Pumpido acelera con la amnistía: un grupo de trabajo tendrá listo un borrador en abril

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha pisado el acelerador para tener preparado el dictamen sobre la Ley de Amnistía en el mes de junio, según adelantan fuentes de la Corte de Garantías consultadas por THE OBJECTIVE. Para ello, Pumpido ha creado un grupo de trabajo al que ha encargado que tenga listo a finales de abril un borrador sobre la aplicación de la medida de gracia para los delitos de malversación. Fuentes del órgano revelan que el trabajo está «bastante avanzado» y que, previsiblemente, entregará sus resultados antes de Semana Santa, en la penúltima semana del mes. 

El equipo de trabajo está formado por el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, en calidad de coordinador de cinco letrados. Todos ellos están adscritos al grupo mayoritario progresista; de ellos, dos concretamente al propio Cándido Conde-Pumpido, uno a Juan Carlos Campo, otro a Inmaculada Montalbán y el último a Ramón Sáenz. Un grupo de máxima confianza para una cuestión de extrema sensibilidad a la que el presidente del Constitucional ha dado «máxima prioridad» y que genera grandes tensiones internas porque supondrá corregir nuevamente al Tribunal Supremo extralimitándose de sus funciones como garante de la Constitución, como ocurrió el año pasado con la corrección de la sentencia de los ERE.

El pronunciamiento anticipa un nuevo enfrentamiento entre el Alto Tribunal y la Corte de Garantías, que según fuentes jurídicas «no puede erigirse en un tribunal de casación del Supremo porque no es un órgano jurisdiccional». Por este motivo, ya es un secreto a voces en los círculos jurídicos que el Tribunal Supremo prevé iniciar un procedimiento contra Conde-Pumpido por prevaricación, no tanto por el pronunciamiento favorable a la amnistía como por su pretensión de bloquear las cuestiones prejudiciales sobre la sentencia del Tribunal Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según las fuentes internas consultadas, «Pumpido está inquieto desde hace tiempo, está acelerado, cerrado en su propia reflexión y en su propio grupo, y sin consensuar nada porque sabe que el ordenamiento comunitario es muy claro y no puede parar nada».  

El correo de Sanz ante la «vigilancia del Supremo»

Una situación de nerviosismo que está haciendo mella en la relación entre el Supremo y el Constitucional. Desde el Alto tribunal tomaron nota de la ausencia de Conde-Pumpido en la última toma de posesión de una veintena de magistrados del Supremo, entre ellos la de dos magistrados de Sala, pese a haber sido cursada su invitación. «No viene al Supremo desde la apertura del año judicial y no viene porque no sería bien recibido», aseguran.

En este clima, la espita saltó hace varias semanas, cuando la Sala de lo Penal del Supremo emitió dos autos en relación con las querellas de Hazte Oír contra los siete magistrados progresistas del TC por la corrección de la sentencia de los ERE de Andalucía, presentadas por los ponentes Andrés Palomo y Vicente Magro. Las dos querellas fueron rechazadas, pero la Sala de lo Penal del Supremo dejó claro que «los magistrados del Tribunal Constitucional no son inviolables y, si dictan una resolución injusta a sabiendas, pueden ser juzgados por prevaricación». Un auto que supuso «un shock», según fuentes del Constitucional consultadas por THE OBJECTIVE. Hasta el punto de que el magistrado Ramón Sáenz, afín a Podemos, envió un correo interno a todo el Tribunal sorprendido ante esos autos, instando a reaccionar de alguna manera porque se interpretó como una especie de «vigilancia del Supremo».  

Después de esto, «se han presentado varias querellas por prevaricación», según las mismas fuentes, que se interpretan a modo de «aviso de lo que está por venir». Una de ellas, la de Hazte Oir contra Cándido Conde-Pumpido por no haberse abstenido en el recurso de amparo del nombramiento de Dolores Delgado, ha motivado la petición de archivo de la Fiscalía General del Estado. Otra, la del PP contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por vetar enmiendas del Senado de forma unilateral, es la que «parece más clara porque no hay dudas de la competencia y de que la presidencia no puede alterar el contenido de una Ley. Es de libro», sentencian. Sin embargo, es Cándido Conde Pumpido el que está siendo monitorizado con lupa y quien está en la diana del Supremo, ante la previsión de que intente bloquear la duda jurídica ante el tribunal europeo.

Un movimiento crucial porque, en caso de ser admitido, supondría la aplicación de medidas cautelares y, en consecuencia, la paralización de la aplicación de la amnistía al expresident fugado Carles Puigdemont, que no podría retornar a España este verano, tal y como esperaba. El futuro de la legislatura depende exactamente de cómo se libre esta batalla judicial que anticipa un choque inédito entre el Constitucional y el Supremo.

El Constitucional y la amnistía

Y es que las primeras resoluciones llegarán en pleno verano. Según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE, el órgano rechazará el recurso del PP, así como las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los gobiernos autonómicos. Y esta decisión allanará el camino a Puigdemont para concederle también la amnistía por el delito de malversación. Las mismas fuentes aseguran que la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente de la sentencia de la impugnación del PP, ya tiene redactado el borrador que se debatirá en un Pleno con una mayoría de izquierdas.

El documento, explican, propone rechazar el recurso de los populares y, por ende, declarar acorde a la Constitución la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Montalbán es una persona de confianza de Conde-Pumpido, que la aupó como vicepresidenta, saltándose la regla no escrita que durante los últimos años se había respetado a rajatabla: un magistrado del sector mayoritario ocupa la presidencia y otro del grupo minoritario, la vicepresidencia. Esta magistrada, alineada con Cándido Conde-Pumpido, ha defendido a ultranza todas las tesis de su superior y, por ende, «su sentencia, en realidad, está siendo redactada por el criterio del presidente del TC», explican fuentes del tribunal a este periódico.

Como en un efecto dominó, al recurso planteado por el PP le seguirán las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fueron admitidas a trámite, pero que, según fuentes judiciales, tampoco se estimarán. La Sala Segunda del Alto tribunal llevó dicha ley ante el Constitucional al considerar que podría estar vulnerando «el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica» tras examinar el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, tras publicarse la sentencia del Supremo sobre la causa del procés, consistentes en el lanzamiento de piedras o trozos de piedra contra los Juzgados de dicha ciudad. Y, por último, se pronunciará sobre el recurso de amparo presentado por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles la ley de la amnistía al delito de malversación por el que actualmente están inhabilitados.