La 'ley trans' tendrá que ser rebajada en el TC tras quedarse sin apoyos Juan Carlos Campo
El rechazo a la ponencia del exministro socialista supone que la norma será moderada en sus puntos más polémicos
Los magistrados del TC Juan Carlos Campo (autor de la ponencia), Segoviano, Arnaldo, Balaguer y Montalbán. | Europa Press
La ley trans será rebajada. Esta semana, la ponencia elaborada por el exministro socialista Juan Carlos Campo, que proponía validar la norma en lo esencial con objeciones menores, ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, que ha pospuesto sine die el fallo. Esto abre la puerta a una nueva ponencia que modere aún más los excesos de la polémica norma impulsada en su día por Irene Montero, y que ha supuesto la inseguridad jurídica de muchas mujeres.
Estaba previsto que el Pleno del TC analizara esta semana el recurso del Partido Popular (PP) contra varios artículos de la ley trans a partir del borrador presentado por Campo, que participó en la elaboración de la norma en su etapa al frente del gabinete de Justicia. Sin embargo, las profundas discrepancias internas, entre las que han destacado las voces críticas de las magistradas progresistas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, han llevado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a transformar el debate en una «primera aproximación» sin votación.
Campo defendió su ponencia sin modificaciones, aunque expresó su disposición a escuchar al resto de magistrados. La oposición del bloque conservador fue clara, pero también la hubo en parte del bloque progresista. Tras el debate, Campo se ha comprometido a redactar un nuevo texto que recoja el sentir mayoritario y ha invitado a sus colegas a enviarle sugerencias por escrito. Conde-Pumpido ha anunciado que el asunto se retomará en futuros plenos, sin concretar fecha.
Las feministas, en contra
El borrador de Campo contaba con la oposición frontal del movimiento feminista, que considera que el exministro socialista «no es la persona adecuada para elaborar la ponencia que se someterá a debate». La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres remitió cartas esta semana a los miembros de la corte de garantías alertando de que «el ponente queda contaminado desde el momento en que ha de realizar un pronunciamiento sobre una ley en la que él participó de manera activa siendo ministro de Justicia durante el proceso de negociación de la misma».
Las feministas clásicas piden al TC que se inspire en el reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que dice que «las protecciones brindadas a las mujeres en nuestro ordenamiento jurídico solo tienen sentido si la categoría sexo se entiende en un sentido estrictamente biológico». «Cualquier otra interpretación invalidaría las garantías de protección a las víctimas de violencia machista, el derecho de las mujeres a espacios seguros y a categorías deportivas diferenciadas en base al sexo, la fiabilidad de los datos estadísticos, el deber de paridad en instituciones y listas electorales y otros aspectos de similar relevancia».
Confluencia Movimiento Feminista, otra asociación mayoritaria, va un paso más allá y pide su derogación íntegra por «tratarse de una ley inconstitucional que atenta contra los principios básicos de igualdad que establece la Constitución Española, norma suprema de nuestro Estado de derecho, y la derogación, así mismo, de todas las leyes, normativas y protocolos autonómicos que niegan la existencia del sexo como realidad material y redundan, por ello, en la desprotección de las mujeres y las niñas».
Polémicas de la ley
Desde que entró en vigor la ley trans, los cambios de sexo se han disparado en España: un total de 10.670 personas modificaron su sexo en el Registro Civil entre 2023 y 2024. Concretamente, 5.139 lo hicieron el primer año y 5.531 lo hicieron en el segundo. Además, la norma está siendo utilizaba mayoritariamente por hombres. En el año 2023, los cambios de sexo de hombre a mujer fueron 3.149, frente a los 1.990 cambios de mujer a hombre. En 2024, la tendencia fue incluso a más: 3.491 personas cambiaron de sexo de hombre a mujer y 2.040 a la inversa.
Muchos de estos varones que se cambian de sexo registral lo están haciendo con fines espurios, como se demuestra que se hayan detectado casos de maltratadores que, sirviéndose de la norma de Irene Montero, han esquivado la Ley Integral de Violencia de Género, se han beneficiado en determinadas pruebas físicas para presentarse a oposiciones de policía o bombero o han obtenido puestos femeninos en listas electorales paritarias, entre otras circunstancias. Una realidad que las impulsoras de la norma negaron que se fuera a producir, tildando de «bulos tránsfobos» las advertencias de los expertos.