La juez cree que a David Sánchez le diseñaron un puesto a su medida para no ir a trabajar
La magistrada Biedma centra los indicios por prevaricación en el contrato de 2017 y en el cambio de puesto en 2022
David Sánchez Pérez-Castejón. | Europa Press
La magistrada que instruye el caso de David Sánchez Pérez-Castejón en el Juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma, cree que al hermano del presidente del Gobierno le diseñaron un puesto a su gusto y para no ir al despacho. La magistrada encuentra que hay indicios criminales suficientes para pensar que la Diputación pacense fue partícipe en darle «apariencia de legalidad» al procedimiento administrativo, que «tuvo como finalidad el nombramiento del señor Sánchez como personal de Alta Dirección».
También cree la juez que esta institución provincial acomodó el posterior puesto de trabajo de coordinador de conservatorios «a sus preferencias profesionales, concretamente a su proyecto de ópera, de forma que no le fuera necesaria la asistencia diaria a su despacho profesional, como al parecer era su intención».
Este pasado miércoles, la juez Biedma firmaba el documento con las últimas diligencias previas del procedimiento judicial que afecta al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En dicho informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, menciona hasta en ocho ocasiones el delito de prevaricación, fundamentalmente por el primer contrato que le hizo la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios en el año 2017 y por la modificación hecha en 2022 nombrándole director de la Oficina de Artes Escénicas y utilizando una figura peculiar: cambio de nomenclatura.
Sostiene el documento que la Diputación actuó pretendiendo dar «apariencia de normalidad a una realidad clamorosa, consistente en que el coordinador de las actividades de los conservatorios ya no realizaba ninguna de las funciones contenidas en su contrato de julio de 2017», como así se desprende claramente de las declaraciones de los directores de los conservatorios y del informe de Manuel Candalija, director del área de Cultura.
Un puesto con apariencia de legalidad
Respecto a este último puesto de trabajo al frente de la Diputación de Badajoz, el informe de la juez incide en la creación de un empleo distinto, y no en un simple cambio de nomenclatura. Un nuevo puesto -subraya- que no se trató en la mesa de negociación colectiva el 25 de octubre de 2022 y tampoco en la Comisión Técnica presidida por Juan Cinta el 27 de octubre del mismo año.
Y ello pese a que entre esas dos fechas, Emilia Parejo y Francisco Martos hicieron una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo el 26 de octubre de 2022 a las 14.50, y a la misma hora, Juan Cinta firmaba -tal y como recogen el intercambio de correos entre estas personas- el informe de legalidad relativo a este cambio de denominación, que entre otras cuestiones elimina la condición de incompatibilidad, lo que no deja de ser «llamativo» para la juez.
Todas las circunstancias relativas a la necesidad de creación del puesto de trabajo del hermano de Sánchez y las relacionadas con el desarrollo del procedimiento -señala la juez Biedma en su instrucción- «son de gran importancia, pues en el delito de prevaricación, y por las especiales características de éste, alcanza alta relevancia la prueba indiciaria, ya que no hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto que la falta de necesidad del mismo».
Con celeridad y urgencia
Muestra también como pruebas indiciarias de delito de prevaricación la celeridad en la provisión del puesto de coordinador de Conservatorios «mediante petición de urgencia -se puede ver en los correos- y sin exclusión de candidatos que no cumplan ab initio los requisitos exigidos para acceder al puesto». Señala, además, que dicha provisión «tenga lugar cuando el candidato al que pretende otorgarse está precisamente buscando trabajo, y el dotar al procedimiento de una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de trámites formales, que en realidad ocultan la intención de satisfacer un interés distinto al general que debe perseguir cualquier actuación de la Administración Pública».
Estos elementos laborales -el primer contrato y la modificación del éste o la creación real de uno nuevo sin pasar por los órganos pertinentes- son los que han determinado que la juez Beatriz Biedma haya desestimado los sobreseimientos solicitados por la defensa de Juana Cinta, Elisa Moriano, Franscisco Martos, Manuel Candalija, Emilia Pareja y Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz, de quien la juez recuerda en su escrito que «la actuación del presidente de la Diputación, al disponer la contratación del Señor Sánchez, si concurren el resto de elementos objetivos y subjetivos de delito, sería constitutiva de prevaricación».
Del Teatro Real a La Moncloa
En cuanto a las diligencias de investigación solicitadas por la acusación popular en el escrito del 20 de enero de 2025, la jueza ha aceptado la declaración testifical de Nersés Avakimyan Gasparov -uno de los aspirantes al cargo de coordinador de conservatorios, profesor de violín en uno de los conservatorios de Badajoz-; así como la declaración de Javier González Pereira, Ángel Seco y Luis María Carrero, el asesor de Pedro Sánchez en Moncloa que desde el palacio de Presidencia colaboraba con los temas operísticos de David Sánchez y que hace pocos meses fue contratado por la Diputación de Badajoz.
Además, también ha considerado procedente la juez la declaración de Álvaro Jaén, diputado por Podemos en 2017 y una de las personas que denunció el contrato de David Sánchez Pérez-Castejón. De igual modo, ha solicitado al letrado Mendoza, de la Diputación de Badajoz, los informes periódicos del grado de consecución de los objetivos programados por el músico.
Dado el contenido de los correos analizados, la magistrada le ha pedido al Teatro Real de Madrid cualquier información relativa a David Sánchez Pérez-Castejón sobre sus cargos en esta institución, las posibles remuneraciones o los acuerdos o convenios alcanzado con el Teatro Real. De igual modo, le ha pedido al Palacio de la Moncloa un informe sobre los puestos que Luis María Carrero ha desempeñado allí, con fecha de inicio y facilitación de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral.
Sin geolocalización y sin Hacienda
La juez Beatriz Biedma no ha tenido a bien, sin embargo, aceptar la petición de geolocalización del teléfono del móvil del hermano del presidente del Gobierno para rastrear sus movimientos. La acusación quería comprobar si verdaderamente ha vivido y vive en Portugal.
Tampoco ha considerado la juez que sean útiles las declaraciones testificales de Fátima del Pozo ni de Álvaro Pujol, pues -destaca- «el lugar de residencia fiscal del Sr. Sánchez únicamente era útil a los efectos de determinar la existencia de un delito contra la Hacienda pública»
