La Justicia tumba el plan de la Guardia Civil para reorganizar los cuarteles de la España rural

Varapalo judicial a la Dirección General de la Guardia Civil. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el plan que el departamento dirigido por Mercedes González aprobó en diciembre de 2023 a través de una orden general para reorganizar el personal de los puestos rurales en el instituto armado, habida cuenta del déficit de agentes que existen en las zonas rurales. Entre las medidas más polémicas estaba la de que los jefes de los puestos y acuartelamientos desempeñasen, además sus funciones de gestión y organización, labores de seguridad ciudadana, es decir, patrullar y resolver incidencias en la calle. 

La asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, Jucil, recurrió esta disposición, y ahora la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha estimado su demanda anulando la orden general, que ya se había impuesto en distintas compañías y puestos territoriales. Además de los cambios que suponía en la estructura operativa y organizativa, esta organización motivó su recurso en un error de procedimiento. A su juicio, la Dirección General había aprobado el plan mediante una orden general cuando «tenía carácter normativo», y por este motivo, había «omitido trámites esenciales» como el de consulta e información pública, o el informe sobre el impacto en las familias. 

La Abogacía del Estado se opuso a la admisión de trámite del recurso argumentando que «con independencia de su denominación, tenía naturaleza estrictamente organizativa y no normativa» y, de este modo, la orden general, «no rebasaba, creaba o innovaba el ordenamiento jurídico existente». El tribunal, sin embargo, rechaza la tesis de la Abogacía y señala que «no se trata de una mera instrucción de servicio que se limita a orientar la actividad de los órganos subordinados (…), sino que persigue modificar el contenido y las referencias normativas» sobre este asunto hasta la fecha. 

«Pretende incluir regulación…»

En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el TSJM justifica a través de distinta jurisprudencia que la orden general «pretende incorporar regulación en cierto detalle con repercusión sobre el personal, al que se extiende expresamente su ámbito de aplicación (…). Lo que lleva «razonablemente a concluir que constituye una disposición de carácter general con alcance y significación para los guardias civiles que pudieran resultar por ellas afectados». Es decir, que puede afectar a los derechos laborales de los agentes. Por lo que, señalan los jueces, «no procede, entendemos, sino su anulación».

En cualquier caso, el tribunal deja abierta la futura aprobación del plan organizativo en las zonas rurales como «norma jurídica de ámbito reglamentario». De este modo, por ahora las compañías territoriales no podrán seguir empleando, por ejemplo, la figura de las «áreas fantasmas» para suplir el déficit de agentes en las unidades de seguridad ciudadana. La orden permitía a la autoridad responsable de los servicios operativos de las unidades de la Guardia Civil constituir estas estructuras para dar respuesta específica a la problemática de seguridad a partir de personal comisionado en las citadas secciones. 

Desde Jucil criticaban que esta medida mermaba el potencial del servicio en el que trabajaban los agentes comisionados, ya de por sí faltos de guardias civiles, y, por este motivo, solicitan la creación de unidades en el catálogo de puestos de trabajo. También rechazan la idea de que los responsables de las compañías compaginen su labor con la de seguridad ciudadana u otros cometidos cuando no haya agentes suficientes para desarrollar estos trabajos. El plan de Interior era que por la mañana hicieran labores de gestión y, por la tarde, patrullasen la demarcación en cuestión.

«Coordinadores de servicio» en la Guardia Civil

«Todo el personal del empleo de cabo y superior, y de estos, solo de forma excepcional quienes ejerzan la Jefatura de las unidades, podrán dirigir, coordinar o impulsar aquellos servicios, dispositivos operativos específicos o áreas concretas de responsabilidad que se les encomienden por las unidades territoriales de las que dependen. En aquellas unidades en los que el potencial operativo lo haga eficaz para el servicio y conjuntamente se facilite la conciliación de la vida familiar y profesional, se podrán adaptar medidas de coordinación funcionar y territorial entre los diferentes efectivos de la compañía de cabo y superior». 

«La medida de creación del coordinador de servicio influye negativamente en la conciliación de la vida familiar y profesional: es asumir más funciones sin ningún tipo de beneficio, aumentando la carga de trabajo. Por otra parte, los comandantes de puesto tienen demasiados cometidos que cumplir como para hacerse cargo de coordinadores de servicio», critica la asociación mayoritaria.