Cuatro comunidades ocultan al juez a qué empresas compraron mascarillas en pandemia
Aragón, Cantabria, Asturias y Extremadura retrasan la entrega de la información solicitada por la Audienca Nacional

Una enfermera con mascarilla.
Aragón, Cantabria, Asturias y Extremadura ocultan al juez si acudieron al polémico Acuerdo Marco para comprar mascarillas y batas durante la vigencia de este (noviembre de 2020 a diciembre de 2021) como obligaba el contrato, o si bordearon el megacontrato de Illa comprando a través de otros procesos de contratación, como hizo el Gobierno de Canarias, entonces capitaneado por el ahora ministro Ángel Víctor Torres. Ceuta y Melilla tampoco han presentado dicha información, solicitada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional, tras una demanda de una de las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ante la opacidad de las adjudicaciones concedidas.
En el auto –de diciembre de 2023 y al que ha tenido acceso este diario en exclusiva–, el Juzgado exige tanto al Ingesa como a las Comunidades Autónomas y demás entidades adheridas a los lotes 1 (bata quirúrgica ) y/o 7 (mascarillas quirúrgicas) que certifiquen «el número de contratos basados que se adjudicaron en los Lotes 1 y 7, desde la formalización del Acuerdo Marco hasta la fecha de su terminación», así como «el número de contratos que se adjudicaron por fuera del Acuerdo Marco en relación con los productos incluidos en los Lotes 1 y 7 desde la formalización del Acuerdo Marco hasta la fecha de su terminación».
Más de un año después del inicio de la fase de prueba, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura, Ceuta y Melilla no han presentado la documentación solicitada. Con lo cual, la empresa demandante, que exige ser reparada por daños y perjuicios, se ha visto obligada a enviar otro escrito de impulso por dilaciones indebidas.
El fiasco del ‘megacontrato’ de Illa
De noviembre de 2020 a diciembre de 2021, el entonces responsable del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, puso en marcha un Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros con el supuesto objetivo de intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario. Sin embargo, las regiones apenas hicieron uso del él (solo un 6%, según estimaciones del sector), dejando a decenas de empresas colgadas con millones de productos comprados, ya que los adjudicatarios estaban obligados por contrato a estar siempre aprovisionados de stock suficiente.
Como contó este medio en exclusiva, la Reserva Estratégica contaba con casi 600 millones de mascarillas justo cuando entró el vigor el Acuerdo Marco. Con lo cual, muchas regiones, en ese periodo de tiempo, fueron abastecidas directamente por el Ingesa con material que había sido adquirido mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- antes de la entrada en vigor del megacontrato público.
En total, el organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad repartió 126.730.000 de mascarillas a las comunidades autónomas con el megacontrato público ya en vigor, impidiendo a estas acudir al convenio para la compra de material sanitario, ya que eran abastecidas de forma gratuita por el departamento de sanidad. Fue el caso, por ejemplo, de La Rioja, Castilla La Mancha y Castilla y León, que pese a haberse adherido a la compra de los lotes 1 y 7 del Acuerdo Marco nunca acudieron a él para acopiarse de batas y mascarillas quirúrgicas. Así se desprende de los informes enviados por los gobiernos de estas regiones al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los servicios de salud de estas regiones manifiestan que no adjudicaron «ningún contrato basado en el Acuerdo Marco de referencia» ni tampoco «por fuera» de él desde la formalización del mismo hasta la fecha de su terminación, ya que todas las mascarillas quirúrgicas fueron suministradas «directa y periódicamente por el Ingesa, sin cargo».
El caso de Canarias
Canarias sí compró miles de batas y mascarillas, pero lo hizo a través de otros procesos de contratación a precios desorbitados bordeando el Acuerdo Marco y en contra de las disposiciones legales establecidas. Según la documentación en posesión de este periódico y firmada por el actual director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Sebastián Fuentes Tarajano, «durante el periodo comprendido entre el 02/12/2020 y el 02/12/2021 para el Lote 1 (Bata quirúrgica no estéril, desechable, prestación estándar (normativa productos sanitarios) y durante el periodo 21/12/2020 hasta 21/12/2021 para el Lote 7 (Mascarillas quirúrgicas Tipo II y Tipo IIR), no se adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco 2020/070 de suministro de material sanitario para hacer frente al Covid-19 tramitado por el Ingesa y al que estaba adherido el Servicio Canario de la Salud».
No obstante, prosigue: «[…] durante los periodos indicados en el punto anterior fueron adjudicados los siguientes contratos de suministros a través de otros procedimientos de contratación». Uno de esos contratos fue la compra de un millón de mascarillas a Tanoja Services por un importe de 880.000 euros, esto es, a 0,88 euros la unidad, un precio 20 veces superior al que ofrecían otras empresas licitadoras dentro del convenio, como la toledana Prolimax Higiene Industrial, la licitadora con el precio por mascarilla quirúrgica más barato (0,032 euros por unidad); o la empresa Kaelis World (0,053 euros), la segunda empresa con el precio unitario más económico.
El caso de Madrid
En el caso de la Comunidad de Madrid, aunque sí acudió al Acuerdo Marco para adquirir material sanitario, lo hizo incumpliendo su procedimiento de contratación en la compra de millones de batas quirúrgicas de protección estándar (lote 1). El procedimiento de contratación, según los pliegos del megacontrato, indica que el órgano de contratación deberá acudir, en primer lugar, a la empresa más económica para adquirir el material. En el caso de que la empresa con el importe más barato no pueda abastecer con suficiente material por falta de estocaje o cualquier otra circunstancia se deberá acudir a la siguiente licitadora más económica; y cuando circunstancias especiales en un suministro concreto hagan necesario disponer de distintos suministradores, la administración deberá comprar como mínimo el 60% a la empresa con el precio más bajo seleccionada en el Acuerdo Marco.
Sin embargo, según se desprende de los informes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), la Comunidad de Madrid compró diez millones de batas (lote 1) a la empresa Iturri (la licitadora con el precio más bajo, 1,60 la unidad sin IVA), por un importe total de 16 millones de euros. Y 15 días antes (10 de junio de 2021) había adquirido 20 millones de mascarillas por 50 millones de euros a la empresa Garric Medica (2,5 euros la unidad sin IVA).
Garric Medica era la tercera empresa que ofrecía el precio más económico para el lote 1 (bata quirúrgica no estéril, desechable, prestación estándar). La licitadora Kaelis era la segunda con el precio más barato por este tipo de bata (1,94 sin IVA), sin embargo, según se desprende de los informes, no se acudió a ella ni se le hizo ninguna compra mediante el Acuerdo Marco. Una situación que contraviene lo estipulado en el megacontrato público, en el que se determina que nunca podrían haber comprado a Garric sin adjudicar primero a Kaelis. Como consecuencia, la Comunidad de Madrid pagó un sobrecoste de 11.200.000 euros por la adquisición de 20 millones de batas.