Once detenidos en la investigación sobre patrocinios públicos de conciertos en Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a once personas e imputado a otra por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros, en las investigaciones por las que este miércoles los agentes requirieron expedientes de patrocinio a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Junta de Andalucía de conciertos y eventos.

El juez del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha levantado el secreto de sumario de la causa, en cuyo marco la Guardia Civil ha practicado en las últimas horas distintos registros y actuaciones en las provincias de Sevilla y Cádiz, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Entre estas actuaciones, los agentes se personaron este miércoles en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos.

El sumario investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Según han informado las fuentes del TSJA, en la operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil. Las otras ocho pasarán mañana viernes a disposición judicial y, además, hay otra persona investigada.

Las fuentes no han precisado si entre los detenidos está el empresario portuense Pascual Llopis, dueño de varios locales de hostelería, ocio y turismo en El Puerto y promotor de algunos de los eventos de los que se ha requerido información. El alcalde de El Puerto de Santa María no consta como investigado «a día de hoy» en este procedimiento, han subrayado las fuentes del TSJA, que han precisado que la Guardia Civil no registró su despacho, sino que se personó para un requerimiento de información «tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas», entre ellas la Consejería de Cultura y Turismo.