El Supremo reprocha a García Ortiz que «haya hecho desaparecer pruebas» de su móvil

Rapapolvo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. El juez Ángel Hurtado ha dictado este martes un nuevo auto en el que señala como «una evidencia» que Álvaro García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» y que podrían incriminarle. El magistrado atiende parcialmente la solicitud del jefe del Ministerio Público y determina que las acusaciones y defensas solo podrán acceder de forma presencial a los anexos de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Hurtado reconoce que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar», pero matiza que «tampoco se debe ignorar» en el desarrollo de una instrucción penal. El magistrado insiste en que es una evidencia que García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas que podrían incriminarle en el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado tras la denuncia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Hurtado también señala que, aunque García Ortiz «ha dado distintas explicaciones» sobre la eliminación de estas pruebas, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición». El magistrado añade que lo hizo el 16 de octubre de 2024, un día después de que el Supremo se declarara competente para investigar el caso.

Los mensajes de García Ortiz

El magistrado destaca que ante esa desaparición, se ha acordado la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas. Argumenta que para eso «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva». En ese proceso, subraya, el propio investigado debía haber considerado «la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros», los cuales podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

El análisis del teléfono móvil del fiscal general reveló que existían «cero mensajes» entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave de la filtración. Eso, a pesar de que García Ortiz se cruzó mensajes con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, según evidencia el análisis de los terminales incautados por la Guardia Civil a esta última. También se comunicó con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que aportó los mensajes al inicio de la investigación y que ha declarado como testigo.

Esta es la primera vez que Hurtado se manifiesta sobre la decisión de García Ortiz de borrar el contenido de su teléfono móvil cuando ya estaba siendo investigado. El fiscal general declaró el pasado 29 de enero ante el juez que ha cambiado seis veces de terminal en los casi cuatro años que lleva al frente de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía excusó a García Ortiz explicando que los datos se eliminan de forma periódica, ya que cuentan con información sensible que afecta a multitud de investigaciones e instituciones del Estado. El magistrado cuestiona esa explicación en el auto de este martes, en línea con otros fiscales que han declarado como testigos en el Supremo, que negaron la existencia de ese protocolo de borrado.

Filtraciones a medios

Durante su declaración, García Ortiz cargó contra el juez instructor, al que acusó de estar «predeterminado», por lo que tendría clara su decisión final una vez finalizadas las pesquisas. De hecho, se negó a responder sus preguntas de Hurtado. También esgrimió que el registro de su despacho el pasado 30 de octubre fue «una entrada invasiva de derechos fundamentales». Una decisión que recurrió, aunque sin éxito. La semana pasada, la Sala de Apelaciones del Supremo rechazó por unanimidad los recursos del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado.

En el auto de este martes, Hurtado acuerda que las partes solo puedan acceder a los anexos de los informes elaborados por la UCO de forma presencial, en el propio tribunal. El fiscal general ya denunció que las filtraciones a los medios de comunicación daban una publicidad parcial y sesgada, pero el pasado 3 de febrero el magistrado se negó a limitar las informaciones en prensa. El juez instructor, en cambio, mantiene las comisiones rogatorias a Whatsapp y Google para recuperar los mensajes y cuentas eliminadas.