La Justicia exigió siete veces a Ribera que explicara la sanción a una operadora de fuel
La operadora Biomar fue inhabilitada ante la imposibilidad de realizar un pago compensatorio de 200 millones de euros
La exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
La Justicia exigió hasta en siete ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica que explicara la sanción a una operadora de hidrocarburos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo cinco reclamaciones y la Audiencia Nacional otras dos entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. La empresa Biomar reclamó a través de ambos órganos judiciales que el departamento que entonces lideraba Teresa Ribera detallara cómo calculó el precio de los certificados de biocombustibles que deben pagar aquellas operadoras que incumplen el mínimo verde (10,5% en ese momento) que establece la ley.
Biomar fue inhabilitada el pasado junio y perdió la licencia de hidrocarburos en octubre por no poder hacer frente a un pago compensatorio de 200 millones de euros tras ser acusada por el departamento que lideraba Ribera de incumplir las mezclas de combustibles. La empresa registró los datos en la plataforma Sicbios en dos ocasiones, pero en ambas desaparecieron, por lo que presentó una querella contra el subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo, al que acusa de prevaricación administrativa.
La ley contempla una excepción para aquellas empresas que no cumplan o acrediten el porcentaje de carburante verde que venden. En su lugar, pueden realizar un pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado no aportado. Biomar acumuló una deuda que le condenó al concurso de acreedores. El Gobierno endureció la normativa a finales de 2023 para poner coto al fraude, que se había disparado en el sector. La Guardia Civil ha investigado diez casos en los últimos años.
El departamento de Ribera
La operadora comenzó una batalla en septiembre de 2023 para conocer los criterios que habían llevado al Gobierno a aumentar el precio de los certificados de biocarburantes en 1.623 euros. Precios que, según explican desde la empresa, son muy superiores a los del mercado, que estiman en unos 300 euros.
Transición Ecológica se escuda en la ley. Para ello señala la resolución de 17 de diciembre de 2021, en la que se actualizó la cifra, y la orden publicada el 16 de julio de 2024 en la que se especificó el nuevo precio. Hay críticas contra Sicbios, la plataforma a la que se deben subir los certificados que acreditan que ese combustible cuenta con cultivos agrícolas u otros residuos, por ser poco accesible. También están en la diana las multas «provisionales» en el fondo de compensación por no alcanzar durante un trimestre el biocombustible exigido. El importe se devuelve a la empresa cuando cumple, pero después de un periodo de revisión de unos dos años.
Biomar solicitó información en septiembre de 2023 a Transparencia sobre el motivo por el que Transición Ecológica elevó el precio del pago compensatorio, aunque sin éxito. Eso llevó a la operadora a iniciar la vía judicial. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, el TSJM y la Audiencia Nacional exigieron conocer los criterios en los que se basó el Gobierno para multar a las empresas hasta en siete ocasiones.
En el primer requerimiento, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023, el TSJM solicita la información a Transición Ecológica «en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en su registro general del expediente administrativo». Unos meses después, el 11 de enero, por medio de una diligencia de ordenación, dio un plazo de diez días al departamento de Ribera para remitir la información solicitada. El 12 de febrero de ese mismo año, insistió en la información y dio un plazo de diez días. Casi dos meses después, el 18 de abril, instó nuevamente sin éxito.
Sanciones por no informar
El 28 de mayo de 2024, el TSJM, por medio de una nueva diligencia de ordenación, requirió otra vez documentación al respecto, pero esta vez amenazó con una sanción. «Advirtiendo de que si no se verificaba en el plazo indicado se impondría una multa de entre 300 a 1.200 euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento advirtiéndose además también a la Administración demandada que la multa será reiterada cada veinte días hasta el cumplimiento de lo ordenado». El 8 de julio y el 16 de octubre la Audiencia Nacional también pidió a Transición Ecológica que le remitiera la información.
La empresa señala que presentó múltiples solicitudes de expedición de certificados de biocarburantes ante la Subdirección General de Hidrocarburos en el primer semestre del pasado año. No obstante, todas las solicitudes fueron eliminadas de la plataforma del Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (Sicbios) «sin justificación», empujando a la compañía a enviar de nuevo la documentación fuera de plazo, aunque con el permiso del Ministerio.
El departamento que lideraba Ribera reconoció el error informático y le prorrogó el plazo durante 48 horas. Sin embargo, el pasado 31 de mayo la Secretaría de Estado de Energía emitió una resolución en la que se rechazaban las solicitudes de Biomar porque «faltaba documentación». Un escenario que causó que la operadora de petróleo tuviese que llevar a cabo un desembolso millonario por pagos compensatorios que le llevó a concurso de acreedores.
La operadora acusa al subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo, de llevarle «a la quiebra». En su querella, admitida a trámite en agosto, solicitaba que el entonces subordinado de Ribera fuese a declarar porque su explicación resultaba «fundamental» para el esclarecimiento de los hechos denunciados, ya que fue el encargado de firmar el oficio que inhabilitó a la empresa, decisión que consideran «injusta». En su testimonio en sede judicial, Cabo afirmó que fueron los técnicos quienes constataron que incumplía los requisitos legales.
