Investigan a un cargo del ministerio de Ribera por retirar la licencia a una operadora de fuel
Biomar le acusa de prevaricación administrativa, aunque Cabo sostiene que la operadora incumplía los requisitos
José Luis Cabo durante su declaración el pasado 24 de octubre. | THE OBJECTIVE
La Justicia investiga si el Ministerio de Transición Ecológica retiró a Biomar la licencia como operadora de hidrocarburos de forma negligente. La empresa se querelló contra el departamento que entonces dirigía Teresa Ribera tras solicitar en varias ocasiones los certificados de biocarburantes que permiten seguir operando. Los datos desaparecieron de la plataforma Sicbios hasta en dos ocasiones. Uno de los querellados es el subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo, que declaró el pasado 24 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, donde reconoció la existencia de «un problema informático».
Biomar presentó el pasado junio una querella contra Cabo, al que acusa de un delito de prevaricación administrativa. La empresa fue inhabilitada ese mismo mes y perdió la licencia de hidrocarburos en octubre. Lo hizo tras no registrar en tiempo y forma los certificados de biocarburantes, que acreditan que el 10,5% del carburante que se vende es de origen verde (aceites de cocina usados, cultivos agrícolas, grasa de cerdo…).
A pesar de ello, la ley contempla una excepción para aquellas empresas que no han podido cumplir o acreditar ese porcentaje. En su lugar, pueden realizar un pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado no aportado. Biomar acumuló una deuda superior a los 200 millones de euros que le condenó al concurso de acreedores. El Gobierno endureció la normativa a finales de 2023 para poner coto al fraude, que se había disparado en el sector. La Guardia Civil ha investigado diez casos en los últimos años.
Subordinado de Ribera
La compañía que representa el abogado Juan Antonio Molina pidió sin éxito en varias ocasiones al departamento de Ribera los certificados de biocarburantes. La hipótesis de Biomar es que Sicbios eliminó los datos, aunque el ministerio argumenta que se trató de un error informático, por lo que prorrogó el plazo 48 horas. Sin embargo, la información volvió a desaparecer.
La operadora de hidrocarburos acusa directamente a Cabo, que fue el encargado de firmar el oficio que la inhabilitó. Por eso, en su querella, admitida a trámite en agosto, solicitaba que el entonces subordinado de Ribera fuese a declarar porque su explicación resultaba «fundamental» para el esclarecimiento de los hechos denunciados. «Como autor de la resolución impugnada, su testimonio es crucial para comprender las motivaciones y fundamentos que llevaron a la emisión de dicha resolución».
Cabo es la persona que firmó la comunicación que concedió la licencia a Villafuel, la empresa con la que Víctor Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado 231 millones de euros. El subdirector de hidrocarburos con Ribera, que sigue en su puesto, declaró como querellado el 24 de octubre. Durante su intervención aseguró que solo firmó el oficio de inhabilitación, ya que Biomar no cumplía los requisitos legales para operar en el sector, algo que valoraron los técnicos de Transición Ecológica.
Durante su declaración insistió en que los certificados no fueron eliminados, sino que hubo un problema informático, por lo que se pidió a Biomar que remitiera de nuevo los datos, aunque con un margen de 48 horas. Cabo aseguró que en ese momento se encontraba de baja, por lo que desconoce los detalles de lo que sucedió, indican a THE OBJECTIVE fuentes presentes en el interrogatorio. El subdirector de hidrocarburos reveló que la consultora que representa a la operadora incluso se confundió, enviando los datos de otra firma.
Pérdida de licencia
El subordinado de Ribera aseguró en sede judicial que no tuvo participación en el proceso de Biomar y que, además de ese oficio, rubricó otros 73 que dejó sin autorización para operar al mismo número de operadoras. No obstante, «no comprobé personalmente el contenido de qué requisitos se incumplían». En el caso de la firma que representa Molina, admitió que «faltaba un requisito fundamental: la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes».
El pasado 24 de octubre también declaró Juan Antonio Molina en representación de Biomar. El querellante se quejó de que la empresa se encuentra en concurso de acreedores tras «una decisión injusta» de Cabo. En su lugar, la resolución se tomó sobre la base de «criterios irregulares», ya que llega después de que desaparecieran los datos de la plataforma, una circunstancia que en su opinión debe ser investigada.
«Cabo nos llevó a la quiebra», insistió Molina ante la juez. El representante de la operadora de hidrocarburos reconoció que no saben quién dio la orden, aunque apuntó a Manuel García Hernández, director de hidrocarburos y superior del querellado, que fue la persona que firmó el oficio. El querellante también se quejó ante la juez de que recurrieron la desaparición de los datos, que pidieron información sobre el asunto y que hasta el momento no la han recibido, a pesar de haberlo hecho por vía judicial.
Las cuentas de Biomar se multiplicaron en un breve periodo de tiempo. De 2021 a 2022, su facturación pasó de 25 a más de 1.000 millones de euros. La operadora apuntaba a duplicar ingresos en 2023, según indicó Molina durante su declaración. El crecimiento de las ventas llamó la atención de las autoridades tributarias, aunque tampoco ayudó el cambio de propiedad de la operadora, que puso el foco del negocio en el ámbito nacional.
