El mismo abogado del Estado defiende a García Ortiz y al alto cargo de Bolaños imputado

Todos los caminos conducen a José Ignacio Ocio. La Abogacía del Estado le ha confiado dos de los casos que cercan al Gobierno en los tribunales: el del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el del alto cargo del Ministerio de Justicia investigado por manipular el audio de un menor en sede judicial, Aitor Cubo. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE consideran «extraño» que la misma persona dirija a la vez dos causas tan importantes cuando existen más de 300 profesionales en activo en el órgano que se encarga de prestar asistencia jurídica a los empleados públicos y que está vinculado al departamento que lidera Félix Bolaños.

Ocio lleva apenas seis años en el Cuerpo (pertenece a la promoción de 2019), pero en ese tiempo ha conseguido hacerse un nombre en el órgano. Su primer destino fue Barcelona, pero desde hace un año ocupa un puesto en Madrid gracias a una convocatoria de libre asignación. Sus compañeros le consideran una persona «muy capacitada» que se ha ganado la confianza de Zaida Fernández Toro, jefa de Penal en la Abogacía del Estado.

De hecho, en las dos causas hay un denominador común: Fernández Toro fue la abogada del Estado que se arrogó la legitimidad de defender a los investigados. Por tanto, fue la primera persona que se encargó de velar por los intereses tanto de García Ortiz como del alto cargo de Bolaños imputado por la manipulación de un audio.

El subordinado de Bolaños

Se trata de la abogada de Estado que firmó la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa. También fue la encargada de purgar al abogado de Estado David Vilas por su intención de llegar a un acuerdo con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que solicitó un pacto de conformidad por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio.

Fernández Toro continúa representando a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, acusada de un delito de revelación de secretos en la causa que sigue el Tribunal Supremo contra García Ortiz desde octubre. En el caso del fiscal general, derivó su defensa a Ocio. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, que llegó a estar investigado, renunció a la defensa de la Abogacía del Estado y fichó al prestigioso penalista Cristóbal Martell.

Fiscales y abogados del Estado han criticado a García Ortiz por usar los servicios jurídicos del Estado en lugar de haber contratado un letrado particular. Consideran que está haciendo «un uso partidista» de la institución. La misma apreciación que realizan en el caso del alto cargo del departamento de Bolaños investigado por manipular el audio de un menor en un proceso de custodia de menores.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez de Valladolid en marzo de 2022. En el proceso actuó como fiscal el marido de Sofía Puente, número tres de Bolaños y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. Durante la instrucción se perdió el audio, prueba clave, que ha debido aportar de nuevo la Guardia Civil.

La querella de Sánchez

Ocio llegó al caso después de que se apartara Fernández Toro. La abogada del Estado que presentó la querella en nombre de Sánchez dirigió un escrito al juzgado el pasado 18 de septiembre donde aseguraba que había sido autorizada por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado a asumir la representación del subordinado de Bolaños. La letrada de la Administración de Justicia aceptó su personación cinco días más tarde.

La magistrada Susana Trujillano citó a declarar como investigado a Cubo el pasado 2 de octubre. A esa sesión ya no acudió Fernández Toro, que envió en su lugar a su subordinado. La juez decidió posponer el interrogatorio tras 20 minutos de tenso debate entre el fiscal, la acusación y Ocio sobre la legalidad de que la Abogacía del Estado se personara en nombre del subordinado de Bolaños.

La acusación recurrió la decisión de Trujillano. «La Abogacía del Estado no ha aportado documento o prueba alguna que acredite el cumplimiento de los requisitos legales previstos para admitir la personación de la Abogacía del Estado para asumir la representación y defensa de Aitor Cubo», afirmaba el recurso que presentó el 30 de septiembre. El texto insistía en que Fernández Toro se limitó a manifestar que había sido autorizada «por la Dirección del Servicio Jurídico».

Entres las alegaciones se incluían algunos precedentes, como la decisión del juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional de apartar a la Abogacía del Estado de la defensa del ex subsecretario de Estado de Transportes. El magistrado Ismael Moreno tomó la decisión porque no se aportó la autorización de la Dirección General de lo Contencioso para defender al investigado Jesús Manuel Gómez. El fiscal del caso llegó a advertir del choque de intereses en el que podrían incurrir los servicios jurídicos del Estado.

Recurso de la acusación

La acusación insistió en que la causa «no es consecuencia del legítimo desempeño de la función o cargo de Aitor Cubo». También aludió a la existencia de intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado y el subordinado de Bolaños. Ocio aportó el pasado 12 de febrero un escrito donde el director general de lo Contencioso de la Abogacía del Estado le autorizaba a defender al subordinado de Bolaños.

El audio del menor fue alterado con un «ruido rosa». «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula», señala un informe pericial realizado a petición de la acusación. Esta apunta a Cubo al entender que es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo». El alto cargo de Justicia tendrá que volver a declarar el 27 de mayo, después de alegar en la anterior ocasión que no tuvo acceso a la grabación y se encontraba en situación de indefensión.