Ábalos evita denunciar la filtración de mensajes con Sánchez pese a declarar la guerra a la UCO

José Luis Ábalos no denunciará la filtración de los mensajes que se cruzó con Pedro Sánchez. Los whatsapps desvelan críticas del presidente del Gobierno a barones socialistas, a Pablo Iglesias y a miembros de su equipo, como Margarita Robles. Esa decisión contrasta con la estrategia que ha seguido hasta ahora el exministro de Transportes, que declaró la guerra a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por «interceptar correspondencia privada», vulnerar sus derechos al interceptar una llamada telefónica con su asesor sin que estuviese investigado y por «injerencias» en su vida privada y la de su entorno.

Los mensajes publicados por El Mundo pertenecen a la época en la que Ábalos era el titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Sánchez llega a acusar de «hipócritas» y «petardos» a líderes regionales socialistas como Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara por su actitud crítica con el Gobierno. El entorno del exministro señala a THE OBJECTIVE que descarta por el momento actuar, aunque previamente denunció en varias ocasiones las investigaciones de la UCO y sus presuntas filtraciones.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha avanzado que se impulsarán acciones legales si un juzgado no abre una investigación en un «plazo razonable». «Es un material que nunca tenía que haber visto la luz», ha lamentado la vicepresidenta María Jesús Montero. Con esa insinuación ha apuntado directamente a la UCO, aunque la portavoz socialista, Ester Peña, asegura que no se señala a ninguna institución. La sensación más extendida en el PSOE es que detrás de las filtraciones se encuentra el propio Ábalos.

Los dispositivos de Ábalos

Moncloa intenta no dar pábulo a esa hipótesis que conllevaría una confrontación con el exministro. Prefieren pensar en que se trata de un fallo en la cadena de custodia judicial. En una conversación con El Independiente, Ábalos asegura estar «muy enfadado» con la repercusión que han tenido los mensajes en el Gobierno cuando él lleva «17 meses aguantando filtraciones» de su intimidad sin que se hayan tomado medidas al respecto. «Ahora son otros los que están nerviosos».

Ábalos asegura que los mensajes pertenecen a su etapa de secretario de Organización del PSOE. Las conversaciones se encuentran en dos discos duros que tenía en su poder su asesor ministerial. Como avanzó este diario, los dispositivos contienen material sensible sobre Sánchez. La UCO se incautó de ellos cuando detuvo a Koldo García en febrero del año pasado. El exministro asegura que los había dado por perdido en una mudanza. Incluso discutió con personas de su círculo creyendo que se lo habían sustraído. Se enteró por su otrora hombre de confianza de que era él quien los custodiaba.

Los dirigentes del PSOE consultados apuntan en privado al propio Ábalos. Les extraña que evite denunciar esta filtración cuando hasta ahora ha mantenido una actitud muy crítica con los investigadores, a los que llegó a denunciar en varias ocasiones. Consideran que trata de presionar al Gobierno para llegar a un acuerdo político. Otros sospechan que busca «una excusa para anular la causa» por la que está siendo investigado en el Tribunal Supremo. El exministro ya aludió a «injerencias» en sus derechos fundamentales para preparar el terreno hacia el Constitucional.

El pasado diciembre, días después de su primera declaración ante el Supremo, entonces voluntaria, anunció que había presentado una denuncia contra la UCO por haber «interceptado una comunicación personal» cuando aún no estaba oficialmente investigado. Como diputado está aforado, y el Congreso debe aceptar el suplicatorio a petición del juez, algo que sucedió a finales de enero. También se quejó de que los agentes hubiesen intervenido sus conversaciones privadas.

La conversación con Koldo

La realidad es que la UCO tenía pinchado el teléfono de su asesor, lo que le permitió captar una conversación clave con Ábalos. La charla reveló que Koldo García se comprometía a enviarle una documentación que previamente había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. La información se trasladaría a través de Joseba García, hermano del hombre de confianza del exministro. Para ello se establecería una cadena de entrega.

Joseba García viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023. La entrega estaba prevista en el domicilio del exministro. Sin embargo, durante el trayecto, la Guardia Civil interceptó la furgoneta en la que viajaba. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera el nombre de «José Luis Ábalos Meco». Según denunció el actual diputado del Grupo Mixto, estaba cerrado y tenía el sello oficial del Ministerio de Transportes.

Ábalos aseguró que los agentes abrieron el sobre y fotografiaron su contenido, extremo que descarta el atestado policial. Entre la documentación se encontraba una resolución de Transparencia sobre las mascarillas que compró Transportes al inicio de la pandemia, informes técnicos y la identificación de los responsables de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. También se encontraba un informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos.

El 4 de febrero, el juez que investiga a Ábalos en el Supremo dictó un auto en el que designaba a la UCO como policía judicial del caso Koldo. Entre otras cosas, el magistrado le requirió un informe sobre la situación económica y patrimonial del exministro y de su hijo. El actual diputado del Grupo Mixto recurrió el auto al considerar que había denunciado a esa unidad de la Guardia Civil por vulneración de sus derechos fundamentales y revelación de secretos. En su opinión, se habría «extralimitado» en sus funciones.

La propiedad de Colombia

La batalla comenzó en julio, cuando Ábalos reclamó a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno, entre ellas su antigua pareja sentimental, Jésica Rodríguez. El exdirigente socialista, que entonces no estaba imputado, alegó que estaba sufriendo una investigación prospectiva. Incluso planteó que un juzgado madrileño citara a los agentes que habían realizado los informes incluidos en el sumario del caso Koldo.

El exministro recrudeció su cruzada contra la UCO el pasado marzo. Aprovechó para poner a los investigadores en entredicho después de que estos rectificaran un informe que atribuía a Ábalos una propiedad en Colombia cifrada en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros), cuando en realidad se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros. El diputado del Grupo Mixto insinuó ser víctima de una persecución, aunque el Supremo ha rechazado que sea víctima de una investigación prospectiva.