Las víctimas de Angrois impugnarán un vídeo que Adif quiere usar como prueba en el juicio

El juicio del accidente de Angrois ha comenzado este miércoles, nueve años después de que 80 personas perdieran la vida en el siniestro. La Plataforma de Víctimas está decidida a depurar «todas las responsabilidades». Entiende que van más allá de los dos únicos acusados, el maquinista del tren y el exdirector de seguridad de Adif. En su opinión, la empresa pública pretende atribuir errores al maquinista con un nuevo vídeo que los abogados de la defensa no saben cómo ni de dónde ha surgido. Lo califican de «montaje» y han anunciado que lo impugnarán porque «no cumple los requisitos exigidos por la ley» para ser una prueba.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela debe dirimir la responsabilidad del maquinista y del director de seguridad en la circulación de Adif en el siniestro ocurrido en Angrois en julio de 2013. Les imputan 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia grave profesional. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. La defensa pide la libre absolución. Por la vista, que se prolongará hasta febrero, pasarán 522 testigos y 126 peritos.

El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha asegurado antes de que arrancara el juicio en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega que «el montaje» que presentó Adif «no cumple los requisitos exigidos por la ley» para ser una prueba. En su opinión, se trata de «una barbaridad jurídica». Por eso razón ha avanzado que van a impugnarlo como cuestión previa. «No sabemos quién lo ha editado, no sabemos cómo ni de dónde ha salido».

La seguridad en Angrois

Ferrezuelo, abogado de la plataforma, afirma que «hubo un error humano, un despiste» del maquinista. No obstante, considera «mucho más grave» que el entonces director de seguridad de Adif supiese «que había un riesgo» en la curva de Angrois y que no hiciera nada para evitarlo. Sobre el periplo de nueve años hasta el arranque del juicio, asegura ya sabía que «iba a ser largo». Lo ha atribuido a «las bastantes trabas» por parte del Estado para que el caso «no llegue a buen puerto».

«Ese vídeo es un montaje, una farsa. Como casi todo lo que se viene haciendo. Este vídeo lo grabó un maquinista en marzo de 2012 con un tren que no es el del accidente. Además, han manipulado la velocidad. Ese tren entró en la curva a 80 y no se accidentó. Ellos han acelerado la velocidad como han querido y han puesto carteles en las vías que no existen. Es la desesperación de no tener nada», afirma Manuel Prieto, abogado de los acusados.

En declaraciones a THE OBJECTIVE, Prieto ya reconoció que el maquinista sufrió «una condena mediática» desde el principio y acusó de ello a la exministra Ana Pastor, «que comenzó a filtrar parte de la conversación en la cabina». Un material que, asegura, solo tenía Adif. «Con el transcurso del tiempo eso ha cambiado; se ha demostrado que el maquinista no es responsable, o al menos, no es el máximo responsable». Prieto sostiene que se omitieron los avisos sobre las medidas de seguridad, una de las cuestiones que busca que se esclarezca en el juicio. «Faltaban señales y balizas».

Las víctimas sostienen que el accidente pudo haberse evitado. Cuando el tren se aproximaba a la curva de Angrois duplicaba la velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora. El sistema de frenado automático no saltó porque había sido desactivado para evitar retrasos. «Hubo modificaciones importantes en el trayecto original cuando era ministro de Fomento José Blanco», reconoce Jesús Domínguez, presidente de la plataforma.

La desconexión del sistema de seguridad se realizó en la etapa de Pastor al frente de Fomento porque generaba retrasos «sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación». Domínguez insiste en que la Justicia desmonta la verdad oficial que tanto PSOE como PP quisieron imponer. «Se realizó una investigación que señalaba al maquinista como único responsable».

Informe independiente

Domínguez afirma que «durante nueve años hemos ido conociendo hechos muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales. El Estado usó todas las herramientas para protegerse». La UE determinó que la ausencia de gestión fue la que provocó que la línea no fuese segura. Pastor maniobró entonces para evitar que se publicara un informe que cuestionaba la investigación del Gobierno y alertaba del incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria.

Carlos Vázquez Padín, hijo de una de las fallecidas en el siniestro, asegura que la justicia demuestra ser «lenta» e «ineficiente». Cree que «la actitud del Estado en este asunto ha sido totalmente mafiosa» al tratar de «ocultar las causas» de forma «proactiva». Como ejemplo ha mencionado la carta que envió Ana Pastor a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para advertirle de la «gravedad» de publicar un informe crítico con la investigación del accidente que hizo el Gobierno.

«Las responsabilidades políticas son muy llamativas», ha reconocido Vázquez Padín. Él no puede decir si debería estar imputada más gente, «aunque desde luego si Renfe y Adif fuesen empresas privadas, habría aquí 150 personas en vez de dos». Preguntado sobre si Pastor y José Blanco, ministro socialista de Fomento cuando se puso en funcionamiento la línea, deberían estar también imputados, ha reconocido que no sabe «hasta qué punto» se les podría atribuir responsabilidades penales.