La Fiscalía investiga por primera vez las torturas del franquismo tras el portazo de los jueces
La finalidad de la nueva ley es garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas

El dictador Francisco Franco visita Sevilla en 1961 para acudir a una misa. | Europa Press
La Fiscalía responde al portazo de los jueces a investigar el franquismo. La delegación de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha abierto por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en la Ciudad Condal. El Ministerio Público sostiene que la Ley de Memoria Democrática le obliga a investigar estos casos, aunque la finalidad última no sea la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Fuentes del Ministerio Público explican a THE OBJECTIVE que las diligencias de investigación se incoaron como consecuencia de la denuncia interpuesta por una víctima. Según su versión, recibió malos tratos físicos y psíquicos durante su detención en febrero de 1977, en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el franquismo, que ya languidecía. El dictador Francisco Franco había muerto año y medio antes.
El decreto de incoación se fundamenta en la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de «realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos». Una obligación que se enmarca en el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 10.2 de la Constitución.
Reparar a las víctimas del franquismo
La Fiscalía analiza la concurrencia de los requisitos objetivos, temporales y contextuales que se exigen para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática: que se trate de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario; que los hechos se hayan producido con ocasión del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española.
Para que se consideren torturas del franquismo los actos tienen que haber sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos. En actuaciones anteriores, la Fiscalía ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso.
Las víctimas del franquismo llevan cuatro décadas reclamando sin éxito que los jueces investiguen las torturas. En septiembre, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó una querella presentada por Julio Pacheco, la primera persona que declaró por estos hechos ante un juez en España. Los agentes de la Dirección General de Seguridad lo detuvieron en agosto de 1975 acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.
La Audiencia Provincial de Barcelona también confirmó en octubre el archivo de una querella presentada por dos hermanos, Maribel y Josep Ferrándiz, que habían sufrido torturas en la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana en Barcelona. Los hechos ocurrieron en 1971, cuando el franquismo daba sus últimas bocanadas. La decisión llegó tres meses después de que un juzgado de instrucción archivara la causa con el argumento de que los hechos no podían juzgarse por estar amparados por la ley de amnistía de 1977.
Querellas archivadas
No son casos aislados. Las asociaciones memorialistas hablan de cientos de querellas archivadas. El juez que cerca a Begoña Gómez por cuatro delitos, también investiga un caso de torturas durante el franquismo. Juan Carlos Peinado admitió a trámite el pasado enero la querella que presentó Carlos Serrano, de 67 años, que acusa a cinco policías de crímenes contra la humanidad por las palizas que sufrió en 1975.
La víctima fue detenida ese año en dos ocasiones por la Brigada Político Social. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) recuerda que recientemente fueron admitidas otras dos querellas, una en Elda (Alicante) por el asesinato de Teófilo del Valle, y otra en Paterna (Valencia) por el de Fausto Viada. No obstante, advierte de la «impunidad» de estos crímenes, ya que más de un centenar de querellas que ha presentado el colectivo han sido archivadas.
Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, cuando apenas tenía 17 años. En ese momento estaba afiliado a la Liga Comunista y era un destacado activista universitario. Su oposición al franquismo le hizo dar con sus huesos a la Real Casa de Correos, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y actualmente sede de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se opone a que sea declarado Lugar de Memoria y ha llevado la intención del Gobierno central hasta el Tribunal Constitucional.
El franquismo convirtió Madrid en una inmensa cárcel. Con las instalaciones de La Modelo destruidas por la guerra y los reclusos hacinados en Porlier, el régimen decidió en 1940 levantar un nuevo penal en Carabanchel, ya derruido, y dedicar una veintena de edificios diseminados por la ciudad a centros de detención y tortura. El historiador Antonio Ortiz dedicó dos años en recopilar la información y ubicar esos lugares en un mapa. Desde entonces, solo un puñado han sido señalizados. Algo que no ocurre con la Real Casa de Correos, pese a las demandas de las víctimas y sus descendientes por poner una placa en su fachada.