La Justicia cerca a la 'número tres' de Bolaños por un audio manipulado que afecta a su marido

Una juez de Madrid ha acordado abrir diligencias previas de investigación contra un alto cargo del Gobierno –subordinado directo de Sofía Puente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— por la presunta manipulación de un audio con la declaración de un menor en un caso de divorcio coordinado inicialmente por el marido de esta última, el fiscal Manuel Javato, también cuñado del ministro de Transportes, Óscar Puente, según documentos y fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.

El juzgado de Instrucción número 7 de la capital ha admitido a trámite una denuncia presentada ante la Guardia Civil por un abogado, padre de un niño cuya declaración habría sido presuntamente alterada en marzo de 2023 mediante la introducción de un «ruido rosa» en los servidores del Ministerio de Justicia, en Madrid. Según un informe pericial aportado junto a la denuncia, la grabación habría sido modificada de forma artificial en una acción que podría suponer un delito de falsedad documental y otro de obstrucción a la Justicia por parte de una de las direcciones generales del Gobierno que encabeza actualmente la hermana del ministro Puente.

Tras recibir un atestado del Equipo de Mujer Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, según un auto del pasado 19 de enero al que ha tenido acceso este diario, la magistrada Susana Trujillano concluye que las actuaciones previas realizadas «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y, por lo tanto, «procede incoar diligencias previas» sobre los hechos por los que el letrado Pablo Martínez había presentado su denuncia contra el actual director general de Transformación de la Justicia, Aitor Cubo Contreras.

Grabación manipulada

Los hechos ahora investigados se remontan al 17 de marzo de 2023, cuando uno de los tres hijos del abogado y ahora denunciante fue citado para una exploración por parte del Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid. El contenido de la grabación con la declaración del hijo del denunciante, que sería clave en el pleito por la custodia del menor, se hizo en presencia de un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos del caso. 

Sin embargo, según un informe pericial, el testimonio del niño en sede judicial fue alterado de forma externa. Y nunca ha podido ser escuchado por su progenitor, a pesar de que este último alega en su denuncia que «es totalmente trascedente para la integridad» del menor de edad «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Desde que fue solicitada al juzgado por el padre, según la denuncia, la grabación con el testimonio del menor «es del todo inaudible, siendo absolutamente imposible entender sus palabras».

A las órdenes de Sofía Puente

El alto cargo del Gobierno ahora investigado por estos hechos se encuentra bajo las órdenes directas de Sofía Puente, número tres en el departamento de Justicia desde noviembre pasado, cuando Félix Bolaños asumió las competencias del ministerio antes dirigido por Pilar Llop. Desde que Bolaños promoviera su ascenso a secretaria general Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la hermana de Óscar Puente es la superior jerárquica del alto cargo al que la juez Trujillano ha acordado investigar.

Entre sus competencias como director general, según el propio Ministerio de Justicia, Cubo es responsable del «diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los servicios digitales de implantación por la Secretaría General, que permitan la interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas dentro del ámbito jurídico».

Según el denunciante, los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en 630 salas judiciales de distintos puntos del territorio nacional (entre ellas todas las de los juzgados de Castilla y León) se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.

«Es únicamente allí donde la grabación puede ser manipulada por las personas que tengan acceso a la misma, como esta acusación particular demostrará en la instrucción al margen de las diligencias que solicite la Guardia Civil en esta causa». Esto último ha sido alegado por el abogado Pablo Martínez en un recurso de reforma, y subsidiario de apelación, que el abogado ha presentado para evitar que la investigación abierta por la juez Susana Trujillano en Madrid sea enviada a Valladolid. En el auto en el que ordena la apertura de diligencias previas contra el alto cargo del Gobierno por la presunta manipulación del audio, la juez se inhibe en favor del decanato de los juzgados de Valladolid. Algo que la acusación particular quiere evitar a toda costa.

Cruce de acusaciones

El denunciante es el mismo abogado al que la hermana de Óscar Puente y su marido, el fiscal Manuel Javato –que actuó como representante del Ministerio Público al inicio del procedimiento en el que se habría producido la alteración del audio con la declaración del menor– denunciaron por presuntas injurias en octubre de 2023 (siete meses después de la presunta manipulación del audio con la declaración de su hijo) ante la Fiscalía de Valladolid.

Esas denuncias de la número tres de Justicia y de su pareja contra el abogado han sido acumuladas en una causa que se encontraba bajo secreto de actuaciones cuando se personaron, como desveló este diario, y que inicialmente se centraba en hechos que no guardan relación con la manipulación del audio. El caso se había iniciado a raíz de una serie de denuncias de Óscar Puente y del entonces decano de los juzgados vallisoletanos Emilio Vega, contra dos medios de comunicación y periodistas que publicaron una serie de noticias presuntamente falsas sobre la existencia de cuentas bancarias en el extranjero del ahora ministro y otras personas de su entorno.

Ruido rosa

Junto con la denuncia admitida a trámite y otros documentos, el denunciante –que lleva tres años inmerso en una batalla jurídica por la custodia de sus hijos por la que ha interpuesto diversas denuncias contra distintos jueces, fiscales y funcionarios judiciales de Valladolid involucrados en su procedimiento de divorcio, entre ellos el cuñado del ministro y el decano de los juzgados de esa provincia– ha aportado al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid un informe pericial en el que dos expertos informáticos acreditan que el audio es irrecuperable y habría sido alterado de forma artificial mediante lo que se conoce como un «ruido rosa».

«La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señalan los expertos en el informe pericial aportado a la Guardia Civil y al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Fuentes jurídicas confirman que aún está pendiente de respuesta el recurso presentado por la acusación particular para evitar que la causa sea enviada a los juzgados de Valladolid y, por el contrario, se quede en la capital.