Correos rechaza investigar el fraude electoral en el voto postal a favor del PSOE

La empresa pública Correos ha optado por mirar hacia otro lado. Pese a que la Guardia Civil investiga un presunto fraude electoral en el voto por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales de 2019, la compañía, dirigida actualmente por el socialista Pedro Saura, no se ha personado en la causa. Los agentes han detectado indicios claros de irregularidades en la oficina de Correos de Albaida del Aljarafe, una pequeña localidad sevillana convertida ahora en símbolo de una práctica que podría haberse replicado en otros puntos de España.

Los hechos investigados se remontan a hace seis años, pero la instrucción sigue abierta. Durante este tiempo, los investigadores han logrado identificar cerca de un centenar de votos presuntamente fraudulentos, tramitados sin el conocimiento ni la autorización de los ciudadanos afectados. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, varios trabajadores de la propia empresa pública prometieron en su día personarse en el procedimiento judicial si se llegaba a demostrar una sola irregularidad. Hoy, con decenas de casos documentados, ninguno de ellos ha cumplido su palabra, pese a que la juez investiga a un par de trabajadores de la compañía.

Las excusas no han tardado en llegar. Uno de los antiguos responsables de la oficina alegó estar jubilado; otro, según fuentes próximas a la investigación, ha sido ascendido y ha declinado involucrarse. Todo mientras la presidencia de Correos recae en Pedro Saura, ex secretario de Estado con José Luis Ábalos y expresidente de Paradores, donde el exministro organizaba encuentros en plena pandemia.

La Guardia Civil, por su parte, detalla en un informe remitido al juzgado que «podrían haberse producido algunas irregularidades en la oficina de Correos de Albaida del Aljarafe en la tramitación de solicitudes de voto», señalando que dos testigos han declarado «no haber tramitado personalmente la documentación necesaria para ello». Correos, en lugar de aclarar los hechos, ha preferido guardar silencio.

Uno de los testigos es un vecino de la localidad que declaró ante la Guardia Civil. Según explicó, no necesitó acudir a ninguna oficina. Solo tuvo que entregar su DNI y firmar unos papeles. «Me ofrecieron un contrato de un mes en el Ayuntamiento a cambio de firmar el impreso del voto por correo a favor del PSOE», afirmó sin rodeos. Añadió que nunca ejerció personalmente su derecho al voto y que todo el trámite lo gestionó un tercero, que le devolvió el documento de identidad dos días después. El contrato prometido nunca llegó a materializarse. Según su versión, le pidieron paciencia: «Tenía que esperar a que se liberara un hueco», le dijeron. Finalmente, encontró trabajo por su cuenta.

En otro caso, una anciana reconoció que fue su hija quien votó por ella «porque no podía» desplazarse. Aunque insistió en que fue un voto «voluntario», los agentes comprobaron que se incumplió el protocolo legal: no hubo comparecencia personal en la oficina de Correos, ni exhibición del DNI original. La anciana nunca firmó ninguna autorización.

Se identifican múltiples situaciones en las que se incumplieron estos requisitos: personas que no acudieron a Correos, pero cuyo voto fue tramitado; documentos entregados en mano a terceros y papeletas enviadas sin que el titular participara directamente en el proceso. Se ha incumplido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que exige que el voto postal se solicite de forma presencial ante un empleado de Correos, con verificación del DNI original. No se permiten intermediarios, salvo con poderes notariales.

«Yo nunca voto»

De hecho, las presuntas irregularidades van más allá. Un ciudadano ni siquiera sabía que habían votado por él. Se enteró cuando la juez le llamó a declarar. En su declaración en calidad de testigo, a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, este ciudadano aseguró ante la juez que jamás emitió su voto en dichos comicios y que la firma que figura en la solicitud de voto postal atribuida a él no le pertenece. «Yo no voto nunca», afirmó durante su interrogatorio.

El testigo, que compareció visiblemente sorprendido, reiteró que no solo no participó en las elecciones del 26 de mayo de 2019, sino que en general nunca ha ejercido su derecho al voto. La juez, tras recordarle su obligación de decir la verdad, le preguntó si había participado en los comicios de aquella fecha. El hombre respondió de forma tajante: «No». Ante la insistencia de la magistrada, que le inquirió sobre la posibilidad de haber solicitado el voto por correo, reiteró: «Nada, yo no he firmado nada».

Durante la declaración se le mostró un documento que contenía una solicitud de certificado de voto por correo supuestamente firmada por él. El testigo negó de manera rotunda que aquella firma fuera suya: «Eso no es mío». Algo que la instructora corroboró al comparar el documento exhibido con la firma que aparece en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Añadió que ni siquiera la caligrafía del escrito coincidía con la suya.

Estos hechos no se circunscriben a un caso aislado en un pequeño municipio andaluz; los investigadores apuntan a «un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en otros puntos de la geografía española», según fuentes consultadas por este periódico. Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real son algunos de los territorios en los que también se han abierto diligencias por hechos similares.

En muchas de estas localidades, el patrón era el mismo: electores vulnerables o dependientes, firmas falsificadas, promesas de contratos públicos y funcionarios locales implicados en la tramitación irregular de los votos. En todos los escenarios, el denominador común es la inacción de Correos. La empresa pública, pilar fundamental en la cadena de custodia del voto postal, no ha adoptado medidas para aclarar lo sucedido ni ha iniciado auditorías internas en las oficinas señaladas por la Guardia Civil. Tampoco ha mostrado intención de colaborar con la Justicia más allá de los requerimientos estrictamente obligatorios. Según fuentes jurídicas, esta actitud pasiva podría interpretarse como una forma de encubrimiento institucional, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las prácticas descritas vulneran de forma directa lo dispuesto por la Ley Electoral.

Mientras tanto, en Albaida del Aljarafe, el pequeño municipio sevillano en el que comenzó esta investigación, muchos vecinos siguen esperando respuestas. «Nos dijeron que investigarían, que esto no se podía permitir», lamenta uno de los denunciantes. «Pero Correos sigue callado. Y el PSOE también». Por ahora, los únicos que parecen hablar son los papeles: las firmas que no coinciden y los votos que llegaron por correo… sin que nadie los hubiera enviado.