La Audiencia Nacional cerrará la vía del ciberataque en el apagón por falta de indicios

La vía del ciberataque como causa del apagón que afectó a España este lunes será previsiblemente archivada en los próximos días. Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la investigación de oficio abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama carece de recorrido, al no existir indicios ni denuncia previa que sustente esta hipótesis. Red Eléctrica descarta que el corte eléctrico fuese provocado por un sabotaje informático, aunque el Gobierno mantiene abiertas todas las posibilidades.

Calama incoó este martes diligencias previas para investigar si el apagón se produjo tras un ciberataque. El juez ha decidido iniciar las pesquisas por tratarse de un incidente que ha afectado a infraestructuras críticas, como es la red eléctrica nacional. El detonante fue la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirmó que no se descartaba «ninguna hipótesis». La mención institucional forzó la apertura de una causa para dejar constancia formal de su análisis.

El magistrado ha requerido al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que, en un plazo improrrogable de diez días, indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Calama también ha solicitado a la Jefatura de Información de Policía que en ese mismo plazo presente un informe preliminar sobre los hechos.

Origen del apagón

La actuación judicial no parte de ninguna denuncia ni querella de la Fiscalía, ni tampoco de un informe técnico previo, como ocurrió en otros casos similares. En la causa de Pegasus, que también instruye Calama, el inicio de las pesquisas vino respaldado por un informe del Centro Criptológico Nacional y por una denuncia del Ministerio Público. En esta ocasión, ha sido el juez quien ha tomado la iniciativa solicitando la documentación preceptiva.

Fuentes jurídicas explican a este diario que el objetivo de ese movimiento es fundamentalmente dejar constancia de que se ha activado el cauce judicial para descartar de forma oficial la posibilidad de que un ciberataque originara el apagón. Al tratarse de una infraestructura crítica y existir una referencia pública por parte del Gobierno, el juez estaba obligado a judicializar el asunto de oficio. La previsión en sede judicial es que, una vez se reciba la documentación solicitada, se procederá al archivo por falta de fundamento.

Red Eléctrica descarta que al apagón haya sido fruto de un ciberataque. «No hay ningún tipo de intrusión en el sistema de control», explicó este martes Eduardo Prieto, director de Operaciones del operador del sistema eléctrico. En su análisis preliminar identificó dos desconexiones separadas por apenas unos segundos en el suroeste de la península. Sin embargo, el Gobierno mantiene abierta todas las vías, incluidas el sabotaje informático. «Ojalá no sea así y ojalá sean otras hipótesis», añadió Sánchez.

Calama señala en el auto que, aunque por el momento el origen del apagón es desconocido, el ciberterrorismo se encuentra entre las posibles causas. «Por tanto, resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo, previsto y penado en el artículo 573 del Código Penal». Según este precepto, los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea subvertir el orden constitucional, presionar a los poderes públicos o provocar terror en la población. Las penas oscilan entre los diez y los 25 años.

Delito de terrorismo

«Este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población», insiste Calama. El magistrado también alude al informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional, que afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en Estados extranjeros. «Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016, ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica».

El auto dictado este martes por Clama señala que «los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques». Para el juez, la amenaza a las estructuras críticas para causar colapso está «íntimamente relacionado con ello». El auto dictado este martes recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que se perdieron de forma súbita, en apenas cinco segundos, 15 gigavatios (GW) de la energía que se estaba produciendo.

Otros organismos, como el Centro Criptológico Nacional o el Mando Conjunto del Ciberespacio, tampoco han encontrado evidencias de un ciberataque. Los expertos sostienen que solo existen cuatro países con capacidad para realizar un sabotaje de tal calibre: Estados Unidos, Rusia, Israel y China. Lo más probable es que se deba a «una fluctuación excesiva de la tensión en la red provocada por la inestabilidad de las renovables». A eso hay que unir que tres de las siete centrales nucleares se encontraban sin actividad (Trillo, Alcaraz I y Cofrentes).

De momento no existe un informe público ni una versión definitiva sobre el origen del apagón. Sánchez anunció este martes que pedirá un informe independiente a Bruselas y que el Ministerio para la Transición Ecológica liderará una comisión de investigación para llegar «al fondo» de lo ocurrido. Esta contará con la aportación de organismos en materia de ciberseguridad. «Se van a hacer las reformas y tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a los operadores privados», insistió el presidente del Gobierno.

Revisión del modelo

El sector energético considera una combinación de fallos técnicos como la hipótesis más plausible del apagón. Esta línea de análisis, planteada por operadores del sistema y expertos en redes, sugiere que el colapso eléctrico se habría desencadenado por una oscilación en la red de alta tensión, posiblemente originada por una variación térmica o un desequilibrio súbito de generación.

Esa perturbación inicial habría provocado una caída brusca de la frecuencia eléctrica, lo que activó mecanismos automáticos de protección. En menos de cinco segundos, hasta 15 GW quedaron desconectados del sistema, provocando un fallo en cascada en buena parte del territorio peninsular. La recuperación se vio ralentizada por la coincidencia con el atardecer, cuando la generación solar disminuye drásticamente, y por la antigüedad de parte de la infraestructura.

La escasa interconexión con Europa (España apenas alcanza un 2% de capacidad de intercambio con países vecinos, lejos del 10% recomendado por la UE) también dificultó la importación de energía desde redes exteriores.

Esta debilidad estructural, unida a la creciente dependencia de fuentes renovables, refuerza la tesis técnica como la explicación más probable de lo ocurrido. El archivo de las diligencias, que se producirá en cuanto se recopilen las respuestas de los organismos oficiales, cerrará la hipótesis del ciberataque y dejará paso a una revisión más profunda del modelo energético y de la resiliencia del sistema eléctrico español.