La Guardia Civil sospecha que Ábalos cobró sobresueldos mediante dietas ficticias
Transportes rechaza haberle ingresado dinero por ese concepto y dice que le atribuyó medio millón por error
El exministro de Transportes José Luis Ábalos. | Ilustración de Alejandra Svriz
Las dietas que presuntamente cobró José Luis Ábalos cuadruplicaron su salario como ministro. Al menos en 2018 y 2019. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por la supuesta contratación irregular de mascarillas durante la pandemia, ha requerido al Ministerio de Transportes que aclare el pago de 508.000 euros en dietas. Lo hace a instancias de la Guardia Civil, que sospecha que el exdirigente socialista disfrazó el cobro de sobresueldos mediante pluses ficticios. El departamento que ahora lidera Óscar Puente asegura que nunca ingresó esa cantidad al actual diputado del Grupo Mixto y que se debe a un error de interpretación de la normativa.
El magistrado solicitó este miércoles a Transportes que detallara el concepto, la fecha y la cuenta a la que fueron enviados los pagos efectuados a Ábalos en 2018 y 2019 bajo la denominación de «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que el exministro llegó a cobrar durante esos años importes de 156.440 y 351.992 euros respectivamente. La cantidad supone el 69% de los 736.796 euros que habría ingresado en total durante su paso por el Ministerio entre junio de 2018 y julio de 2021.
«Dichos ingresos no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias» de Ábalos, indica el auto al que ha accedido THE OBJECTIVE. Los investigadores creen por eso que el exministro pudo cobrar sobresueldos mediante dietas ficticias. Sin embargo, Transportes asegura que jamás realizó esos ingresos a su cuenta personal y que se debe a un error en la interpretación de las normas.
Los gastos de Ábalos
El magistrado busca comprobar la trazabilidad de los ingresos a Ábalos y si se han producido beneficios irregulares, como intuye la UCO. Los investigadores pusieron el foco en esta línea tras recibir el informe económico-financiero del exministro que hizo la Agencia Tributaria. La información destapó que contaba con nueve propiedades inmobiliarias, ninguna en el extranjero, aunque se le atribuyeron propiedades en Colombia y Perú. También se le asignaron varios vehículos y 265 cuentas bancarias, la mayoría vinculadas al PSOE, donde fue secretario de Organización entre junio de 2017 y julio de 2021.
El departamento que dirige Óscar Puente sostiene que ese medio millón que el informe atribuye a dietas abonadas a Ábalos en realidad está relacionado con gastos ocasionados por todos los componentes de la delegación que acompañaba al entonces ministro en sus viajes. De hecho, Transportes precisa que esas cantidades se abonaron en su mayor parte a la agencia de viajes que trabaja para el Ministerio. Esta se encarga de gestionar la emisión de billetes y los alojamientos.
«Dado que los viajes de los ministros se gestionan por el régimen de resarcimiento establecido en el artículo 8 del Real Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, la totalidad de los gastos ocasionados por todos los componentes de la delegación que acompaña al ministro en un viaje le son atribuidos. Por tanto, estos gastos aparecen ligados al nombre de Ábalos, pero, en realidad, reflejan el coste total de los viajes realizados en esos años», subrayó Transportes horas después de que el juez emitiera el auto reclamando información.
En el comunicado reconoce que hay otra parte que se abona en metálico en concepto de anticipo. Esas cantidades se justifican posteriormente con las facturas de los pagos realizados. Transportes insiste en que la caja pagadora central no hizo ninguna transferencia a las cuentas bancarias del exministro en 2018 ni en 2019. Los datos que recogió la Agencia Tributaria responderían a un error de interpretación en materia de IRPF que les llevó a pensar que el régimen de resarcimiento del ministro era equivalente al del resto de personal.
Un error de interpretación
«En ejercicios anteriores a 2018 y posteriores a 2019 no se incluyeron en la información remitida a la Agencia Tributaria los importes relativos a los gastos por los viajes de los altos cargos que viajan en régimen de resarcimiento, dado que atribuir el total del gasto a una única persona resulta erróneo (como parece acreditarse en este momento) y no es posible hacer un desglose individualizado del gasto porque el expediente de declaración de gastos es único para toda la delegación. Cabe señalar como ejemplo que no resulta posible atribuir individualmente gastos como las facturas de las comidas o las comisiones por cambio de moneda», destaca el departamento de Óscar Puente.
Transportes indica que remitirá al Supremo la información solicitada en el plazo de 15 días que ha otorgado el juez. No es la primera vez que debe enviarle datos relativos a Ábalos. El magistrado ya requirió detalles pormenorizados sobre los viajes oficiales que realizó junto a su expareja Jésica Rodríguez. El Ministerio reconoció que la joven acompañó al entonces ministro en 13 desplazamientos, aunque desconoce cómo se abonaron ocho de ellos.
La propia Jésica Rodríguez reconoció el pasado 27 de marzo, durante su declaración en el Supremo, que acompañó a Ábalos en una veintena de viajes oficiales, como adelantó este diario. «No les sé decir un número exacto, no sé si hice 15 o 20. Le mentiría si lo dijese», especificó la joven. A continuación, reconoció que entre los destinos se encontraban ciudades como Londres, Moscú y Abu Dabi.
La investigación económica sobre Ábalos se originó gracias al informe que el juez requirió a la Agencia Tributaria a instancias de la UCO. El exministro recurrió el mandamiento judicial al considerar que estaba siendo objeto de una «investigación prospectiva» y solicitó al magistrado que limitara el tiempo de las pesquisas, ya que los hechos por los que está imputado «no se remontan más allá de 2019» y se circunscriben «exclusivamente al caso de las mascarillas».
El Supremo desestimó el recurso a principios de abril al considerar que los hechos que se le atribuyen consisten en haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer, prevaliéndose de su condición de ministro, la concertación de determinados contratos con la Administración pública o institucional.