El juez que cerca a Begoña Gómez investiga una querella por torturas en el franquismo
Peinado solicita a la Dirección General del Ministerio del Interior que identifique a los cinco policías señalados
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Ilustración de Alejandra Svriz
El juez que cerca a Begoña Gómez investiga torturas durante el franquismo. Juan Carlos Peinado ha admitido a trámite la querella presentada por Carlos Serrano en la que acusa a cinco policías de crímenes contra la humanidad por las palizas que sufrió en 1975. La víctima fue detenida ese año en dos ocasiones por la Brigada Político Social. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) recuerda que recientemente fueron admitidas otras dos querellas, aunque lo habitual es que sean archivadas, como ha ocurrido con más de un centenar de denuncias presentadas por este colectivo.
El auto de Peinado, fechado el pasado 22 de enero, señala que los hechos a los que alude la querella de Serrano presentan características que «hacen presumir» la existencia de delitos de torturas. El juez que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez por cuatro delitos ha solicitado a la Dirección General del Ministerio del Interior que identifique a los cinco señalados: Juan Barrero, Agustín Costo, Eduardo Moreno y dos inspectores con los números profesionales 9.227 y 8.304.
Serrano, de 67 años, presentó la querella en diciembre a través de CEAQUA. El colectivo ha celebrado a través de un comunicado la admisión a trámite de la querella, la tercera en las últimas fechas. Indica que un juzgado de Elda (Alicante) ha abierto diligencias por el asesinato de Teófilo del Valle y que otro juzgado de Paterna ha hecho lo propio por el de Fausto Viada. No obstante, advierte de la «impunidad» de estos crímenes, ya que más de un centenar de querellas que ha presentado el colectivo han sido archivadas.
«Impunidad» del franquismo
El querellante fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, cuando apenas tenía 17 años. En ese momento estaba afiliado a la Liga Comunista y era un destacado activista universitario. Su oposición al franquismo le hizo dar con sus huesos a la Real Casa de Correos, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y actualmente sede de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se opone a que sea declarado Lugar de Memoria y ha llevado la intención del Gobierno central hasta el Tribunal Constitucional.
El franquismo convirtió Madrid en una inmensa cárcel. Con las instalaciones de La Modelo destruidas por la guerra y los reclusos hacinados en Porlier, el régimen decidió en 1940 levantar un nuevo penal en Carabanchel, ya derruido, y dedicar una veintena de edificios diseminados por la ciudad a centros de detención y tortura. El historiador Antonio Ortiz dedicó dos años en recopilar la información y ubicar esos lugares en un mapa. Desde entonces, solo un puñado han sido señalizados. Algo que no ocurre con la Real Casa de Correos, pese a las demandas de las víctimas y sus descendientes por poner una placa en su fachada.
CEAQUA señala que las autoridades deben revertir las «políticas de impunidad» de las que a su juicio goza el franquismo, por lo que defiende medidas legislativas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos en este periodo y en la Transición.
«Durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos, desde CEAQUA queremos interpelar al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios para recordarles que su inacción mantiene las políticas de impunidad. Por ello, a los 50 años de la muerte del dictador, debemos seguir denunciando los 50 años de impunidad mantenidos por el Estado español», indica el colectivo.
Archivo de querellas
El pasado septiembre, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó otra querella presentada por Julio Pacheco, la primera persona que denunció torturas durante el franquismo que declaró ante un juez en España. Los agentes de la Dirección General de Seguridad lo detuvieron en agosto de 1975 acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.
La Audiencia Provincial de Barcelona también confirmó en octubre el archivo de una querella presentada por dos hermanos, Maribel y Josep Ferrándiz, por las torturas sufridas en la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana en Barcelona. Los hechos ocurrieron en 1971, cuando el franquismo daba sus últimas bocanadas. La decisión llegó tres meses después de que un juzgado de instrucción archivara la causa con el argumento de que los hechos no podían juzgarse por estar amparados por la ley de amnistía de 1977.