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El Gobierno usa el Cervantes para difundir la 'memoria democrática' fuera de España

Félix Bolaños mantiene un convenio con Luis García Montero para destinar 330.000 euros a esta materia en países como Francia e Italia

El Gobierno usa el Cervantes para difundir la ‘memoria democrática’ fuera de España

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una exposición destinada a ensalzar la figura de Clara Campoamor.

El Gobierno utiliza el Instituto Cervantes para la «organización de actividades de conmemoración, estudio y difusión sobre la Memoria Democrática española» en países extranjeros. Así es desde que el pasado 15 de marzo el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños firmara un convenio con el organismo público, dedicado en un principio a la enseñanza de nuestra lengua, por un importe de 330.000 euros.

Ese importe está destinado en su totalidad a una exposición sobre Manuel Azaña en Toulouse y París, una Ruta Cervantes de Azaña en París, una exposición sobre Ramón J. Sender en Madrid, una exposición bibliográfica y fotográfica sobre la cartilla escolar antifascista de 1937 en Alcalá de Henares, una exposición sobre los fondos de la Fondazione Feltrinelli en Milán relacionados con el exilio y el antifranquismo y unas jornadas dedicadas a Clara Campoamor.

Estas labores tienen, a priori, un raro encaje con los fines primordiales del organismo público, desglosados en el propio convenio: «Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la mejora de la calidad de estas actividades. En sus actividades, el Instituto Cervantes atenderá fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante».

Esto supone, en opinión de Guillermo Rocafort, abogado y experto en Memoria Histórica, un uso espurio del organismo público. «El Instituto Cervantes debería estar para enseñar el español como idioma, y para difundirlo y mejorarlo en todo el mundo, por ser un elemento común de toda la comunidad mundial hispanohablante, y no para adoctrinar en ideología sectaria del Gobierno de turno», denuncia el también portavoz de la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.

El exdirector del Instituto Jon Juaristi (2001-2004) tilda de «exagerada» la cuantía de 330.000 euros y recuerda que durante su mandato el organismo ya reivindicaba a las figuras de Campoamor o Sender «sin que hiciera falta para ello una memoria democrática». El poeta y ensayista español muestra interés por cómo aborda el Gobierno de coalición el tratamiento de estos personajes, por cuanto «son discutibles dentro de la ortodoxia de la izquierda»: «Clara Campoamor huyó de la Segunda República y defendió el voto femenino, sobre el que la izquierda dijo que ‘no era el momento’».

El Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes fue creado en 1991 con la intención de promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español. Así lo admite la institución pública en su página web, donde dice atender fundamentalmente «al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante». El instituto está presente en 88 ciudades de 45 países, a través de sus centros, aulas y extensiones, por los cinco continentes.

Su director es, desde 2018, Luis García Montero (Granada, 1958), poeta y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, así como habitual colaborador en medios con una marcada línea editorial progresista. Montero también es conocido por haber sido candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2015, así como por haber estado casado con la difunta escritora Almudena Grandes. Su rúbrica es la que aparece en el convenio junto a la del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, exalcalde socialista de Almería y exsenador del PSOE.

Memoria democrática

Por lo expuesto, considera Juaristi, «el sesgo de dichas actividades está legítimamente en entredicho». O lo que es lo mismo, podría hacerse un «uso partidista» de un organismo público que hasta ahora ha buscado siempre ser «apolítico». Máxime teniendo en cuenta que la ‘memoria democrática’ que preconiza el Gobierno de España es la que ha alumbrado una norma que, entre otras medidas polémicas, amplía las violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, bien pasada ya la Transición.

No hay todavía frutos de la aplicación de este convenio en el extranjero, pero por lo pronto ya puede contemplarse la exposición dedicada a Ramón J. Sender en la sede central de Instituto Cervantes en Madrid. Desde el organismo público también adelantan a THE OBJECTIVE que las jornadas dedicadas a Clara Campoamor se celebrarán en el último trimestre de 2022.

Este año, precisamente, se cumplieron 50 años del fallecimiento de la escritora liberal. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, junto a la Biblioteca Nacional de España, la homenajeó con una exposición que fue inaugurada por Félix Bolaños, que aprovechó la ocasión para loar su Ley de memoria Democrática, por cuanto «repara la represión ejercida contra las mujeres durante la guerra y la dictadura».

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la inauguración de la exposición ‘Clara Campoamor Rodríguez: mujer y ciudadana (1888-1972)’, en la Biblioteca Nacional de España (BNE), a 15 de julio de 2022, en Madrid (España).

El ministro de la Presidencia, acompañado por Miquel Iceta (Cultura) e Irene Montero (Igualdad), insistió en que la norma aprobada por el Gobierno de la Nación con sus socios separatistas hace de España «un país mejor porque reconoce el papel de la mujer y la represión que sufrió durante la dictadura», y también un país «más digno porque denuncia la discriminación, toda la situación con tantos problemas que tuvo que afrontar la mujer durante la dictadura, el golpe de Estado y la Guerra Civil».

En opinión de Guillermo Rocafort el convenio rubricado entre el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Cervantes «manifiesta una vez más el uso indebido de parte de la estructura lingüística y cultural de España en el exterior al servicio de su ideología memorialística sectaria», por lo que recomienda a los estudiantes que quieran aprender español, y a sus familias, «que tengan cautela y precaución con las intenciones sectarias que allí se respiran, pues pueden entrar con la ilusión de aprender un idioma mundial y acabar convertidos en fanáticos».

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