Las víctimas del franquismo piden participar en la elaboración de la nueva ley de Memoria

Álvaro López fue asesinado en abril de 1939, ya acabada la Guerra Civil. Su hijo Julián tenía 10 años. A los 93 aún sueña con recuperar sus restos «antes de irse», explica su hija Purificación. Cree que todo habría sido diferente si hubiesen podido trasladar su historia a las instituciones. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) quiere que las víctimas del franquismo comparezcan en el Senado, donde se tramita la última fase de la ley de Memoria Democrática, para que puedan explicar «cómo reclaman su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación».

La ARMH registró el texto el pasado lunes en el Senado. Su intención es que las víctimas del franquismo participen en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta para narrar sus vivencias, algo que nunca han podido realizar hasta la fecha. Consideran que estos testimonios servirían para elaborar con más precisión la nueva ley de Memoria, que encauza su recta final antes de ser aprobada de forma definitiva.

La asociación presidida por Emilio Silva, que inició en 2000 las exhumaciones científicas de desaparecidos sin ayuda económica de las Administraciones, sostiene que el articulado de la nueva norma aprobada en el Congreso de los Diputados en julio «todavía no garantiza» la reparación de las víctimas de la dictadura. Creen que este momento es idóneo para que incluya las herramientas necesarias «para terminar con la impunidad del franquismo».

Reparar el franquismo

«Se trata de una ley que llega con décadas de retraso, después de que hayan muerto olvidados y desatendidos por las instituciones públicas cientos de miles de familiares de las personas detenidas, torturadas, asesinadas y cuyos cadáveres fueron escondidos por quienes, a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, iniciaron la construcción de una dictadura mediante un ilimitado uso del terror y la violencia», indica el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Es justo lo que aconteció con López, un labrador asesinato junto a otras cinco personas por los falangistas durante la contienda bélica. Sus restos fueron arrojados en una finca a las afueras de Valdecaballeros (Badajoz), donde permanecen. Su familia ha estado buscándolos sin éxito desde entonces. Especialmente desde 2008, cuando se abrieron algunas puertas que habían permanecido cerradas décadas.

«Mi abuelo no luchó en la guerra, no militaba en ningún partido, ni tuvo juicio», explica Purificación. Pide reparación, pero también que las nuevas generaciones conozcan con exactitud lo que ocurrió y lo que han padecido las víctimas. Y si es gracias al testimonio de sus protagonistas, mucho mejor.

«Pocos familiares directos de esos desaparecidos viven hoy. Con ellos, la democracia recuperada tras la muerte del dictador ha establecido una enorme e impagable deuda», continúa el documento registrado en el Senado. Este hace referencia al «poco trabajo y espacio político que han dedicado las Cámaras a la desaparición de al menos 114.226 personas que no se encontraban en ninguna guerra».

Un escenario que, para la ARMH, debería marcar la elaboración de una ley que «repite la expresión verdad, justicia y reparación pero que en su texto actual no garantiza la investigación y la difusión de la verdad ni crea herramientas para que se juzguen crímenes terribles, ni tiene previsto indemnizar a las víctimas». Algunas de estas cuestiones ya fueron reclamadas por algunas de las asociaciones memorialistas que participaron en la fase de alegaciones, aunque no todas fueron incorporadas.

Para acompañar el proceso de tramitación en la Cámara Alta y «mejorar» su respuesta a las demandas de las víctimas, la asociación que preside Silva plantea que estas comparezcan ante la Comisión Constitucional del Senado. De esa manera podrán explicar «la dimensión del terror, la violencia franquista y la pervivencia de sus consecuencias en el presente de decenas de miles de familias».

El texto registrado el pasado lunes exhorta a los grupos parlamentarios a garantizar la comparecencia de hijas, nietos o bisnietas de esos desaparecidos con el fin de conocer la realidad de sus familias, de explicar la transmisión generacional de las consecuencias de la violencia fascista y de plantear qué le exigen a las instituciones para terminar con la discriminación entre víctimas de distintas violencias.

Buena cuenta puede dar Fausto Canales. Unos falangistas asesinaron a su padre en Aldeaseca (Ávila) en plena Guerra Civil. A sus 88 años continúa luchando para recuperar sus restos, enterrados «junto a sus verdugos» en el Valle de los Caídos. Tras ganar la batalla legal, Canales y otro medio centenar de familias tendrán que esperar para exhumar los cadáveres porque el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial suspendió la licencia urbanística después de que un juez admitiera a trámite una solicitud de medidas cautelares.

«Víctimas marginadas»

«Las víctimas del franquismo han estado silenciadas. Ese es un efecto más de la impunidad de los crímenes», asegura Silva. El presidente de la ARMH sostiene que estas personas han estado «marginadas» por las instituciones durante décadas. «Es hora de escucharlas». Especialmente, insiste, cuando se está elaborando una ley que «no garantiza su derecho a que se conozca la verdad».

Silva afirma que muchas de esas víctimas «han muerto en silencio, desamparadas por el Estado», incluso después de recuperarse la democracia. Considera que el Senado está «obligado» a escucharlas, sobre todo, después de que en los años ochenta del siglo pasado organizara una comisión para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en América Latina. Y concluye: «Con los 114.226 personas detenidas ilegalmente y asesinadas por los golpistas de 1936 han mirado hacia otro lado».