La fiscal del 'procés' asegura que Puigdemont «no puede venir a España sin ser detenido»

La ex fiscal general del Estado y fiscal del procés, Consuelo Madrigal, ha asegurado este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención por el referéndum ilegal del 1-O, “no puede venir sin ser detenido”, incluso si el Tribunal Constitucional (TC) valida la ley de amnistía.

“Ahora mismo tiene unas órdenes de detención y (…) no puede venir sin ser detenido y puesto a disposición del tribunal, cuya acción ha eludido. Esto es así”, ha afirmado durante un coloquio organizado por Artículo 14. No obstante, ha precisado que será el Tribunal Supremo quien decida posteriormente cómo proceder.

Confianza en el Constitucional, pero con críticas

Interrogada sobre el futuro de la ley de amnistía en el TC, Madrigal ha expresado su confianza en que la corte actúe como garante de la constitucionalidad de las leyes, aunque ha lamentado la dinámica de votaciones divididas en el tribunal en los últimos años. Según datos de la Fundación Hay Derecho, en 2022 el 8,9% de la actividad del Constitucional se resolvió por bloques de siete a cuatro, representando el 100% de los asuntos de relevancia política, mientras que en 2023 la cifra subió al 29%. “Las cifras hablan por sí mismas”, ha destacado.

Además, ha reprochado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que no haya propiciado el debate interno suficiente. “A mí me parece extraño. Creo que debe debatir más”, ha comentado, añadiendo que espera que la resolución sobre la amnistía sea por unanimidad o, al menos, una mayoría amplia. Según ha señalado, “el caso demanda ese consenso, que no es un consenso, sino un enjuiciamiento crítico y constitucional de una ley que tanto ha dividido a la sociedad española, pero no a la comunidad jurídica, que es prácticamente unánime en su rechazo”.

Alerta sobre la crisis de la separación de poderes

Madrigal también ha advertido que la separación de poderes atraviesa un “momento crítico” por las críticas desde el Gobierno y sectores políticos a jueces y fiscales. “Por varias razones, sí”, ha respondido al ser preguntada al respecto, advirtiendo de que este contexto erosiona la confianza ciudadana en la Justicia. Según ha remarcado, “las resoluciones judiciales se combaten por la vía de los recursos, por la crítica jurídica y con prudencia cuando se ostentan cargos públicos”, mientras que las descalificaciones políticas desbordan “las líneas prudenciales” y minan el respeto institucional.

Respecto a las acusaciones de ‘lawfare’ por parte de algunos dirigentes políticos, la fiscal ha calificado estas alegaciones de “políticamente populistas” y de ser una “estrategia defensiva mala”.

Reclama la dimisión del fiscal general del Estado

Por otro lado, Madrigal ha insistido en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería haber dimitido tras ser encausado por el Supremo por presunta revelación de secretos en relación al caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, continuar en el cargo “es un error” que “debilita enormemente” a la institución, afectando a su “legitimación ante la opinión pública”.

También ha criticado la creación por parte de García Ortiz de una nueva unidad especializada para delitos contra la administración pública, considerando que ya existe la Fiscalía Anticorrupción para esas funciones. “Se debe a un deseo de mayor control” sobre estos delitos, ha concluido.