La Policía se negó a investigar el 'caso David Sánchez' alegando que no tenía personal

La juez Beatriz Biedma abrió una causa contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, el 30 de mayo de 2024 por delitos contra la Administración pública, contra la Hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Tres semanas después de la apertura del caso, la juez ordenó las primeras diligencias necesarias para aclarar los hechos. Con el propósito de avanzar en la investigación, desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz se pusieron en contacto con la Brigada de Policía Judicial, entendiendo que esta unidad sería la competente debido a la ubicación de los supuestos delitos en la Diputación de Badajoz, con sede en la ciudad pacense, según fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE.

Desde la Brigada de Policía Judicial se transmitió esta solicitud a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura mediante una comunicación telefónica. No obstante, la respuesta que llegó desde la jefatura no fue la esperada. La comisaria principal, María Elisa Fariñas, transmitió al Juzgado que no contaban con el personal necesario para llevar a cabo dicha investigación, según fuentes policiales consultadas por este periódico. Este argumento de falta de personal fue recibido con sorpresa, ya que, en términos generales, la Brigada de Policía Judicial de Extremadura dispone de agentes suficientes para afrontar una investigación de estas características. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que la decisión de no seguir adelante con la investigación no fue una iniciativa de Fariñas, sino que obedeció a una orden que «llegó desde arriba», es decir, desde niveles superiores en la estructura policial.

Según estas mismas fuentes, la comisaria principal Elisa Fariñas no se encuentra alineada con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este detalle adquiere relevancia al considerar los antecedentes de Fariñas en la Policía. En 2023, con la jubilación del jefe de la División de Formación, Cirilo Durán, «muchos daban por hecho que Fariñas, quien había sido su mano derecha durante años, sería nombrada como su sucesora». Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sorprendió a todos al decidir promover a Javier Nogueroles, que en ese momento se encontraba desempeñando su labor como jefe superior de Ceuta, para ocupar el puesto. Este cambio de rumbo en la elección no pasó inadvertido, dado que muchos consideraban que Fariñas era la opción más lógica, por su experiencia y cercanía a la estructura interna de la Policía. Por ello, insisten en que «la decisión de no asumir la investigación no partió de Fariña, sino que vino de sus superiores».

«No hay personal»

El argumento esgrimido por la Policía para justificar la negativa a investigar el caso de David Sánchez fue la falta de personal disponible. No obstante, según datos confirmados por THE OBJECTIVE, la Brigada de Policía Judicial de Extremadura cuenta con un total de 73 agentes, dirigidos por un inspector jefe, ya que en esta unidad no hay comisarios. Esos efectivos se distribuyen de la siguiente manera: un agente en la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), otro en la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), 15 agentes en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), un jefe de análisis, un subinspector y 53 agentes dedicados a la investigación.

Fuentes de la Policía explican que, en caso de que los agentes de la Brigada de Badajoz hubiesen necesitado más apoyo, este les habría sido proporcionado desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Sin embargo, la UDEF, encargada de investigar casos de corrupción en España, ha quedado prácticamente neutralizada tras la llegada de Fernando Alonso al frente de la unidad en 2022, un nombramiento realizado por el ministro Marlaska con la finalidad de frenar las investigaciones que pudieran afectar al PSOE.

Desde su transformación, la UDEF no ha asumido ninguna de las grandes causas de corrupción que han salido a la luz en los últimos años, como la trama Koldo, que investiga la adjudicación de contratos durante la pandemia; el caso Begoña Gómez, relativo al presunto tráfico de influencias de la mujer del presidente; o la trama de los hidrocarburos en la que se investiga a Víctor de Aldama, entre otros. En la actualidad, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es la que se encarga de la investigación de estos y otros casos, trabajando intensamente en ellos.

Debido a la falta de recursos en la Policía, la magistrada Beatriz Biedma se vio obligada a tomar una decisión. En junio de 2024, ordenó que fuera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que asumiera la investigación del caso y encargara las primeras diligencias. La intervención de la UCO en esta causa subraya las dificultades que tiene la Policía Judicial en Extremadura para abordar investigaciones de gran envergadura, especialmente cuando están involucradas figuras cercanas al poder político.