Denuncian a los presidentes de Renfe y ADIF por «imprudencia grave» en el caos del AVE
Manos Limpias sostiene que la falta de seguridad causó daños materiales y perjuicios económicos a 10.000 viajeros
Los presidentes de ADIF y de Renfe, Luis Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia. | Ilustración de Alejandra Svriz
El caos que afectó a la circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla a principios de semana llega a los tribunales. Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco, presidentes de Renfe y ADIF respectivamente. Les atribuye un presunto delito de imprudencia grave «con resultado de daños materiales al servicio público y perjuicios económicos» para más de 10.000 viajeros que padecieron la falta de seguridad en la línea férrea tras el robo de cobre en cinco tramos de cableado en la provincia de Toledo el pasado domingo. El Gobierno ha deslizado la hipótesis del sabotaje, aunque la investigación policial lo descarta.
El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se ha registrado en los juzgados de instrucción de la capital y pide que se abran diligencias penales. La denuncia también va dirigida contra María Esther Mateo, directora general de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de ADIF, y Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias, ente público adscrito al Ministerio de Transportes. Renfe no pudo restablecer con normalidad las conexiones de AVE entre Madrid y Sevilla hasta el mediodía del lunes.
Manos Limpias alude al artículo 267 del Código Penal, que establece que los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros pueden ser castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia del estropicio. Los abogados consultados señalan que la denuncia tendrá que incluir las quejas de algunos afectados por las cancelaciones de Renfe, ya que dichas infracciones «solo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».
La seguridad de Renfe
La organización que lidera Miguel Bernad explica a este diario que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene una responsabilidad política, pero «que también existe una responsabilidad técnica que deben asumir los dirigentes de Renfe y ADIF». La denuncia relata lo acontecido el pasado domingo, cuando, «en plena operación del puente del 1 de mayo, una incidencia en la línea del AVE Madrid-Sevilla dejó a más de 10.000 pasajeros abandonados a su suerte».
«Niños, ancianos y discapacitados encerrados, unos en los trenes y otros retenidos en las estaciones de Atocha y Santa Justa, durmiendo tirados en los vestíbulos», subraya la denuncia. Manos Limpias insiste que, durante horas, los afectados no tuvieron atención, alimentos ni hubo nadie que les diera explicaciones «produciéndose situaciones de ansiedad que motivaron la necesidad de asistencia médica». Renfe reservó el domingo 220 habitaciones de hotel para los viajeros afectados y habilitó salas con comida, bebida y mantas.
La organización de Bernad destaca que la zona en la que se produjo el robo de cable «carece de seguridad para garantizar la red ferroviaria». El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se mostró partidario de reforzar la vigilancia durante una entrevista con la Cadena Ser el lunes. «Tenemos una amplia red de 15.000 kilómetros. Precisamente la alta velocidad está vallada. Sí, hay que reforzar la vigilancia, pero no va a existir una vigilancia 24 horas», explicó. El responsable de la empresa pública desde el pasado enero se manifestó en la misma línea que Puente respecto a la hipótesis del sabotaje con la sustracción del cableado.
«No son cables de gran preso, tienen poco valor económico (unos mil euros, según los investigadores). No parece una situación muy lógica. ¿Por qué se hace algo así? Esto lo tienen que investigar ADIF y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», insistió el presidente de Renfe. La Guardia Civil ha comenzado ya la investigación, aunque descarta la hipótesis del sabotaje. Las pesquisas preliminares señalan que el robo de cobre que se produjo en cinco tramos de cableado en Toledo no responde a una acción coordinada con fines políticos o ideológicos, como había deslizado Transportes.
La hipótesis del sabotaje
Las fuentes consultadas afirman que lo ocurrido el domingo es un delito común perpetrado por bandas criminales «que operan habitualmente en la zona». Lejos de un acto de sabotaje orquestado, los hechos parecen enmarcarse dentro de una dinámica delictiva ya conocida por las autoridades, que están sobre la pista de varias personas con antecedentes en este tipo de acciones. De momento, no han identificado a los responsables. Los agentes descartan que se trate de un atentado contra la infraestructura pública y lo enmarcan en una operación planeada para obtener un beneficio económico rápido con la venta del metal sustraído.
Manos Limpias hace especial hincapié en que tanto Renfe como ADIF conocían el incidente a las 18.10 horas del domingo «y aun así se dejó que los trenes circularan». La organización que lidera Bernad sostiene que la red ferroviaria es «un servicio público esencial» para millones de españoles que «utilizan ese medio de transporte, vital para el trabajo, para asuntos propios y para vacaciones».
«Un servicio público tan esencial debe estar dotado, al menos, de un protocolo de seguridad con objeto de un buen funcionamiento. Ese protocolo de seguridad no ha funcionado en el caso que nos ocupa, pues ha permitido el robo de cobre que ha originado un caos que ha afectado no solamente a más de 10.000 pasajeros, sino que también ha producido una imagen de un país tercermundista», subraya la denuncia.
Las primeras pesquisas de la Guardia Civil despejan casi por completo la tesis de sabotaje porque la operativa empleada por los autores coincide con la utilizada comúnmente por las bandas que actúan en la red ferroviaria. El hecho de que se extrajese el cobre del cableado apuntala esa hipótesis, habida cuenta de la especialización y el riesgo que conlleva la sustracción del material. Los agentes indican que, si se tratase de un boicot, los criminales habrían cortado el cableado o provocado cualquier otro tipo de incidente en las vías, pero no habrían sustraído 150 metros de cobre en cinco puntos distintos de la región manchega.
Aumenta el robo de cobre
En otra entrevista, esta en TVE, el presidente del Renfe se refirió el pasado lunes al nivel de «sofisticación» del robo del cable. Para Fernández Heredia, «la acción estaba organizada (…) No cualquier grupo es capaz de hacerlo». Los datos le dejan en evidencia. Las fuerzas de seguridad registraron en 2024 un total de 4.333 robos de cableado de cobre y materiales conductores, lo que supuso un incremento del 87% si se compara con los delitos por este tipo de sustracciones de cinco años atrás.
El año pasado año hubo 978 detenidos e investigados por estos hechos, el doble que los que se anotaron en 2019. Castilla-La Mancha, con 799 hechos denunciados, fue la región con más casos conocidos por Policía y Guardia Civil, seguida de Andalucía, con 745, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.