Las víctimas del franquismo denuncian que la nueva ley de Memoria perpetúa la impunidad

Tras meses de recorrido parlamentario, el Senado aprobó este miércoles la Ley de Memoria Democrática de forma definitiva. Salió adelante con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que presentaron sin éxito enmiendas a la totalidad a un texto que tampoco «entusiasma» a los socios del Gobierno. Lo votaron como mal menor. La nueva norma tampoco genera demasiadas simpatías entre las víctimas del franquismo, que la consideran insuficiente. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que perpetúa la impunidad de los franquistas y niega derechos a las víctimas.

La nueva norma derogará la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Consejo de Ministros aprobó el proyecto a finales de julio de 2021. En octubre superó las enmiendas a la totalidad que registraron el PP, Vox y ERC. El Gobierno decidió entonces congelar la tramitación de la ley en el Congreso hasta atar los votos suficientes para aprobarla.

Los republicanos, que ya votaron en contra de la norma de 2007, la consideraron insuficiente porque no incluía la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. El texto salió adelante en la Cámara Baja en el pleno del pasado 14 de julio y este miércoles en el Senado sin modificación alguna. Lo impidió el PSOE, que no aceptó ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. La mayoría, procedentes de sus socios del Gobierno: ERC, EH Bildu y Compromís. Coinciden en calificar la ley de insuficiente, aunque la hayan votado a favor.

Amnistía al franquismo

Una visión que comparte la ARMH, que inició la búsqueda científica de desaparecidos en 2000. La organización lamenta la aprobación de una ley que «no garantiza los derechos de las víctimas de la dictadura franquista ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación». En su opinión, el texto no abre ninguna puerta de acceso a la Justicia para las víctimas «y demuestra que la voluntad del legislador no es juzgar los crímenes de la dictadura por mucho que hayan incluido un párrafo para recordarles a los jueces que existen los tratados internacionales».

Emilio Silva, presidente de la asociación y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética, sostiene que «si realmente el Gobierno hubiera querido juzgar los crímenes de la dictadura habría derogado la Ley de Amnistía porque mientras esté en vigor, la impunidad de los crímenes franquistas seguirá asentada en nuestra legislación». Una opción que ya planteó ERC y que Unidas Podemos, socio de los socialistas en el Ejecutivo, también defendía.

«La ley habla de verdad, pero no va a contarle a la sociedad ni en los colegios quiénes eran los golpistas de 1936 y quiénes se beneficiaron del golpe de Estado e hicieron negocios con la corrupción económica y política de la dictadura, incluida la Iglesia Católica», afirma Silva. El presidente de la ARMH insiste en que la norma también habla de justicia «pero no se va a juzgar a nadie porque se crea una Fiscalía de cartón y mantiene en vigor la amnistía para los franquistas». También afea que no se indemnice a las familias de los desaparecidos a pesar de que se hable de reparación.

La ARMH ha publicado en sus perfiles de redes sociales un decálogo de medidas que no están en la ley de Memoria Democrática y que «deben estar». Destaca la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, la conmemoración de un día en memoria de las víctimas, la nulidad de las sentencias para que las familias recuperen los bienes incautados, que se elabore un censo de verdugos, que se incluyan programas de formación en el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado y disfrutar «los mismos beneficios sociales que tienen las víctimas del terrorismo».

La asociación recuerda que en septiembre de 2009 entregó en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento que contenía sus reivindicaciones y se dirigió antes del verano a todos los partidos con representación parlamentaria para exigir la aprobación de un texto que corresponde a las recomendaciones de los dos informes de Naciones Unidades de 2014.

Garantizar derechos

Para Silva, uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley de Memoria Democrática son las fechas elegidas para las conmemoraciones y plantea que en lugar del 8 de mayo se haga el 31 de octubre porque «ese día de 1978 se aprobó el texto de la Constitución que se sometería a referéndum».

«Es triste saber que seguiremos viendo morir a víctimas de la dictadura que han estado a la intemperie durante décadas de democracia y que en 2022 no vivimos en una sociedad democrática capaz de garantizar sus derechos», insiste Silva. En su opinión, «es lamentable ver cómo todos y cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos del golpe de 1936 y de la dictadura franquista se van de rositas, como si no hubieran hecho nada. Terrible lección dan las instituciones democráticas».