La Guardia Civil entra en el Ayuntamiento de Valencia y pide contratos del exlíder de Vox
La UCO habría procedido a requerir documentación a la Intervención municipal y a la Fundación València Activa
El exlíder de Vox en Valencia Juan Manuel Badenas. | Jorge Gil (Europa Press)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de Valencia por orden de la Fiscalía Provincial, que ha incoado diligencias por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en torno a un contrato de patrocinio por valor de 14.500 euros más IVA adjudicado por Juanma Badenas, exlíder de Vox en el consistorio, a la empresa Imedes en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Esta actuación judicial no llega por sorpresa. El caso forma parte de un entramado más amplio de presuntas irregularidades que salpican la gestión de Badenas al frente de Valencia Activa, la fundación municipal para el fomento del empleo que dirigió durante más de un año. La investigación se produce en pleno terremoto político tras las revelaciones de finales de febrero THE OBJECTIVE, que desveló cómo el propio Badenas adjudicó contratos públicos a la empresa Imedes, vinculada al marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El caso más escandaloso es el de un contrato de 156.030 euros para una campaña de publicidad cuyo pliego fue redactado por la empresa beneficiaria, lo que evidenciaría un amaño deliberado.
Según los documentos a los que tuvo acceso THE OBJECTIVE, el marido de Bernabé, Javier Cebrián, redactó el pliego de condiciones en un documento Word fechado el 18 de junio y lo entregó en mano en el Ayuntamiento el día 21. Apenas unos días después, se formalizó el expediente y se lanzó una licitación exprés con plazos mínimos que favorecieron a Imedes, que resultó adjudicataria frente a una única competidora que apenas obtuvo 2,5 puntos frente a los 25 logrados por la empresa de Cebrián. El texto oficial incluía párrafos copiados literalmente del borrador elaborado por la consultora, desde los objetivos del contrato hasta los criterios de adjudicación.
Además, la situación se agravó por la revelación de otro audio filtrado, en el que Badenas planificaba desde dependencias municipales una estrategia de “espionaje industrial y profesional” contra el PP, el PSOE y Compromís. En la grabación, el dirigente de Vox pidió a sus colaboradores que bucearan en expedientes internos para recopilar información sensible con el fin de usarla como “munición política” en los plenos y en los medios. Incluso propuso camuflar una asistencia técnica como auditoría para pagar 15.000 euros a una persona externa que realizara un “barrido completo” de la fundación municipal.
Pese a la gravedad hechos, la dirección nacional de Vox optó hace varias semanas por reincorporar a Badenas y a la también concejal Cecilia Herrero al grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, en una maniobra que ha desconcertado a muchos dentro y fuera del partido. Ambos ediles fueron inicialmente expulsados del partido, ellos decididieron irse al grupo de los no adscritos, llegando a ser calificados de “tránsfugas” por sus propios compañeros, pero luego fueron rescatados con competencias menores tras un acuerdo entre Vox y la alcaldesa María José Catalá.
La alcaldesa Catalá ordenó recabar el expediente para que los servicios jurídicos informen sobre la legalidad del procedimiento. Dicho departamento aseguró que la licitación era normal sin poder recabar más datos sobre el proceso que habría precedido a su preparación.
El caso amenaza con fracturar la coalición que sostiene el gobierno municipal y expone al partido de Santiago Abascal a graves contradicciones: por un lado, se presenta como azote del clientelismo socialista; por otro, adjudica contratos públicos a una empresa ligada al PSOE mientras ordena purgas internas para blindar su poder político.
La entrada de la UCO en el consistorio podría ser solo el principio. Las investigaciones judiciales apuntan a una posible trama de manipulación de contratos públicos con fines partidistas, que involucra tanto a Vox como a personas próximas a la máxima representante en la Comunidad Valenciana del Gobierno central. El epicentro: la fundación pública Valencia Activa, que fue supuestamente usada como instrumento político y plataforma de adjudicaciones irregulares bajo la dirección de Juanma Badenas.