El otro bloqueo de la Justicia española: un tercio de los jueces se jubilará en los próximos 10 años

Un alud de jubilaciones durante la próxima década amenaza con aumentar los retrasos y el déficit de magistrados en la Justicia española. Un total de 1.243 jueces de la generación del baby boom cumplirán los 70 años que marca la edad de jubilación para la judicatura antes de enero de 2032, según el último escalafón general de la carrera judicial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto representa el 23% del total de jueces y magistrados que hay actualmente en España. Una cifra que podría ascender hasta el 33% de la actual plantilla si se mantiene la tendencia de jubilaciones anticipadas y por incapacidad permanente, según un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

«Actualmente los jueces estamos cubriendo mucho más del 100% de la carga de trabajo que nos corresponde, en cuanto a señalamientos y litigios. Y en los próximos 10 años se jubilarán previsiblemente un total de 1.764 miembros de la carrera judicial. Lo que supone un 33% de la carrera judicial actual», advierte Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la AJFV, en declaraciones a THE OBJECTIVE. «Salvo que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestario importante y ponga en marcha un plan valiente y estratégico para salir del atasco que tenemos en la Justicia, con señalamientos y juicios a más de tres años vista, va a ser muy difícil resolver esta situación», añade el magistrado.

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertaba el pasado mes de abril que a finales de 2023 habrá un déficit de al menos 181 jueces, teniendo ya en cuenta las nuevas plazas convocadas por el Ministerio de Justicia para concurso-oposición para este año. Una situación «especialmente grave» en los órdenes jurisdiccionales civil y social, que en los últimos años han experimentado un «importantísimo incremento de la litigiosidad», según el órgano de gobierno de los jueces.

A esta situación hay que añadir la avalancha de jubilaciones que viene. Atendiendo al último escalafón publicado por el BOE, un total de 395 jueces cumplirán los 70 años entre 2022 y 2026. En el siguiente, otros 948 miembros de la judicatura habrán entrado en edad de jubilación para el año 2032. Es el grueso de los magistrados y jueces nacidos durante el baby boom.

La litigiosidad se dispara

«El problema no es tanto la tasa de reposición, la próxima convocatoria del Ministerio de Justicia contempla 120 plazas para jueces, que son casi los mismos que se van a jubilar, sino lo mucho que está aumentando la litigiosidad. Si solo reponemos, no vamos a poder corregir los retrasos que estamos sufriendo en la Justicia», indica Oliva. El Tribunal Constitucional ha resuelto recientemente que demorar un juicio más de tres años es inconstitucional.

Sin embargo, según datos del CGPJ, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España no deja de crecer y ascendió en 2021 hasta los 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes. Un aumento del 20% con respecto al año de la pandemia y un 4% más que en el año 2019. Los juzgados y tribunales españoles atendieron el año pasado más de 6,2 millones de pleitos. Todas las jurisdicciones experimentaron un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados, como en el de resueltos. El repunte fue mayor en los juzgados de lo Civil (un 8,4 % respecto a 2019) y de lo Social (3,1%).

Aunque los jueces tienen la posibilidad de pedir una prórroga para retrasar su jubilación hasta los 72 años, en los últimos años se está percibiendo una tendencia cada vez mayor a las jubilaciones anticipadas y por incapacidad permanente que las asociaciones de jueces atribuyen, en buena medida, a la sobrecarga de trabajo a la que están sometidos. La ratio de jueces en nuestro país se sitúa en los 11,4 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea (15,4 magistrados por cada 100.000 habitantes).

Aumentan las jubilaciones anticipadas

Tan solo este año, se han jubilado de forma anticipada un total de 39 jueces y magistrados en toda España. De ellos, 26 lo han hecho de forma voluntaria y otros 13 por incapacidad permanente. «Esto supone que, para tener un dato aproximado del número de jubilaciones totales, a los que cumplen 70 años habría que sumar, al menos, un 42% de jubilaciones anticipadas al dato de jubilaciones por edad», indica Oliva. Un cálculo que elevaría el número de jueces jubilados en la próxima década hasta los 1.764, un 33% de la plantilla actual sin tener en cuenta los fallecimientos, según los cálculos de la AJFV.

Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, alertaba la pasada semana que la sobrecarga de trabajo en ese organismo judicial está provocando un aumento de las jubilaciones anticipadas de magistrados. Algunos de ellos han llegado a marcharse a los 60 años al tener ya 35 cotizados, según alertaba González durante la presentación de la memoria anual de la Audiencia de Madrid.

«Han decidido jubilarse de forma anticipada al tener dificultades para efectuar ese sobresfuerzo aunque hayan tenido que renunciar a una pérdida importante de ingresos que puede llegar a ser de hasta un 50%». Es un fenómeno que «cada año se ha visto con una mayor intensidad», destacó el presidente en declaraciones recogidas por el medio Confilegal.

Más jueces y juzgados

Un problema que no solo se soluciona con más fondos y plazas para los jueces, según advierten los expertos. España es uno de los países de la Unión Europea que más gasta en el sistema judicial. «Se trata de invertir mejor los recursos. Una medida para igualar la tasa de jueces a le media europea sería convocar unas 300 plazas al año durante la próxima década, el problema es que no hay dónde meterlos si no se crean nuevas plazas judiciales. Una solución sería la de crear tribunales de instancia, para romper la vinculación que existe actualmente de un juez por cada juzgado», añade Sergio Oliva, magistrado de lo Social en Santa Cruz de Tenerife.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril la Ley de Eficiencia Organizativa, actualmente en trámite parlamentario. Una legislación que forma parte del Plan Justicia 2030 del Ministerio de Justicia para hacer más eficiente y sostenible el sistema judicial, y que incluye precisamente la creación de los tribunales de instancia, además de promover mecanismos alternativos como la mediación, el arbitraje y la conciliación para tratar de reducir la litigiosidad en la vía judicial.

El proyecto de ley del Gobierno se sustenta en tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará el nombre. Se configura su organización por Secciones, variable en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial.

Asimismo, con la nueva norma, los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios y en las nuevas oficinas judiciales se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas.