Varias querellas cuestionan la amnistía de 1977 mientras se negocia la del 'procés'

La Ley de Amnistía de 1977 cerró por la vía rápida los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil. Se beneficiaron presos comunes, etarras y franquistas, a los que incluso se les perdonó torturas y asesinatos. Los expertos avalan la norma, aunque en las últimas décadas distintos organismos dependientes de la ONU han instado a España a derogarla con el argumento de que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Tampoco han tenido éxito las reivindicaciones domésticas. Mientras se negocia la amnistía para los encausados del procés, varias querellas han reabierto el debate.

Miles de peticiones de víctimas han sido rechazadas desde que se restableció la democracia hace más de cuatro décadas. Desde octubre del año pasado, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, los jueces han inadmitido hasta cuatro querellas contra crímenes del franquismo. Se parapetan en la Ley de Amnistía de 1977, que borra todos los desmanes cometidos hasta entonces. La última, la del sindicalista Carlos Vallejo, que denuncia torturas policiales en la Barcelona de los setenta .

La excusa, una vez más, es que no se pueden aplicar los tratados internacionales que prohíben la prescripción de los delitos de lesa humanidad porque entraron en vigor tras la Ley de Amnistía, por lo que prevalece el principio de irretroactividad. «La imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad fue introducida en el apartado 4 del artículo 131 del Código Penal por la Ley Orgánica de 2003, posterior a los hechos objeto de la querella», recuerda la juez que instruye el caso de Vallejo.

La amnistía, a debate

Su denuncia puede suponer un punto de inflexión, ya que el Ministerio Público ha recurrido por primera vez la inadmisión de una querella de este tipo. Lo ha hecho la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, creada tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Durante su tramitación, ERC y Bildu pidieron derogar la Ley de Amnistía de 1977, pero el PSOE se negó porque «las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva».

La Fiscalía apela a que la normativa «reconoce el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como la obligación del Estado de investigar». El Ministerio Público sostiene que la decisión de archivar la querella es «prematura» ya que, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, «no cabe el rechazo del plano de la querella, sino que es necesario investigar los hechos y su contexto».

Esa posición podría abrir la puerta a la admisión de otras demandas, pese a la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. Entre ellas, la que han presentado en el juzgado de Aoiz (Navarra) 12 familiares de prisioneros franquistas obligados a trabajar en la construcción de la carretera Igari-Bidankoze-Erronkari. Se trata de la primera querella por trabajo esclavo que se registra en España. La iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

Esgrimen que los más de 2.000 prisioneros que realizaron la carretera entre 1939 y 1941 sufrieron agresiones físicas, fueron sometidos a una mala alimentación y vivían hacinados. «Los familiares impulsan esta querella por la necesidad que sienten desde hace décadas de proclamar la dignidad de los que no se quisieron someter», explicó Juan Manuel Esteban, hijo de una de las víctimas. Familias de bebés robados antes de la aprobación de la Ley de Amnistía también están considerando presentar batalla.

Reproches a España

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2006 por unanimidad la primera gran condena internacional al franquismo. El organismo instó al Gobierno español a crear una comisión de investigación de los delitos cometidos durante la dictadura. Un año más tarde se aprobó la Ley de Memoria Histórica. A pesar de ello, el Consejo de Europa reprochó en 2016 que dejara en manos de las víctimas los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos.

Diferentes organismos dependientes de la ONU han amonestado a España en las últimas décadas por mantener la Ley de Amnistía de 1977. La última vez, el pasado julio, cuando el Comité contra la Tortura criticó que la Ley de Memoria Democrática aprobada meses antes obstaculiza la investigación de «graves violaciones de derechos humanos». Instaba, como antes lo había hecho el Comité de Derechos Humanos o el Comité de Desapariciones Forzosas, a suprimir ese escollo legal.

Eduardo Trillo, profesor de Derecho Internacional en la UNED, aclara que las resoluciones de la ONU no son vinculantes y que carecen de validez jurídica. «Son declaraciones políticas». Este especialista explica que cuando se aprobó la amnistía que clausuró el franquismo los únicos crímenes para los que existía imprescriptibilidad eran los de genocidio, no los de lesa humanidad.

España ingresó en la Comisión contra la tortura en 1987, por lo que Trillo defiende la legalidad de la Ley de Amnistía: «No se puede aplicar a personas que se han beneficiado ya de ella. No existe retroactividad de la ley. La única posibilidad es que se descubran nuevos crímenes», manifiesta este profesor.

«Anteponen su ideología»

«No existe ningún órgano vinculante que tenga competencias para decirle a España que debe derogar la Ley de Amnistía», reconoce Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En su opinión, estas son recomendaciones de organismos consultivos en los que, en muchas ocasiones, se sientan personas que «anteponen su ideología».

Tajadura afirma que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero que la Ley Amnistía de 1977 no se puede derogar porque es una norma preconstitucional y su marco jurídico es otro. «La Constitución no surge del vacío. Hay dos leyes anteriores que son incluso más importantes, con las que el franquismo se hace el harakiri».

Esas dos normas a las que hace referencia son la Ley para la Reforma Política, que permitió la eliminación de estructuras de la dictadura franquista desde un punto de vista jurídico, y la Ley de Amnistía, que estableció el principio de reconciliación nacional. Ese texto sepulta las responsabilidades de la Guerra Civil y de la dictadura, «pero por sí sola no basta para elegir unas Cortes democráticas», explica Tajadura. Una opinión que comparte Baldomero Oliver, catedrático en la Universidad de Granada.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, insiste en esa línea. En su opinión, la ONU hace recomendaciones que no tienen carácter imperativo, por lo que no se puede conceder «valor absoluto» a sus manifestaciones. Fernandes defiende la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977 porque dota de «seguridad jurídica» y sirvió para pasar página, algo propio de estas medidas de gracia. Y advierte: «El problema es mirar las cosas con los ojos de hoy».