en la causa que sigue el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Bolaños inició entonces una ofensiva contra el sindicato y acusó a los populares de financiar «a una organización ultraderechista» que «persigue a políticos progresistas y a sus familiares».
En su denuncia, Manos Limpias señala a la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, y a la letrada de la administración de Justicia por el robo de un pendrive aportado por la Guardia Civil en el Decanato, «que a su vez dio traslado del mismo al juzgado». El dispositivo incluía la declaración inaudible de un menor. Un informe pericial apuntó a que el audio fue manipulado. El progenitor denunció como responsable a un alto cargo de Bolaños que fue imputado en abril.
Subordinado de Bolaños
El texto, de dos páginas, sostiene que el deber de custodia de documentos y otro tipo de material supone «una falta muy grave disciplinaria» y puede acarrear penas de prisión de hasta cuatro años, según el artículo 413 del Código Penal. Fuentes del CGPJ explican que, por el momento, no tienen constancia de la queja. No obstante, especifican que la custodia de los expedientes judiciales no compete al juez, sino al letrado de la administración de Justicia.
Manos Limpias aporta en su denuncia el oficio en el que el Decanato declara haber entregado el pendrive en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Además, incluye el oficio que la Guardia Civil remitió al Decanato y un documento en el que «el propio juzgado admite la desaparición del pendrive». El sindicato considera que la prueba «ha sido borrada de forma intencionada» y ha pedido personarse en el procedimiento. La magistrada le ha impuesto una fianza de 5.000 euros que ha sido recurrida.
La acusación aportó la grabación como prueba de cargo, esto es, la que ofrece información que demuestra los hechos. Manos Limpias sostiene que el dispositivo acredita que el subordinado de Bolaños manipuló el audio en sede judicial. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documento público por la presunta alteración de la grabación de un niño (entonces tenía 12 años) que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores que se celebró en marzo de 2022.
El hijo del denunciante compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega. El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario que no identifican los documentos, que abandonaran la sala. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño. En el procedimiento participó como fiscal el marido de Sofía Puente, número tres de Bolaños y responsable directo del alto cargo imputado.
«Un ruido rosa»
El audio fue presuntamente manipulado con un «ruido rosa». Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil. El progenitor señala a la Dirección General de Transformación Digital al entender que esta es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación».
«La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado a petición de la acusación por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (Life). La Guardia Civil remitió el pendrive a Decanato, que a su vez lo puso en poder del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
La magistrada Susana Trujillano pidió el dispositivo el pasado diciembre al Decanato. Era la segunda vez que lo reclamaba y eso hizo saltar las alarmas de la acusación, que sospechó entonces de su extravío. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid solicitaba información sobre «los motivos que impiden la remisión del pendrive solicitado mediante oficio el 6 de noviembre de 2024».
La Guardia Civil entregó el pendrive al Decanato el 2 de noviembre del año pasado, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Este órgano suele remitir las pruebas al juzgado competente de forma inmediata. Decanato asegura a las partes que dio traslado inmediato al dispositivo. Asegura que dejó todo lo relativo a este caso «en el casillero del Juzgado número 7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto».
El procedimiento se encuentra en stand by después de que Trujillano decidiera el pasado 2 de octubre suspender la vista tras 20 minutos de debate entre el fiscal, la acusación y la defensa de Cubo sobre la legalidad de que la Abogacía del Estado se personara en representación del investigado. La juez no entró en el fondo de la cuestión porque, antes de hacerlo, el abogado del alto cargo del departamento de Bolaños alegó que su cliente no disponía de la copia de la grabación manipulada y, por tanto, se encontraba en situación de indefensión.
