La Fiscalía avaló un pacto para excarcelar al narco que incriminó al abogado de Puigdemont

El juicio contra Sito Miñanco se reanuda este lunes. Se suspendió hace dos semanas, después de que el histórico narcotraficante gallego se negara a declarar antes de que se practicaran las pruebas periciales. Entre los 45 investigados por la Audiencia Nacional se encuentra Gonzalo Boye. El abogado de Carles Puigdemont fue acusado por un miembro de la organización, Manuel Andrés Puentes Saavedra, de blanquear dinero. La incriminación se habría realizado tras recibir la visita de la Policía en prisión proponiéndole un acuerdo, según reconoce su letrado en un audio. La Fiscalía avaló la excarcelación del narco.

«Que se modifique la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza, atendiendo a los argumentos relacionados, así como al contenido de su declaración prestada el 24 de julio en sede judicial, de la que se desprende un reconocimiento de los hechos que se le imputan», manifestó el Ministerio Público el 5 de agosto de 2019. Ese mismo día, Puentes Saavedra abandonaba la cárcel. El fiscal encargado del caso, Ignacio de Lucas, hermano de un antiguo senador del PSOE y cercano al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue nombrado fiscal europeo en julio de 2023.

El abogado de Puigdemont se enfrenta a una petición del Ministerio Público de nueve años y nueve meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Puentes Saavedra, también imputado, señaló en su declaración judicial a Boye por lavar dinero. Lo hizo en la segunda versión que ofreció, ya que en la primera no había mencionado al colaborador del expresidente de Cataluña.

Colaborador de Miñanco

Puentes Saavedra es uno de los colaboradores más cercanos de Miñanco. De hecho, jugó un papel relevante en la red de narcotráfico desarticulada en febrero de 2018 por la Policía Nacional. Los investigadores le consideran uno de los operadores logísticos de la organización. Cuenta con un largo historial delictivo, incluidas varias condenas. Ahora, la Fiscalía pide para él 10 años de prisión por ocultar beneficios ilícitos a través de su empresa Complutun Seguridad Internacional.

El colaborador de Miñanco fue detenido en el marco de la Operación Mito en febrero de 2018, durante las redadas masivas. Las investigaciones incluyeron escuchas telefónicas y seguimientos que revelaron que era una figura clave en la red, por lo que fue enviado a prisión preventiva. Puentes Saavedra quedó en libertad el 5 de agosto de 2019 con el informe favorable de la Fiscalía, apenas unos días después de una declaración en la que habría incriminado al abogado de Puigdemont.

Boye, antiguo letrado de Miñanco, está acusado de ayudar a elaborar documentos falsos para justificar la procedencia de los 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017, cuando varios colaboradores del histórico narcotraficante gallego trataban de trasladar el dinero en varias maletas hasta Colombia. El abogado de Puigdemont argumenta que solo participó ofreciendo asesoramiento legal.

La imputación de Boye tuvo lugar tras la confesión de Puentes Saavedra. Un extremo que certifica su abogado, Jesús Prieto, que admite en un audio que su cliente le contó que recibió varias visitas de la Policía mientras estaba en prisión y que «le habían ofrecido la libertad». Días después de incriminarle, abandonó la cárcel. La grabación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está en posesión de la Audiencia Nacional.

Boye apunta al fiscal

La prueba fue grabada por el propio Boye el 4 de enero de 2023, mientras hablaba en los pasillos de la Audiencia Nacional con el abogado del colaborador de Miñanco. «A ver, la Policía le ofrece hacer un trato…», comenta el colaborador de Puigdemont. Prieto responde que su cliente le reveló que varios agentes habían ido a verle a la prisión de Segovia «y ahí fue cuando cambió la declaración. Y después salió a las dos semanas». Durante el juicio, el letrado reconoció la conversación.

En el documental El enemigo público, estrenado en octubre, Boye responsabiliza de lo sucedido al actual fiscal europeo Ignacio de Lucas. En su opinión, un pacto como el que benefició a Puentes Saavedra no depende de la Policía. Cuando se preguntó en sede judicial al colaborador de Miñanco si los agentes fueron a verle a prisión con el objetivo de que cambiara su versión a cambio de la libertad, este se acogió a su derecho a no declarar.

Tras el testimonio inculpatorio, la Policía entró en el despacho de Boye en octubre de 2019 y copió los datos de su móvil y de su ordenador desde 2010, a pesar de que la investigación se inició en 2016. La defensa del letrado sostiene que se trata de «una causa general». La socia del despacho de Boye, Isabel Elbal, negó en el juicio que el abogado de Puigdemont blanqueara dinero. Afirmó que solo realizó una labor profesional para un colaborador de Miñanco en la que acordaron cobrarle «el 15%» de la cantidad que se recuperara.

«Le pedimos documentación para acreditar ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) el origen y el destino del dinero intervenido y avanzó que la tenía, que procedía de una compraventa de unas letras y que viajaba a Colombia para cerrar un negocio ya comprometido», afirmó Elbal.

La Fiscalía pide para Miñanco 31 años de cárcel y 950 millones de multa por tratar de introducir cuatro toneladas de cocaína en España y por un delito de blanqueo de capitales. La investigación de la Operación Mito se desarrolló entre 2016 y 2018, cuando el principal acusado vivía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir otra condena. Las escuchas telefónicas demostraron que seguía en el negocio del narcotráfico a pesar de disfrutar de un tercer grado.