La Audiencia Nacional investiga si el apagón fue un sabotaje informático
Calama abre diligencias por sabotaje en infraestructuras críticas, que puede encajar en un delito de terrorismo
Entrada de la Audiencia Nacional. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Audiencia Nacional va a investigar si el apagón fue producido por un sabotaje informático. El juez José Luis Calama ha abierto este martes diligencias previas para esclarecer si los problemas en la red eléctrica que afectaron este lunes a toda España pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas. En ese caso, encajaría en un delito de terrorismo recogido en el artículo 573 del Código Penal. El Gobierno ya analiza el posible origen de los cortes sin descartar ninguna posibilidad. No obstante, Red Eléctrica aleja la posibilidad de un ciberataque.
En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Calama acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Cristológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación la elaboración de sendos informes para que, en un plazo improrrogable de diez días, indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía que, en ese mismo plazo, presente un informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
El magistrado justifica la decisión en que el ciberterrorismo se encuentra entre las posibles causas que motivaron el apagón: «Por tanto, resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo». Calama explica que el incidente afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos».
Origen del apagón
El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional explica que conforme al artículo 573 del Código Penal, los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales para presionar a los poderes públicos.
En caso de subvertir el orden constitucional o desestabilizar las instituciones, la pena es de prisión de 15 a 25 años, mientras que alterar gravemente la paz pública se castiga con prisión de diez a 15 años. En la resolución, Calama también examina la legislación europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.
Calama recuerda que el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en Estados extranjeros. «Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016, ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica». El juez insiste en que «los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques».
El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita, en apenas cinco segundos, 15 gigavatios (GW) de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo. Un hecho que «no había ocurrido jamás». La caída del sistema eléctrico colapsó España este lunes a mediodía. Tras una noche intensa, a las 7 horas estaba restablecida el 99,9% de la demanda energética y se habían repuesto el 100% de las subestaciones de la red de transportes.
Pérdidas millonarias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este martes contra las eléctricas en su tercera comparecencia pública desde el apagón. Ha asegurado que se va a «exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados» tras el incidente eléctrico. El líder socialista también se ha comprometido a «llegar hasta el fondo de este asunto», adoptar las «medidas necesarias» y acometer las reformas oportunas para que «no vuelva a ocurrir».
Sánchez ha reconocido que el origen de la incidencia continúa siendo un misterio y que, de momento, no se descarta ninguna hipótesis. Durante la comparecencia ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica liderará una comisión de investigación para llegar «al fondo» de lo ocurrido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado que no detectó ningún fenómeno atmosférico anormal, mientras que Red Eléctrica ha descartado que el problema de abastecimiento eléctrico fuese provocado por un ciberataque.
Mientras se determinan las causas, el país recupera poco a poco la normalidad. Los trenes de larga y media distancia recuperan paulatinamente su actividad, aunque aún persisten problemas casi en buena parte de la red de cercanías. La situación en los aeropuertos españoles es de normalidad operativa.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, confía en que se puedan operar todos los vuelos de este martes y reubicar a los pasajeros afectados. Los empresarios cifran en más de 1.000 millones de euros las pérdidas, mientras que la asociación de autónomos ATA cuantifica en unos 1.300 millones solo las del colectivo.