Los nuevos jueces y fiscales se rebelan contra el «traslado forzoso» que pretende el Gobierno
Unos 1.500 profesionales firman para evitar que se apruebe «una propuesta anacrónica y lesiva para la conciliación»
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Félix Bolaños e Isabel Perelló el pasado 23 de enero en la entrega de despachos de la 73 promoción de jueces y fiscales. | Quique García (EFE)
Los nuevos jueces y fiscales se rebelan contra la reforma judicial. Los miembros de la 72 promoción han creado un documento en Internet para oponerse a dos de los cambios más significativos del anteproyecto con el que el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La iniciativa cuenta ya con 1.529 firmas, lo que supondría uno de cada seis miembros de la carrera. Rechazan «el traslado forzoso» que deberían acometer cuando se conviertan en magistrados y la estabilización de los jueces sustitutos, que llevan años ejerciendo de forma temporal sin aprobar la oposición.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la reforma del actual sistema para acceder a la carrera de jueces y fiscales. El Gobierno asegura que busca facilitar el acceso a los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos. Una explicación que no comparte la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que el pasado jueves, en el acto de entrega de despachos de la 73 promoción de la carrera judicial, aseguró que el actual sistema es «democrático».
El anteproyecto introduce un sistema de becas para los estudiantes con una cuantía que no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, prevé que la oposición incluya un examen escrito en lugar de la actual prueba oral. Las controversias comienzan con la intención del Gobierno de incrementar el número de jueces a través de dos vías: reforzando el cuarto turno (acceso para juristas de reconocido prestigio) y regularizando la situación de un millar de jueces sustitutos que nunca aprobaron la oposición.
El plan del Gobierno
La propuesta del Gobierno ha generado las críticas de las asociaciones judiciales. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha anunciado un informe que trasladará al Ministerio de Justicia. Se queja de que el texto aborda «una transformación sin precedentes» en la que destaca el «traslado forzoso» para los magistrados recién ascendidos y la estabilización de los jueces sustitutos. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) califica los cambios como «preocupantes».
Los miembros de la 72 promoción, que llevan ya un año trabajando, han irrumpido con fuerza en el debate. En lugar de limitarse a redactar un simple comunicado de rechazo, estos jueces y fiscales que entraron a la carrera tras aprobar la convocatoria de oposición de 2021 piden a sus compañeros que apoyen una reclamación para que el Gobierno rectifique. Llevan ya 1.529 firmas de todas las promociones. La mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales han apoyado la iniciativa.
Los nuevos jueces y fiscales, bajo el epígrafe «ni traslado forzoso ni estabilización», se oponen al restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o fiscal. «Consideramos que es una propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar. Supone una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social de la carrera judicial, imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio».
En opinión de los afectados, la medida perjudica especialmente a los integrantes de la carrera de zonas pocas pobladas, donde hay menos plazas de magistrados y fiscales disponibles. Eso les fuerza a abandonar su residencia provocándoles «importantes perturbaciones en la vida personal y profesional» que «no se aplica a ningún otro funcionario público».
Ascenso a magistrado
El Gobierno propone que los jueces promocionen a la categoría de magistrado a los cinco años de su ingreso en la carrera, independientemente de que existan vacantes. Una vez que lo hagan, podrán optar por ocupar la plaza de magistrado que se oferte en el concurso de traslados o continuar en su puesto, como en la actualidad. Sin embargo, esta segunda opción tiene trampa, ya que con la reforma judicial contarán con un máximo de tres años para optar al concurso, lo que supone abandonar el puesto.
El traslado por ascenso a la categoría de magistrado se eliminó en 2009. Las nuevas promociones de la carrera consideran que «no tiene ningún sentido que se recupere en 2025». E insisten: «Es un retroceso que no supone ninguna ventaja práctica para la Administración de Justicia y causa un perjuicio innecesario e injustificado para los jueces y abogados fiscales, empeorando nuestras condiciones laborales». «Parece más un destierro que un premio», se queja una juez de reciente incorporación a la carrera.
El texto que redactan los miembros de la 72 promoción también lamenta que el Gobierno pretenda incluir en la carrera a jueces y fiscales «por la puerta de atrás». «En los próximos años se van a jubilar un tercio de los jueces. En lugar de solucionarlo con más plazas, invocan jurisprudencia europea que obliga a la estabilización de puestos», protesta otra joven juez.
«Es como si dejáramos que nos operara de corazón un fontanero», insiste otro de los jóvenes juristas. En su opinión, «colar» a jueces sustitutos puede ser «inconstitucional», ya que contradice los necesarios principios de igualdad, mérito y capacidad que establece el artículo 103 de la Carta Magna. Además, temen que la entrada de jueces sustitutos en el sistema les relegue en el escalafón, un ranking de antigüedad que les permite aspirar a ascensos y mejores plazas.
Propuesta «anacrónica»
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) considera que el «restablecimiento» del traslado forzoso por ascenso de categoría en un máximo de tres años es una propuesta «anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación familiar y laboral». En su opinión, la reforma judicial también incluye medidas acertadas, entre las que destaca el sistema de becas y el ascenso a magistrado cada cinco años.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) solicitó el pasado lunes una reunión urgente con el Gobierno para abordar la reforma de la carrera judicial. En una carta dirigida a Félix Bolaños transmitía su malestar por la falta de diálogo con las asociaciones judiciales y fiscales. Las organizaciones fueron convocadas el pasado 15 de enero a una reunión con varios miembros del Ministerio de Justicia. El anteproyecto tendrá que ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.