Los jueces se quejan de que el CGPJ sigue politizando los nombramientos del Supremo
Las asociaciones críticas consideran que el órgano de gobierno de los jueces ha hecho «un reparto de cromos»
Pleno del CGPJ el pasado miércoles. | Consejo General del Poder Judicial
Los primeros nombramientos para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo han soliviantado a buena parte de la carrera judicial. Los jueces consultados por THE OBJECTIVE se quejan de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue politizando estas designaciones. De los 21 magistrados promocionados al Alto tribunal, solo tres no pertenecen a ninguna asociación judicial, cuando los no afiliados suponen el 42% del total. «Si el reparto hubiese sido equitativo, habrían copado nueve plazas», señala un veterano magistrado. Las mismas que ocuparán miembros de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
El Pleno del CGPJ realizó el 29 de enero un total de 32 nombramientos de cargos judiciales por unanimidad. De estos, 21 corresponden al Supremo, que contará con ocho nuevas magistradas. Estas incorporaciones suponen casi duplicar la presencia de mujeres en el Alto tribunal, que pasan de 10 a 18.
Las plazas estaban vacantes desde marzo de 2021, cuando el Gobierno aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impedía efectuar nombramientos discrecionales mientras el órgano de gobierno de los jueces tuviera caducado el mandato de cinco años que establece la Constitución. El CGPJ todavía debe designar a otros 10 magistrados para el Supremo.
Unanimidad en el CGPJ
Asociaciones y jueces claman contra lo que consideran «un reparto de cromos». Luis Ortiz, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sostiene que las designaciones del pasado 29 de enero «no se corresponden con la realidad de la carrera judicial». En esa dirección apunta Foro Judicial Independiente (FJI): «Llevamos años criticando que el nombramiento de los altos cargos judiciales esté vinculado inescindiblemente al reparto por los partidos políticos de los vocales del CGPJ, dado que son quienes les nombra».
En una nota difundida por FJI se recuerda que PP y PSOE firmaron el pasado junio un acuerdo con sus candidatos a vocales del CGPJ «hurtando nuestra legítima aspiración a elegir, al menos, a la mayoría de quienes componen nuestro órgano de gobierno». La asociación que lidera Fernando Portillo asegura que este no era «un buen presagio» para lo que iba a venir a continuación. Y de aquellos lodos, estos polvos.
«La unanimidad alcanzada, con ser un valor en sí mismo, demuestra, sin embargo, que las plazas se han negociado en bloque para un mejor reparto entre los dos grupos del CGPJ, sacrificando en el altar del consenso el necesario examen particular y diferenciado de cada plaza», insiste el FJI. En su opinión, «hay que ser ciego para no ver la existencia de un circuito privilegiado, una ruta de acceso que no todos en la carrera judicial quieren o pueden emprender para llegar a los altos cargos de la magistratura».
El Servicio de Estadística del CGPJ cifra en 5.416 los jueces y magistrados que existen en nuestro país. El 42% no está asociado. «Si se hubiese hecho un reparto equitativo de plazas en el Supremo, los magistrados sin alineación habrían copado nueve de las 21 plazas en liza, pero solo han obtenido tres», destaca un magistrado con décadas de servicio. La APM tendrá nueve representantes y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se queda con cinco.
Plan de igualdad
Solo uno de los elegidos está ligado a la Francisco de Vitoria, mientras que la asociación que lidera Portillo no consigue situar a ningún miembro. Unas cifras que no se corresponden con el peso de estas organizaciones. La APM cuenta con 1.412 miembros. Le sigue la AJFV con 933 socios (la que más creció el último año); JJpD con 436; y el FJI, que alcanza los 342 asociados.
«Entre los magistrados nombrados hay gente con méritos incuestionables. No lo ponemos en duda, pero parece que unos valen más que otros. Dedicarse a poner sentencias durante años no es suficiente. Muchos de los designados han seguido un circuito de cargos innecesario para la valía de un juez», lamenta Portillo. En su opinión, es necesario «objetivar los nombramientos».
Portillo explica que esos nombramientos «no tienen por qué ser 100% discrecionales, pero es necesario cambiar los criterios para cumplir el propio plan de igualdad del CGPJ». Sostiene que por la discrecionalidad que ha aplicado el órgano de gobierno de los jueces «la mujer ha estado históricamente infrarrepresentada» en el Supremo. Ortiz, de la AJFV, también apuesta por cambiar la fórmula para «respetar los principios de mérito, capacidad e igualdad».
