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La juez que investiga a un cargo de Bolaños se alinea con Sánchez contra la acusación popular

Advierte a Manos Limpias de la existencia de «voces» que demandan limitarla para evitar intereses «espurios»

La juez que investiga a un cargo de Bolaños se alinea con Sánchez contra la acusación popular

Aitor Cubo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz

Toque de atención a Manos Limpias. La juez que investiga a un alto cargo del Ministerio de Justicia por la manipulación de un audio en sede judicial ha aceptado que se persone en la causa, pero le exige una fianza de 5.000 euros. El sindicato presentó un recurso para disminuir la cantidad, pero la magistrada Susana Trujillano ha desestimado la petición. Además, le recuerda que el papel de la acusación popular puede variar si sale adelante una proposición de ley del PSOE, alineándose con la postura del Gobierno. Este jueves, Félix Bolaños auguró que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) tendrá lugar en los próximos meses.

Manos Limpias solicitó el pasado verano personarse como acusación popular en la causa que investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la manipulación del audio de un menor que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022. Un procedimiento en el que está investigado el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, subordinado de Bolaños.

La titular de Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid dictó una providencia el 30 de agosto exigiendo a Manos Limpias una fianza de 5.000 euros como condición para personarse en la causa contra el alto cargo de Bolaños. La decisión contó con el visto bueno de la Fiscalía. Dos semanas más tarde, el sindicato interpuso un recurso de reforma para conseguir reducir esa cantidad económica, extremo al que se opone Trujillano.

Bolaños y la reforma

El artículo 125 de la Constitución establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en un procedimiento penal mediante la acción popular a pesar de que no sea la víctima del delito. Esta figura está recogida en el artículo 202 de la LeCrim, que establece que la acción penal es pública y todos los españoles pueden ejercerla conforme a sus preceptos 101 y 102, que ahora quiere reformar el PSOE para evitar su «instrumentalización».

Trujillano reconoce que la acusación popular es una manifestación del principio democrático que debe garantizar la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. «Es sabido que, de todo delito público, nace una acción particular que corresponde a los perjudicados (…) y una acción pública que corresponde a todos los ciudadanos españoles», señala el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que desestima la petición de Manos Limpias.

La magistrada explica en el texto que el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) regula la acción popular y menciona jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, sostiene que «junto a esa flexibilización en la interpretación legal hay que ser igualmente consciente de que, en la actualidad, surgen voces que demandan una regulación restrictiva de la acción popular, ya que los móviles espurios o la instrumentalización del proceso con fines oportunistas que puede guiar esa personación es igualmente rechazable».

La titular del juzgado que investiga a un alto cargo de Bolaños da voz a las intenciones del PSOE de limitar la acción popular. Los socialistas registraron el pasado enero en el Congreso una proposición de ley para poner coto a esta figura, la misma que ha motivado las investigaciones contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, que se originó precisamente tras una denuncia de Manos Limpias.

Rechazo de las asociaciones

La iniciativa ha sido criticada por todas las asociaciones de jueces, incluidas las afines a la izquierda. La proposición de ley incorpora una disposición transitoria única que dejaría sin efecto los procesos abiertos, lo que «afecta gravemente a la exigencia de que no se puede legislar sobre casos ya en curso», recalcan las asociaciones. Los tribunales cercan al entorno de Pedro Sánchez. Un juzgado de Madrid investiga a su esposa por cuatro delitos y otro hace lo propio contra su hermano en Badajoz.

Trujillano se alinea con el Gobierno al aludir en su auto a una normativa que aún no está en vigor, algo que los juristas califican de «excepcional». Lo hace para recordar a Manos Limpias que ejercer la acusación popular no significa desarrollar «una participación ilimitada, sino que está sometida al control judicial». La magistrada que investiga a un alto cargo de Bolaños señala que la fianza fijada «no es elevada» y afea a los recurrentes que no hayan acreditado «siquiera indiciariamente la desproporción».

Las asociaciones judiciales rechazan de plano la proposición de ley que propone limitar la acción popular. Este jueves, Bolaños volvió a cargar contra ella en la comisión de Justicia del Congreso. El dirigente socialista insistió en su compromiso de reformar la normativa al considerar que esta figura «es un nido de filtraciones, denigración, denuncias falsas basadas en noticias también falsas y persecuciones».

Bolaños también denunció la «instrumentalización» que en estos momentos se está realizando con la Justicia para «intimidar» a los rivales políticos y a sus familias. Sin embargo, el ministro no se ha pronunciado aún sobre el proceso abierto contra Cubo. La juez decidió investigar en abril al director general de Transformación Digital por la manipulación de la declaración de un menor en un proceso de custodia en marzo de 2022.

El audio fue adulterado con un «ruido rosa», según un informe forense solicitado por la acusación. La Guardia Civil entregó el pendrive con el audio el 2 de noviembre de 2023, pero el dispositivo ha desaparecido del juzgado. Manos Limpias denunció en enero ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «el robo» de esta prueba clave y solicitó sanciones tanto para la juez como para el letrado de la Administración de Justicia por faltar al deber de custodia, «una falta disciplinaria muy grave» que puede acarrear penas de prisión de hasta cuatro años, según el artículo 413 del Código Penal.

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